Combatir la desigualdad de la tierra: clave para una región más justa y sostenible

Uno de los principales problemas que afronta actualmente América Latina es, sin duda, la extrema desigualdad.

Latinoamérica no solo es la región con mayor desigualdad en ingresos, también tiene la mayor desigualdad en la distribución de la tierra, a pesar de ser la que más reformas agrarias ha implementado.

La cifra es estremecedora: tan solo el 1% de las grandes unidades agrícolas ocupa más tierra que el 99%. Esta desigualdad está en el corazón de múltiples desigualdades económicas, sociales, políticas y medioambientales, siendo también central para el logro de un desarrollo sostenible y los objetivos trazados por la Agenda 2030.

La desigualdad de la tierra no se limita a su distribución y al acceso, tiene que ver con el control de la tierra

El control se relaciona a la capacidad de decidir sobre su uso, lo que se produce (qué y cómo), los beneficios económicos que se generan, entre otros. El control también se da en el uso de los recursos naturales que hacen parte de los territorios y de los ecosistemas en su conjunto, lo que impacta en el cambio climático. La cuestión de la tierra y la desigualdad también es causa directa de cuantiosos conflictos que han hecho de Latinoamérica el continente más letal para la defensa de la tierra.

Hoy se teme que la remontada de las industrias extractivas y el agronegocio –así como el acaparamiento de tierra que generan– con el beneplácito de los gobiernos en el marco de la reactivación económica incremente aún más las desigualdades que padecen los pequeños agricultores, los pueblos indígenas las mujeres y jóvenes rurales, entre otros grupos que viven de la tierra.

Las relaciones mercantiles promueven que unas minorías acumulen riqueza a costa de la explotación del trabajo de una mayoría, la cual sufre la pauperización de sus condiciones de vida, lo que se acentúa en las poblaciones rurales. En los modos de producción extractivista y capitalista, unos pocos se apropian del trabajo de muchos (sobretrabajo) a través de salarios bajos, maquinización del trabajo, entre otros. La tierra ha sido transformada en una mercancía y la desigualdad se intensifica porque prima una forma de propiedad en donde solo hay un propietario que tiene acceso, uso y control sobre la tierra en detrimento de formas de propiedad colectiva.

Para combatir la desigualdad –que será agudizada por la pandemia–, urge optar por modelos de desarrollo más inclusivos, equitativos y sostenibles.

Modelos que pongan en el centro a las personas y en donde el mercado sea controlado por la sociedad, lo que pasa por establecer alianzas con múltiples actores y sectores de la sociedad civil para transformar las lógicas del extractivismo. La unión y organización entre las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes es fundamental para cambiar las correlaciones de fuerzas con los grandes grupos empresariales y presionar a los gobiernos para hacer frente al extractivismo y el acaparamiento de tierras. Para su lucha, es importante que las organizaciones sociales conozcan y utilicen instrumentos internacionales existentes, como el Decenio de la Agricultura Familiar, la Agenda 2030 de las ODS, y la Carta de los Derechos de Campesinos, entre otros.

La concentración  de la tierra genera profundas desigualdades y graves consecuencias en la pequeña agricultura, la cual se ve frecuentemente desamparada sin apoyo de políticas adecuadas a sus necesidades y demandas. Ante esta situación,  muchos agricultores terminan vendiendo sus tierras.

Frente al acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y corporaciones transnacionales, el rol y unión de las organizaciones campesinas e  indígenas es fundamental.

La agroecología familiar es una alternativa que se está implementando con éxito entre los pequeños agricultores para cultivar productos agroresilientes, se trata de una apuesta para desterrar el uso de agrotóxicos en la agricultura familiar.

Es imperioso actuar para hacer frente a las desigualdades históricas que padecen los pueblos indígenas.

Se trata, además, de uno de los grupos que más padecen las consecuencias del extractivismo y que se encuentran en mayor riesgo por la pandemia.

Sus estrategias de resistencia radican en el autogobierno y el control territorial, la sabiduría ancestral para defenderse de las enfermedades, y la movilización constante en defensa del territorio. Estas estrategias les ha ayudado a mitigar, en cierta medida, los impactos de la pandemia y del extractivismo. Es necesario contemplar medidas que tomen en cuenta sus necesidades y contextos, incluyendo el aseguramiento de sus derechos territoriales, y también tener en cuenta la situación particular de las mujeres indígenas, quienes además se ven excluidas de las tomas de decisión sobre los temas que les atañen.

Las mujeres y los jóvenes, son grupos que también padecen serias desigualdades, por lo que requieren políticas adecuadas a su situación. Las políticas y programas de acceso a la tierra son de gran importancia para estos grupos, así como las políticas de inclusión económica y financiera que consideren modelos alternativos.

Las mujeres y los jóvenes no son solo sectores diferenciados, son sujetos políticos de transformación entre la población rural.

La participación de las mujeres indígenas sobre el control del territorio no es de manera activa ni plena, pese a que las mujeres rurales sostienen los hogares rurales y preservan la biodiversidad de la naturaleza con sus conocimientos y sus saberes y ancestrales. Asimismo, aseguran la transmisión de esos saberes hacia las nuevas generaciones por ser las encargadas del cuidado de las familias.

Los jóvenes, por su lado, también contribuyen al desarrollo de sus comunidades y pueden ser protagonistas del cambio. Para ello, es necesario brindarles mejores oportunidades en sus territorios y en materia de educación para que puedan contribuir a sus comunidades. Demandan la renovación de liderazgos para que los jóvenes rurales puedan tener un rol efectivo en la gobernanza de la tierra y de la defensa de sus derechos territoriales.

La concentración de tierras y el expolio de los territorios que subyace al avance del extractivismo y el agronegocio se relaciona a distintas desigualdades. Si bien en la región existen cada vez más casos de grandes transacciones de tierra, es complejo el registro completo en las bases de datos, por lo que la problemática es mayor a la que se registra. Se sabe, sin embargo, que las afectaciones de estos procesos en la vida de las mujeres rurales son múltiples y poco visibilizadas.

A pesar del papel crucial que tienen en la agricultura, las mujeres poseen y manejan menos tierra y son excluidas de los espacios de decisión sobre el manejo de la tierra y los territorios por las relaciones patriarcales que persisten. Las actividades extractivas (como la industria de la palma aceitera) generan consecuencias en la seguridad alimentaria –pérdida de producción agrícola para la alimentación–, en los cambios del uso del suelo y el agua –afectaciones y restricciones en el uso de ambos recursos que son clave para las labores que realizan–, y en el tejido social –mujeres jóvenes que debe migrar–, entre otros.

El agronegocio afecta profundamente la vida de las mujeres, ya que con la destrucción de los montes y los bosques pierden el acceso a los territorios en donde llevan a cabo las actividades productivas y económicas para ellas y sus familias.

Debido a estos paisajes de despojo, su economía y sus vidas familiares se ven precarizadas y se ven obligadas a trabajar en la agroindustria bajo condiciones laborales sumamente adversas (tareas de gran esfuerzo físico, bajos salarios, entre otros.).

América Latina es la región más peligrosa para defender los derechos territoriales y ambientales: se persigue criminaliza, estigmatiza, ataca y asesina a quienes resisten la expansión extractivista, siendo este sector el que se vincula a la mayor cantidad de conflictos que derivan en asesinatos.

Cuando se está luchando por garantizar un medioambiente sano, se está protegiendo los DD.HH.

Durante el periodo de crisis por la Covid-19, se ha intensificado esta tendencia por varios factores. Primero, los defensores son más vulnerables porque están en una sola ubicación conocida, lo que facilita su persecución. Segundo, se han suspendido los juicos y las audiencias se realizan a puertas cerradas, promoviendo la impunidad. Tercero, se han producido limitaciones a la libertad de expresión y a la manifestación, lo que impide acciones de protesta. Por último, se ha incrementado la vigilancia y la intimidación de defensores por parte del Estado, lo que puede debilitar los movimientos sociales.

Es vital que las medidas tomadas a raíz de la pandemia no impidan la labor y el derecho a defender derechos de los defensores medioambientales y evitar que estos estén expuestos a situaciones de mayor riesgo.

Frente a este escenario, las organizaciones sociales están implementando distintas estrategias: empadronando a quienes defienden la comunidad y los territorios, articulación con otras organizaciones para poder protegerse, vasos de comunicación entre los líderes, y la formación de líderes para la defensa de derechos.

También es importante señalar que si bien hay más casos de ataques a hombres, sobre las mujeres se ejercen múltiples violencias (acosos, violaciones, entre otros) por estar en la primera línea en la defensa de la tierra.

Quizá uno de los temas más novedosos del foro fue el de las plataformas de múltiples actores como estrategia efectiva para la incidencia y la promoción de una gobernanza de la tierra centrada en las personas.

Los casos presentados evidenciaron que las plataformas multiactor son espacios de articulación flexibles, resilientes y adaptables a diversos contextos que permiten implementar soluciones para la gobernanza de la tierra centrada en las personas. Estos espacios son idóneos para impulsar estrategias entre actores de distintos sectores (sociedad civil, Estado y empresa privada) al contar con un espacio común de diálogo, trabajo, negociación y articulación, creando lazos de confianza entre estos o reestableciéndolos en caso las relaciones se encuentren dañadas por conflictos previos.

La construcción de un espacio y un marco común entre distintos actores ayuda a abordar problemáticas  comunes y soluciones conjuntas a pesar de que los intereses pueden ser distintos.

La sociedad civil y, especialmente las organizaciones de pueblos indígenas y campesinas, se fortalecen al participar en las plataformas multiactor, ya que pueden hacer oír su voz y participar en la toma de decisión vinculada a temas clave como la cuestión de la tierra. Resulta central que los puntos de vista y decisiones de las organizaciones sociales se recogen en cada una de las etapas de los procesos de estas plataformas, y que se valoren sus propuestas, aun si no calzan con los moldes burocráticos.

Son espacios que permiten no solo dar voz , sino garantizar la participación de diversos actores, especialmente de aquellos excluidos históricamente

De otro lado, se aprendió que una estrategia integral que abarque varios temas centrales y relacionados (tierra y agua, por ejemplo) puede ser más efectiva y estratégica para atraer el interés de actores relevantes; y que asegurar soluciones concretas ayuda a atraer la atención y valoración de diferentes actores.

La International Land Coalition ALC organizó del 13 al 16 de octubre el XI Foro de la Tierra bajo el tema Desigualdad en América Latina y el Caribe: impacto y propuestas para la gobernanza de la tierra.

Es un evento único que organiza cada año la ILC ALC para promover la discusión de ideas, el intercambio de experiencias y producir articulaciones para hacer frente a las desigualdades crecientes en la región en torno al acceso a la tierra, situación que se ha agravado con la pandemia global.