Las organizaciones de la sociedad civil juegan un un rol vital para conocer en qué medida los Estados están avanzando (o no) en la implementación de los ODS, incluyendo aquellos que se vinculan a la cuestión de la tierra, tema clave y transversal para muchos objetivos.
La nueva iniciativa de ODS y Derechos a la Tierra está apostando por la elaboración de Informes Alternativos a los oficiales de los Estados para asegurar el recojo de historias, información y data desde los territorios y contribuir así a que nadie se quede atrás en el proceso.
Desde principios de marzo, la Iniciativa ODS y Derechos a la tierra viene trabajando en la elaboración de Informes Alternativos sobre la trayectoria de los Estados en temas de tierra y territorio en 4 países: Argentina, Ecuador, Perú y Honduras.
Este esfuerzo multi país surge de la articulación con las Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI) en Argentina, Ecuador y Perú; y la alianza con el Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT) de Honduras; países que en el 2020 presentan sus Revisiones Voluntarias Nacionales, es decir, sus informes oficiales en donde los Estados reportan acciones con base en sus compromisos asumidos en el 2015.
Con el objetivo de “tirar para el mismo lado” y unirnos a un esfuerzo global mucho mayor, tomamos el modelo de informe propuesto por el SDG Momentum Group (Grupo Momentum sobre los ODS), mientras que las ENI asumieron el compromiso de investigar y realizar aportes a los Informes Alternativos sobre la gobernanza de la tierra a nivel nacional desde la perspectiva de los ODS. La Iniciativa, además, tiene previsto elaborar en los siguientes meses nuevos informes que permitirán recoger información a nivel local.
¿Qué aportarán estos Informes Alternativos?
Los Informes se centran en las metas que mencionan de manera directa el tema de la tierra -1.4; 2.3; 5.a y 15.3-, analizándose avances y retrocesos en materia de:
- planes asumidos por los gobiernos que incluyan dichas metas de manera explícita
- reformas legales ocurridas luego del 2015
- acciones programáticas impulsadas luego del 2015
- diagnóstico y progreso sobre los indicadores 1.4.2, 5.a.1, 5.a.2
En los reportes se da cuenta de aquellas políticas públicas que han servido de manera significativa para garantizar los derechos a la tierra de sectores clave a los que se dirigen los ODS: comunidades más pobres y vulnerables, especialmente mujeres, pueblos indígenas, agricultores familiares, etc.
De otro lado, lo recogido permite evidenciar y denunciar la falta de compromisos por parte de algunos estados con el tema, y la crítica situación estructural y multidimensional que viven las comunidades cuando no tienen garantías ni seguridad sobre la tenencia, uso y control de la tierra y el territorio.
Desde que los estados asumieron en 2015 adoptar e implementar los ODS y la Agenda 2030, ninguno ha reportado sus acciones y compromisos referidos al tema de la tierra, por lo que el aporte de estos Informes Alternativos es sustancial.
Con este esfuerzo la Iniciativa busca contribuir al diálogo con los Estados y otros actores interesados y difundir propuestas y recomendaciones sobre cómo los ODS pueden ser una guía para garantizar un acceso seguro y equitativo a la tierra.
Las conclusiones de los Informes serán difundidas vía campaña virtual en julio en el marco del Foro Político de Alto Nivel. Además, se tiene previsto difundir también los resultados en comunidades rurales, organizaciones de base, academia y otros grupos de la sociedad civil.
Conozca la Iniciativa ODS y Derechos a la Tierra
Los resultados obtenidos se deben al compromiso sostenido de las ENI y las organizaciones que la componen, así como al apoyo de la ILC a nivel regional y global. Un aporte crucial ha sido el de Landesa, organización que ha acompañado en el desafío metodológico que implican los Informes.
Gracias al esfuerzo colectivo, los Informes pudieron producirse a pesar del complejo contexto que impuso la llegada del Covid-19 a la región. Hoy más que nunca entendemos que es necesario trabajar para el fortalecimiento del sector campesino-indígena, especialmente para las mujeres y los agricultores familiares, quienes sufren constantemente los efectos de la presión por la tierra. Desde la Iniciativa somos conscientes que las diversas presiones que padecen estos grupos se intensificarán tras la pandemia, cuando muchas personas regresen a las áreas rurales o cuando avancen (o sigan avanzando) los proyectos agro extractivistas con la excusa de la crisis económica.
Si algo nos ha enseñado la actual crisis es que la agenda 2030 nos obliga a pensar en otros modelos de desarrollo que sean sustentables en lo económico y ambiental y, sobretodo, que resulten inclusivos en lo social.