Asamblea Regional de Miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra-América Latina y el Caribe
Foro de la Tierra ALC 2016 "Gobernanza de la tierra y el territorio, participación e inclusión social en América Latina y el Caribe”
26 – 28 de setiembre de 2016
Nosotras y nosotros, miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land Coalition – ILC), nos hemos reunido en nuestra IX Asamblea Regional de América Latina y el Caribe, en donde participamos 39 organizaciones de 15 países, representando a campesinos y campesinas organizados, productores y productoras, pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones de mujeres y de jóvenes, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y centros de investigación, y en el Foro de la Tierra ALC 2016 "Gobernanza de la tierra y el territorio, participación e inclusión social en América Latina y el Caribe” llevados a cabo en Tegucigalpa, Honduras, con la solidaria acogida del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH). Luego de revisar, discutir y reflexionar sobre la gobernanza de la tierra y el territorio en la región presentamos las siguiente Declaración:
- Reiteramos nuestra determinación de continuar trabajando para el logro de los 10 Compromisos para la gobernanza de la tierra centrada en las personas, tal como ha sido recogido en la Estrategia Global de la ILC 2016- 2021.[1].
- Insistimos en que la persistencia de la inequidad en la tenencia de la tierra y la vulneración de los derechos de los campesinos y campesinas, mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y afrodescendientes ponen en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por las Naciones Unidas para el 2030.
- Expresamos nuestra preocupación en torno a los cambios en las legislaciones de diversos países de la región que, con el afán de atraer las inversiones, debilitan los marcos jurídicos que le dan a las poblaciones campesinas, a los pueblos indígenas y afrodescendientes seguridad sobre sus tierras y sus territorios.
- Reafirmamos nuestro compromiso para trabajar por el desarrollo y la garantía de los derechos de los agricultores y agricultoras familiares, promoviendo políticas que combatan la concentración de los recursos naturales y que sean favorables al acceso justo y equitativo a la tierra, así como por las medidas que fortalezcan su acceso a bienes y servicios públicos. Todo ello, en el marco de renovados enfoques territoriales y multisectoriales, en donde la participación de los campesinos y campesinas en la gestión integral de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio sea el motor de las estrategias de desarrollo rural.
- Alertamos nuevamente que la presencia de grandes proyectos extractivos y agroindustriales que incumplen los estándares ambientales generan daños irreparables al medio ambiente y afectan los modos y medios de vida de las poblaciones rurales. Reiteramos que es fundamental que el desarrollo se centre en las personas y no solo en el crecimiento económico o en el mercado.
- La lucha por la tierra y protección de los territorios que realizan los líderes y las lideresas como parte del derecho a la vida y a la alimentación en un contexto de acaparamiento de tierras, marginalización de las poblaciones locales y presencia de megaproyectos en las zonas rurales en nuestros países tiende a criminalizarse, provocando que los defensores y defensoras sean perseguidos e incluso asesinados por la defensa de la tierra. Exigimos que cese la criminalización, la persecución y la intimidación. Demandamos que se respeten sus derechos y que se instalen canales de diálogo y de resolución de conflictos bajo el principio de buena fe y en el marco de la ley, la justicia y la paz.
- La juventud rural sigue encontrando múltiples barreras y limitaciones para acceder a la tierra y para su participación en la gestión de los territorios rurales, lo que impacta en el despoblamiento y en el envejecimiento de los territorios rurales. A pesar del reconocimiento global de la relevancia de su rol para el desarrollo rural, siguen faltando políticas públicas adecuadas y espacios articulados para que la juventud rural tenga una real representatividad en las instancias de toma de decisiones y sean sujetos de derechos políticos, económicos y sociales.
Reafirmamos nuestro compromiso de promover en todos los espacios la participación de los y las jóvenes rurales a partir del diálogo intergeneracional, buscando potenciar la sostenibilidad de sus estrategias de vida y permanencia en los territorios.
- Expresamos nuestra preocupación por las brechas de género persistentes. Las mujeres rurales siguen representando el sector más empobrecido y tienen menores oportunidades para acceder a los recursos y medios de producción, a pesar de tener un rol protagónico en la producción de alimentos y en la defensa de los territorios, lo cual no es enteramente reconocido. Por ello, reiteramos el compromiso de continuar trabajando para fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres a la tierra, la equidad y la justicia de género, reconociendo la diversidad de mujeres y sus diferentes contextos.
En el caso particular de Nicaragua, apoyamos la demanda de las organizaciones sociales que solicitan a su gobierno la puesta en marcha del fondo de crédito para compra de tierras de mujeres rurales establecido en la Ley 717.
- Para lograr el ejercicio pleno de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y afrodescendientes en la mayoría de los países de la región, demandamos el diseño e implementación de estrategias y políticas públicas que mejoren la gobernanza de sus territorios y recursos. Ratificamos la importancia de la tenencia y control efectivo de los pueblos indígenas y afrodescendientes de las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído. Exigimos a los Estados ejercer su obligación de garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
La Asamblea Regional y el Foro de la Tierra realizados en Tegucigalpa nos han permitido conocer más sobre la problemática del campo, los sectores rurales y la lucha de las organizaciones sociales en Honduras. En ese sentido, apoyamos la iniciativa de las tres confederaciones de campesinos y campesinas de Honduras Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) y la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) en su propuesta ante el gobierno para la creación de un fideicomiso para dotación de tierras para el desarrollo integral de las mujeres y la juventud rural. Asimismo, respaldamos la iniciativa del sector campesino organizado de Honduras de crear un nuevo marco jurídico agrario que permita un proceso de desarrollo integral, justo y equitativo.
Finalmente, celebramos la firma del Acuerdo Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) oficializado el 26 de septiembre que representa la finalización del conflicto político-militar más antiguo en la región Latinoamericana. La centralidad del tema de la tierra, los territorios y el desarrollo rural en los diálogos celebrados en La Habana, destaca que el problema agrario ha estado en el corazón del conflicto, y que un mayor acceso y una toma de decisiones inclusivas sobre la tierra es fundamental para alcanzar una sociedad en paz.
Tegucigalpa 28 de septiembre del 2016
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales que trabajan juntas para influir en las agendas, políticas y prácticas de actores influyentes con el fin de situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra.
[1] Los 10 Compromisos de la International Land Coalition definidos por los miembros de la ILC en la Declaración de Antigua (2013) se encuentra en la base de la actual Estrategia Global de la ILC. Ambos documentos disponibles en: www.landcoalition.org/es/gobernanza-de-la-tierra-centrada-en-las-personas