Las comunidades campesinas e indígenas han logrado, con un esfuerzo enorme, avances significativos: primero, la sanción de una ley y luego su reglamentación. Sin embargo, los gobiernos siguen sin asignar partidas presupuestarias ni promover la aplicación efectiva de esta norma. En los últimos tiempos, los organismos públicos dedicados a la agricultura familiar han quedado prácticamente desmantelados.
A lo largo de los años, estas comunidades han luchado por el fortalecimiento de la agricultura familiar, una práctica que produce el 60% de los alimentos en Argentina, utilizando solo el 13% de la superficie cultivable.. A pesar de este aporte esencial, la expansión desmedida de la agricultura a gran escala —con la soja ocupando el 47% de la superficie cultivable para 2021— ha desplazado a la agricultura familiar en la agenda pública.
El contexto actual refleja tanto logros importantes como promesas incumplidas. Entre los hitos más destacados se encuentran la aprobación de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar en 2014 y su reglamentación en junio de 2023. Desde su creación en 2018, la Coalición Nacional por la Tierra de Argentina (ENI-CNT Argentina) , junto con otras organizaciones, promovió un proceso de incidencia para que esta reglamentación se hiciera realidad.
“Teníamos la promesa de que se asignaría un presupuesto. Si bien era algo que esperábamos hace mucho tiempo, con la reglamentación creíamos que por fin se cumpliría”, asegura Martín Simón, facilitador de la ENI-CNT Argentina.
Sin los recursos necesarios, la ley es letra muerta y su reglamentación corre el riesgo de quedarse en papel cuando debería ser una realidad palpable en los territorios que esperan su aplicación efectiva desde hace años.
La situación actual de la Agricultura Familiar
A la falta de presupuesto, se suma otra preocupación: el debilitamiento o desmembramiento de aquellos organismos públicos dedicados a la agricultura familiar. Las comunidades campesinas e indígenas señalan que el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) quedó prácticamente en el olvido en todas las zonas del país.
Por su parte, el Consejo Nacional de Agricultura Familiar que estaba constituido como el espacio de diálogo y articulación entre las comunidades y el Estado, dejó de funcionar, ya que no se convocó más. En esa mesa se definían las líneas a seguir en políticas públicas del sector.
Este Consejo era también el encargado de organizar la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF) en nuestro país. La REAF se organiza dos veces por año con rotación entre los países miembros del bloque regional. Esto hace dudar si cuando sea su turno Argentina hará la convocatoria o no.
La incidencia provincial: ¿una respuesta posible?
Según Martín Simón, las comunidades están explorando caminos alternativos: “Mirando hacia adelante, el sector está buscando soluciones a nivel provincial, ya que a nivel nacional no hay respuestas”. Las organizaciones intentan mantener viva la agricultura familiar impulsando políticas públicas a través de los gobiernos locales.
En este escenario, el trabajo de incidencia por la Agricultura Familiar en la Argentina empieza a tomar otras características. Los desafíos ahora son cómo reactivar el diálogo a nivel nacional y cómo lograr que las gestiones a nivel provincial sigan una misma línea política, sin perder de vista las particularidades y necesidades de cada región.
¿Qué dice la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar?
La ENI-CNT Argentina trabajó durante cinco años para hacer aportes a la reglamentación de la ley. Elaboró el informe alternativo sobre la situación de los derechos de las mujeres rurales argentinas del Gran Chaco y Puna que se presentó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas en 2019. En 2020 incorporó recomendaciones específicas sobre la reglamentación de la ley en el informe en torno al l cumplimiento de Argentina sobre los ODS. Con esas herramientas, realizó una propuesta de reglamentación de la Ley con foco en los derechos sobre la tierra y con perspectiva de género.
Entre las diferentes acciones en las que el Estado se compromete a avanzar gracias a la reglamentación se destacan la implementación de mecanismos que promuevan la equidad de género, la asignación de inmuebles rurales al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, la convocatoria para una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural, la promoción de programas específicos de producción y comercialización, y la creación de líneas de financiamiento e inversión para la promoción de la producción proveniente de los destinatarios y las destinatarias de la Ley N° 27.118.