Con 98 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde del 7 de enero la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. El cuerpo legal tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. La normativa también regulará la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra rural para garantizar la soberanía alimentaria, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos. El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, señaló que uno de los temas importantes es cumplir con la Constitución pues el Ecuador, por la disminución de tierra y la población que tiene, necesita garantizar alimento en el futuro: “cuando el recurso es escaso eso se logra fortaleciendo la productividad y siendo eficientes en el uso de la tierra”. Rescató que otro punto importante es titularizar las tierras en el Ecuador para que todo mundo tenga seguridad jurídica. “La tierra tiene que ser de quien la trabaje”, dijo la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Recordó que La Ley de Desarrollo Agrario de 1994 tenía una visión neoliberal que permitió el fraccionamiento y fomentó la concentración y especulación de tierras en el país. Por su parte la oposición criticó que dentro del proyecto se establezca la creación de una Autoridad Agraria. Patricio Donoso de Creo aseguró que este organismo creará inseguridad jurídica y por las múltiples atribuciones que tendrá, podría incluso, ser un instrumento político para presionar en el sector rural.
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