El cierre de la campaña ¡No más Desalojos en Guatemala! se realizará el 20 de noviembre en la ciudad de Guatemala a través de un foro y una conferencia de prensa.
Las organizaciones campesinas e indígenas impulsoras harán un balance sobre el estado de implementación del Acuerdo Agrario y destacarán las medidas urgentes que se deben tomar.
A través de esta iniciativa se denunciaron las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas debido a los desalojos forzosos, exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el marco del Acuerdo Agrario. Además, se destacó la falta de acceso seguro a la tierra y se abogó por la creación de una institucionalidad agraria capaz de abordar de manera efectiva los conflictos agrarios en el país.
A lo largo de la campaña, y a pesar del Acuerdo, varias personas defensoras de la tierra han sido atacadas, y numerosas comunidades han continuado enfrentando intentos de desalojo.
Entre ellas se encuentran las comunidades Canasec, Lajeb Kej y Río Cristalino en Alta Verapaz, y Dos Fuentes en Baja Verapaz, cuyos casos fueron visibilizados durante la campaña en un reportaje multimedia.
Integrantes de la Comunidad Canasec, en Alta Verapaz
Como antesala al evento de cierre, conversamos con Neydi Juracán Morales y Omar Jerónimo, representantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y la Asociación Indígena Campesina Chortí Nuevo Día respectivamente, líderes sociales que hoy integran el consejo directivo del FONTIERRAS como representantes de los sectores campesinas e indígenas. Hablamos sobre la reestructuración de esta institución, los avances y los retos pendientes en la implementación del Acuerdo, así como las propuestas para mejorar el acceso a la tierra, entre otros temas clave.
En líneas generales, ¿cómo evalúan el estado de implementación del Acuerdo Agrario?
Neydi Juracán: Desde el CCDA y las bases campesinas en los territorios hemos estado monitoreando continuamente la implementación del Acuerdo Agrario, particularmente durante los primeros 100 días desde su firma. Aunque hemos observado una apertura al diálogo por parte del equipo técnico y el ejecutivo del gobierno, los desalojos continúan, especialmente los extrajudiciales, que son una grave violación a los derechos humanos. La criminalización de las familias campesinas también ha aumentado, con más de 3,500 órdenes de captura activas hasta la fecha. Vemos que no se ha resuelto ninguno de los casos en favor de las comunidades, y la voluntad política para abordar estos temas sigue siendo insuficiente. En muchos casos, el mismo Estado ha demandado a las comunidades.
En cuanto a los desalojos, ¿cómo se ha avanzado en atender la problemática y en qué aspectos se requiere acción urgente?
NJ: Hay avances en la información sobre los casos que se han priorizado, pero esto solo ha permitido aplazar las órdenes de desalojos sin que se resuelvan los casos. Las comunidades desplazadas siguen enfrentando una grave crisis humanitaria, sin acceso a alimentación, albergue, salud ni educación. A esta situación se suman los hechos de violencia, como el asesinato de siete compañeros y el encarcelamiento de 18 en los últimos meses. Además, la criminalización ha afectado principalmente a los dirigentes comunitarios. La situación exige una respuesta urgente y un cambio en la forma de abordar los derechos humanos y agrarios de las comunidades, especialmente en lo que respecta a los desalojos.
Respecto al Mecanismo de Atención a la Crisis (MAC), ¿en qué consiste y por qué es importante? ¿Cuál es su estado actual de implementación?
NJ: El CCDA propone que el MAC incluya medidas concretas para evitar las crisis y la conflictividad que enfrentan las comunidades. Entre nuestras recomendaciones está la emisión de informes oficiales sobre el avance de cada caso en la mesa de diálogo y la atención urgente a los derechos humanos de las comunidades desplazadas, incluso mediante la provisión de asentamientos temporales en fincas nacionales. También planteamos que el MAC permita un acceso más rápido y directo a la tierra para las comunidades en alto riesgo de desalojo, sin los trámites burocráticos que actualmente retrasan estos procesos. Aunque se han acordado los contenidos del MAC entre las organizaciones y el gobierno, aún no se ha emitido el acuerdo gubernativo necesario para su implementación formal. Esto es algo que urgimos se haga lo antes posible, dado el alto grado de vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
¿Cuáles son las principales propuestas que las organizaciones de los territorios impulsarán para fortalecer el FONTIERRAS?
Omar Jerónimo: Durante los últimos doce años, los gobiernos conservadores han desmantelado muchas de las instituciones encargadas de abordar la conflictividad agraria, y el FONTIERRAS, aunque debilitado, ha sobrevivido. Sin embargo, ha sido gobernado por un consejo directivo compuesto por representantes de la Cámara del Agro -empresarios de ultraderecha-, cooperativistas,l Consejo Nacional Agropecuario -profesionales del sector agropecuario-,, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Finanzas y organizaciones campesinas e indígenas. En estos últimos 25 años, los representantes campesinos e indígenas no han sido renovados, ya que las dirigencias fueron cooptadas por sectores de poder económico.
Por eso, uno de los primeros pasos que impulsamos fue la renovación de la representación campesina e indígena en el consejo, como parte del Acuerdo Agrario firmado con el gobierno. Ahora, como nuevos representantes, estamos trabajando en reorganizar FONTIERRAS para que responda mejor a las necesidades de las comunidades campesinas e indígenas. Esta institución ha sido inoperante, operando solo a través de dos programas limitados: uno basado en el acceso a la tierra mediante compra con deuda, lo que generó deudas impagables para muchas familias, y otro vinculado al arrendamiento de tierras, pero sin permitirles acceder a la propiedad.
Estamos buscando cambiar estos programas y promover políticas más inclusivas que permitan un acceso a la tierra que no dependa únicamente del mercado. Queremos que FONTIERRAS cumpla su rol de manera efectiva, garantizando el acceso real y sostenible a la tierra para las comunidades que más lo necesitan.
¿Qué medidas se proponen para garantizar un acceso equitativo a la tierra para hombres, mujeres y comunidades campesinas e indígenas?
OJ: Proponemos una nueva agenda estratégica para FONTIERRAS que busque cambiar la visión sobre el acceso a la tierra. Por ejemplo, actualmente, cuando un hombre y una mujer están casados y poseen tierras, si el hombre muere, la mujer no puede ser la representante legal de esas tierras. En cambio, el hijo mayor, aunque sea menor de edad, es quien asume ese rol. Esta es una de las reformas que estamos impulsando en las políticas y reglamentos de FONTIERRAS.
Además, proponemos la creación de un inventario de tierras estatales que permita cubrir las necesidades de los grupos más vulnerables sin los largos y complejos trámites que actualmente requieren hasta 10 años. También estamos impulsando la creación de un fondo gubernamental para facilitar la compra de tierras y ofrecer acceso más rápido a las familias afectadas por el conflicto agrario.
En cuanto a las mujeres campesinas, buscamos garantizar que puedan ser titulares de tierra, un derecho que actualmente solo tienen los hombres. Esto es crucial para asegurar su patrimonio familiar, especialmente en caso de viudez. A través de estas reformas y una agenda agraria más inclusiva, nuestro objetivo es que la institución permita mejorar el acceso a la tierra para toda la población campesina e indígena en Guatemala.
Considerando la difícil situación que atraviesan las personas defensoras de la tierra y los territorio de diversas comunidades de Guatemala, inició el 18 de noviembre un programa de formación en el marco de la iniciativa “Unidos y Unidas por las Personas Defensoras del Medio Ambiente y del Territorio” , con el cual se espera contribuir de forma significativa a las estrategias de defensa, protección y prevención de estos colectivos.