Este especial forma parte de "Tierra conTEXTO", una serie en la que se reflexiona sobre la cuestión de la tierra y su gobernanza en distintos contextos sociales y políticos de países de América Latina y el Caribe desde la perspectiva de las Coaliciones Nacionales por la Tierra y las Plataformas Regionales que impulsa la ILC LAC.
“Es una victoria de la lucha que venimos haciendo desde el territorio y marca un camino claro en la defensa de los derechos”, Jan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)¹.
A lo largo de la historia, el Estado ecuatoriano ha impulsado iniciativas de desarrollo económico extractivo sin considerar los impactos sociales, ambientales y territoriales en las poblaciones directamente afectadas. Esto demuestra cómo los gobiernos han ejercido el poder público para beneficiar a las élites económicas, mayoritariamente blanco-mestizas, en detrimento de otros grupos, como los indígenas, montuvios, afrodescendientes, campesinos y mestizos de sectores populares.
Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), por ejemplo, son grupos humanos que han decidido vivir sin contacto con la población mayoritaria. En el país, pueblos como los Tagaeri y Taromenane habitan la Amazonía ecuatoriana de acuerdo con sus tradiciones y cosmovisión ancestrales. Sin embargo, con el paso de los años y los cambios de gobiernos, las actividades extractivas a gran escala han crecido, amenazando más y más territorios en el país. En el caso específico de los PIAV, el avance de la industria petrolera ha afectado su integridad, y la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación del Parque Nacional Yasuní en 2013 aumentó considerablemente su vulnerabilidad.
En tal virtud, diversas organizaciones sociales del campo y la ciudad han construido estrategias para denunciar y enfrentar el continuo desconocimiento de los derechos fundamentales de grupos históricamente vulnerados. Una de esas estrategias ha sido plantear procesos legales, tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo emblemático es el Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane Vs. Ecuador, que ha sido llevado a instancias de los organismos regionales de derechos humanos. Luego de varios años de proceso, el 13 de marzo se hizo pública una resolución en la que la Corte IDH concluyó que el Estado ecuatoriano violó numerosos derechos de los PIAV.
Esta sentencia histórica ratifica las demandas permanentes de los sectores sociales organizados que se movilizan por la garantía de los derechos fundamentales para todas las personas en el país. También confirma la existencia de un Estado elitista, clasista, racista y machista que ha excluido a la mayoría de los grupos y seres humanos que componen la sociedad ecuatoriana. La Corte IDH establece que Ecuador es responsable de vulnerar el derecho a la propiedad colectiva, la libre determinación, la vida digna, la salud, la alimentación, la identidad cultural, un ambiente sano, la vivienda, la vida, las garantías judiciales y la protección judicial.
Como Coalición Nacional por la Tierra de Ecuador, es importante resaltar la relevancia que la Corte ha dado a los derechos territoriales de los PIAV, al momento de emitir la sentencia.
La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma particular de ser, ver y actuar en el mundo, basada en su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales. No solo porque estos sean su principal medio de subsistencia, sino también porque forman parte de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural².
En este sentido, la Corte está apelando a que el Estado genere los mecanismos necesarios para que se garantice la gobernanza de la tierra desde los pueblos originarios y sus propias formas de organización. Este primer reconocimiento hacia los PIAV es crucial, ya que establece las bases para el tratamiento adecuado de estos pueblos y extiende la protección a los territorios de pueblos indígenas que ya han tenido contacto.
Las organizaciones ahora cuentan con un valioso incentivo para continuar sus procesos de resistencia, ya que si persisten en sus litigios, pueden obtener resultados favorables, como este caso de los PIAV.
La CNT Ecuador celebra este tipo de decisiones jurídicas regionales que buscan transformar profundamente las sociedades de cada nación y reafirma su compromiso de seguir articulando esfuerzos con las organizaciones populares y pueblos para avanzar hacia la garantía de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la tierra y el territorio de todos los grupos humanos del país.
[1] Alvarado, A. (18 de marzo de 2025). La Corte IDH condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Barra Espaciadora.
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane Vs. Ecuador. Sentencia de 4 de septiembre de 2024. párr. 249.