Jujuy: violaciones a derechos humanos y una reforma (in)constitucional

La constitución que impulsó el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y que se aprobó el pasado 20 de junio, presenta retrocesos serios a los derechos humanos y abre las puertas a la megaminería y la explotación del litio. Al mismo tiempo, el gobierno continúa amenazando y reprimiendo a las comunidades locales y pueblos indígenas que protegen sus territorios.

La adopción de una reforma constitucional que se realizó a puertas cerradas, sin consultas a la comunidad y con graves retrocesos en materia de derechos humanos como en el derecho a la protesta, derechos de las comunidades indígenas y comunidades locales, protección de bienes comunes naturales, fue lo que hizo estallar una situación de extrema tensión en Jujuy, Argentina.

Innumerables organizaciones sociales, sindicales, universidades, organizaciones locales e internacionales, se solidarizaron con la tremenda situación de las comunidades locales e indígenas de Jujuy que han sido víctimas de una represión brutal, desmedida y sanguinaria que inició el 16 de junio (dejando un saldo de 170 heridos en la primera semana del conflicto) y que reaparece tras cada manifestación.

Con un comunicado oficial, Naciones Unidas, mediante el Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, instó al gobierno nacional y provincial a reducir la violencia en Jujuy e investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las crudas represiones a las comunidades.

“Las autoridades, provinciales y nacionales, deben investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy. Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”, reza el comunicado que firma Jarab.

Por su parte, las comunidades y pueblos indígenas que vienen sosteniendo reclamos legítimos ante el atropello de sus derechos, han desmentido los argumentos que el gobierno provincial utiliza para desacreditar sus reclamos. “Consideramos que no solo basta con una consulta previa e informada, si primero no se nos respeta como personas y se nos trata como ignorantes, violentos y delincuentes” declararon en una carta abierta y reiteraron “Abajo la reforma que beneficia a empresas extranjeras que se llevan explotan recursos naturales y solo dejan contaminación y despojo”.

La mención a las empresas extractivas que hacen los pueblos indígenas señala de manera clara los intereses que hay detrás de la reforma constitucional: reservas de litio que gobiernos y empresas quieren explotar.

“Los violentos hechos del gobierno de Jujuy son un capítulo más en cómo se impone el extractivismo sobre las comunidades indígenas y campesinos. El poder económico y político —junto con sus aliados judiciales y mediáticos— intenta arrebatar los territorios indígenas para entregarlos a las empresas mineras, petroleras, forestales y del agronegocio” observa Darío Aranda en su nota “Panorama: Jujuy, litio y extractivismo de norte a sur”. Las denuncias de estos pueblos frente a la vulneración de derechos que produce la minería del litio son desoídas.

La Coalición Nacional por la Tierra en Argentina comparte esta lectura: “Uno de los principales reclamos es que el nuevo texto constitucional genera condiciones más favorables al avance de las industrias extractivas, y en particular la explotación de litio. Los salares donde se encuentran las reservas del litio son, en muchos casos, territorios de comunidades indígenas. Esto ha traído como consecuencia innumerables reclamos y conflictos por parte de los pobladores de la Puna Altoandina”.

Como parte de la campaña "Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida" - ronta a lanzarse nivel regional-, la CNT avanza en un proceso de incidencia para:

• Exigir que la Corte Suprema de Justicia de Nación se expida sobre la Inconstitucionalidad del proceso de reforma provincial en Jujuy.
• Visibilizar los reclamos de las comunidades locales e indígenas que refieren a la defensa del territorio y sus bienes naturales, exigiendo el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada que debió ser respetada en el proceso de reforma.
• Que el Congreso Nacional sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

Además, se encuentra trabajando en un análisis en profundidad para mostrar cómo el avance extractivista de la industria del litio impacta en los derechos territoriales y principalmente en las comunidades locales e indígenas. Este informe se realiza en el marco de la convocatoria para la elaboración de estudios sobre efectos del extractivismo en América Latina que impulsó la ILC LAC.

Respecto de la constitución, el Representante de Naciones Unidas estimó que “presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”. Citando entidades de la ONU como el Comité de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica, Jarab aseveró que la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que estas puedan generar.

Además, en el comunicado de ONU Derechos Humanos también se expresa la preocupación sobre la nula participación de la población, en especial de las comunidades indígenas, en el proceso de reforma constitucional. Sobre esto, Jarab recordó que “el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial” ¹ .

Días atrás, la CNT Argentina junto con otras organizaciones de la sociedad civil del país, enviaron al gobierno nacional una carta, en la que advierten la reiterada violación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado provincial de Jujuy en el marco del proceso de reforma constitucional, y sobre las múltiples acciones intimidatorias, represivas y de criminalización hacia quienes se manifiesten públicamente en defensa de sus derechos.

Expresan que “No solo no se asegura que las personas defensoras ambientales tengan un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos ni la debida protección, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú, sino que las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continúan y sufren graves hechos de represión por la policía provincial con un saldo significativo de detenidos y heridos”, y solicitan al gobierno que arbitre los medios necesarios para garantizar la vigencia de dicho acuerdo en el territorio de Jujuy, y en especial se aseguren los derechos de las personas defensoras del ambiente.

1. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado por medio de un comunicado de prensa en el cual “insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas”. Disponible aquí: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/127.asp

* Esta nota es una versión editada de la nota publicada originalmente por la Coalición Nacional por la Tierra en Argentina y que se encuentra disponible aquí: https://eniargentina.org/violaciones-a-derechos-humanos-comunidades-indigenas-y-una-reforma-inconstitucional/