Los cambios de gobierno en Colombia, Brasil y Guatemala son determinantes para avanzar en la garantía de derechos a la tierra y el territorio de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, lo cual es fundamental para hacer frente a desafíos globales como la crisis climática.
La experiencia de estos países permite pensar en la tranformación del campo y evidencia la centralidad de fortalecer el rol de las organizaciones de base territorial como agentes de cambio.
La gobernanza de la tierra en América Latina se ha visto afectada en los últimos años por intensos cambios políticos, algunos favorables y otros adversos, para los derechos a la tierra de la población indígena, campesina y afrodescendiente. A ello, se suman los crecientes impactos del cambio climático y de las políticas y medidas para hacerle frente.
Como parte del Foro de la Tierra LAC 2024, la coordinadora regional ILC LAC, Zulema Burneo, subrayó la crítica relevancia que adquiere la tenencia segura de la tierra en un contexto de “grandes desafíos globales”, como la crisis climática o la necesidad de garantizar una provisión sostenible de alimentos. Ello, a partir de nuevas estrategias emergentes que ponen foco sobre el rol protagónico que juegan los movimientos campesinos e indígenas en la defensa de los derechos a la tierra.
“Vivimos en una civilización de muerte y destrucción de la Madre Tierra para el beneficio de unos pocos. Por eso, es importante tomar conciencia de que nuestras vidas dependen de las otras que habitan en la naturaleza. Es importante proteger la vida y defenderla pensando en las futuras generaciones”, destacó Melania Canales, representante del Comité Regional de la ILC LAC y de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
En tanto, la vicepresidenta adjunta del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Jo Puri, remarcó la necesidad de asegurar los derechos a la tierra de pueblos indígenas y comunidades para reducir la deforestación y para la captura de carbono y hacer frente a la crisis climática mientras que se impulsa una economía y gestión de recursos más sostenible.
“Se reconoce a los pequeños agricultores como parte fundamental del sistema de producción de alimentos, son la columna vertebral de los medios de subsistencia para los hogares. El 90% de los cientos de millones de granjas en el mundo dependen hoy de la agricultura familiar. Debemos pensar en la importancia de los derechos de la tierra y la agricultura para abordar la crisis climática”, aseveró Puri.
“El derecho a la tierra, junto con el derecho al territorio, son las principales reivindicaciones actuales de los sujetos populares del campo, mientras se incrementan las disputas por recursos y los procesos de descampenización”, agregó por su parte Javier Lautaro Medina, de la Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra en Colombia - CINEP.
Brasil, Guatemala y Colombia: problemáticas de la tierra en contextos de transformación
Durante la primera sesión, “Reformas y transformaciones agrarias en América Latina: avances en la democratización del acceso, uso y control de la tierra”, el Director de Gestión Estratégica del INCRA, Gustavo Noronha, señaló que la catástrofe ambiental por el cambio climático en Brasil y el debilitamiento de las políticas que permiten avanzar con la transformación del campo por parte de los anteriores gobiernos han supuesto un desafío en materia presupuestaria y en la consolidación de una reforma agraria.
“Si comparamos frente a valores de 2010, hay una gran diferencia. INCRA solo tiene el 10% del presupuesto.Tenemos que cambiar la ley para reconstruir la institución y reducir la burocracia para tener una mejor rectoría. A ello se suman problemas con el Congreso, el cual habla por ejemplo de cadena perpetua para defensores de la tierra”, sostuvo.
Alair Santos Silva, secretario de Reforma Agraria de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales y Agricultores Familiares (CONTAG) de Brasil, aseveró que otro de los grandes desafíos son los acaparadores de tierra en la región amazónica, "que ocupan grandes extensiones de tierra y luego piden que se esta se les regularice". Sostuvo también que “el Gobierno debe contar con condiciones para enfrentar estas situaciones, mientras que el Congreso defiende la expansión de los agronegocios".
Ana Glenda Tager, secretaria privada de la Presidencia del Guatemala, señaló que la firma del Acuerdo entre Gobierno y organizaciones campesinas es central para reducir la conflictividad y la criminalización de la lucha por la tierra. No obstante, sostuvo que los desalojos -vinculados en gran medida al accionar del Ministerio Público- continúan, y que con ellos se promoueve la ingobernabilidad.
“En materia de desarrollo rural, se ha hecho una propuesta sobre cómo implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pendri), y la idea es poder territorializarla y trabajar desde ahí un desarrollo desde los mismos territorios y las prioridades que estos definan”, recalcó Tager.
A su turno, Omar Jerónimo, coordinador de la Central Campesina Ch'orti' Nuevo Día, dijo que el desplazamiento de jóvenes sin acceso a la tierra hacia EE.UU. se ha vuelto un “negocio para el sector financiero”, dado que genera ingresos por remesas que llegan al 12% del PBI, casi superando las exportaciones.
El caso colombiano también ha mostrado avances, pero el camino por recorrer aún es largo. Yolis Correa, directiva de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), reconoció que pese a los esfuerzos del gobierno nacional todavía subsisten grandes retos para el acceso a la tierra y el reconocimiento efectivo de las territorialidades campesinas, por ejemplo, las Zonas de Reserva Campesina.
“Pasamos una pandemia que demostró que es el campesinado el que sostiene la base de la economía. Tenemos una agenda con acciones y propuestas, pero también población diversa que le cuesta quedarse en el campo. Se piensa que el campesinado está envejeciendo, pero no es así, no es que se quieran ir, sino que no hay oportunidades”, indicó Correa.
Un cambio hacia adelante
Queda claro que sumar esfuerzos entre gobernantes y diversas organizaciones civiles resulta crítico para reducir el impacto de la crisis climática y el desplazamiento forzado de las comunidades en los territorios. Además, el panel consideró que se debe garantizar la soberanía alimentaria de la región mediante una reforma agraria y sostenible que, en el caso colombiano, ponga foco en el acceso a tierras.
“Los cambios que se están dando en Guatemala dejan lecciones interesantes, y las expectativas que se están generando en Colombia con el actual gobierno que cree en la tranformación del sector rural permiten analizar las tranformaciones agrarias en curso. De otro lado, la experiencia de Brasil es alentadora en términos de avances en materia de soberanía alimentaria y reforma agraria”, destacó Melissa Ramos, investigadora del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria (SIPAE, Ecuador) y Consejera Global de la ILC.
La reunión, que anticipa el Foro Global de la Tierra a llevarse a cabo en Colombia, contó con la participación de Michael Taylor, director de la Secretaría Global de la International Land Coalition, quien resaltó que dicha coalición cuenta con 290 miembros, de los cuales 106 son organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos/as, pastores, jóvenes o mujeres que representan directamente a más de 185 millones de personas de todo el mundo.
“La ILC es una red solidaria que trabaja en apoyo a la lucha por la tierra de organizaciones populares y pueblos, un pilar fundamental de la Estrategia 2030. Centra esfuerzos en brindar apoyo especial a estas organizaciones y reconoce su papel de representación en la toma de decisiones. Todos los miembros de la coalición apoyan genuinamente este liderazgo”, detalló.
Organizan: International Land Coalition América Latina y el Caribe (ILC LAC), Iniciativa Regional Tierra y ODS, Plataforma para la Defensa de la Tierra y el Territorio, Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra, Plataforma Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio, Land Matrix Latinoamérica y el Caribe, Iniciativa Regional de Agricultura Familiar, Plataforma Semiáridos América Latina, Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio, Coalición Nacional por la Tierra de Argentina – ENI Argentina y Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Guatemala.
Organizaciones aliadas: Fundación Plurales, Observatorio Ciudadano, Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF Colombia, Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), Oxfam, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Tenure Facility, DATALUTA, Church World Service (CSW), Comité de Impulso del Movimiento Agroecológico Colombiano (CIMAC) y y DAKI Semiárido Vivo.