La Ley 26.160 representó un avance en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, ante décadas de despojo, desplazamientos forzados y conflictos territoriales. Sancionada en 2006, declaró la emergencia territorial indígena y estableció medidas cruciales, como la suspensión de desalojos y la puesta en marcha de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras comunitarias que habitan por estas comunidades.
Sin embargo, en diciembre de 2024, el gobierno nacional derogó su última prórroga mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/21, desatando una profunda preocupación entre las comunidades afectadas.
Néstor Jerez, cacique del Pueblo Ocloya en la provincia de Jujuy, viene acompañando una asamblea abierta de los pueblos indígenas, en resguardo del territorio y en defensa de la vida. También es delegado de la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPI-NOA), organización que integra la Coalición Nacional por la Tierra de Argentina.
Un retroceso alarmante
Para Néstor, la derogación de la Ley 26.160 es “un retroceso en el reconocimiento de nuestros derechos” y se inscribe en un contexto más amplio de políticas discriminatorias. “El gobierno no sólo derogó la ley, también eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y votó en contra de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señala.
La derogación deja en una situación de inseguridad jurídica a las 2.000 comunidades indígenas del país. Néstor explica que la norma no sólo suspendía los desalojos, sino que también reconocía la ocupación tradicional de las comunidades preexistentes en el territorio argentino. “Esto es fundamental para garantizar nuestra permanencia en las tierras que habitamos desde siempre”, afirma.
Frente a esta situación, precisa que hay instrumentos legales vigentes que el Estado debe respetar. Entre ellos, destaca el artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, así como la personería jurídica de las comunidades indígenas.
También menciona el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, como un tratado internacional vinculante que garantiza estos derechos. Sin embargo, recalca que “más allá de estas normativas que protegen nuestros derechos, hoy es importante la unidad de los 40 pueblos- naciones indígenas preexistentes, que reivindiquemos nuestros derechos y reafirmemos la posesión territorial por el Buen Vivir y por un Estado plurinacional”.
Los avances de la Ley 26.160 durante su vigencia no han sido suficientes.
El relevamiento técnico, jurídico y catastral otorgó carpetas técnicas y sus resoluciones a solo el 50% de las comunidades.
Asimismo, los desafíos prevalecen. “Nos enfrentamos a intereses económicos que buscan explotar los territorios: negocios inmobiliarios, madereros, turísticos, mineros como la extracción de litio. Los gobiernos de turno y jueces cómplices facilitan estos atropellos”, denuncia. Según él, esta emergencia territorial no ha terminado, ya que los intentos de desalojo continúan y los conflictos se profundizan.
Profundizar la unidad
En este contexto, Néstor destaca el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, que han acompañado las demandas de las comunidades indígenas. “Hoy es necesario que sigamos juntos porque del otro lado está el poder económico concentrado, a las multinacionales que vienen por todo, que buscan explotar recursos sin respetar nuestros derechos".
"Tenemos que profundizar la unidad regional y pluricultural a favor de la vida, en defensa del territorio, de la soberanía de los pueblos y de la madre tierra”, enfatiza.
“Los pueblos originarios no somos un problema, sino parte de la solución. Con 10.000 años de historia, como pueblos preexistentes, hemos sabido convivir en armonía y en equilibrio con la naturaleza y la biodiversidad, con plena conciencia de que el resguardo de los bienes naturales son la garantía de vida de toda la humanidad. Las políticas de saqueo, de despojo, de extractivismo, solo generan desequilibrio y un daño irreversible a la madre tierra”, señala, subrayando la importancia de reconocer a los pueblos originarios como aliados en la búsqueda de soluciones para la crisis climática y los desafíos globales.
El pedido al Congreso de la Nación es concreto: diputados y senadores deben rechazar el decreto que deroga la ley 26.160, y aprobar un proyecto de prórroga de dicha ley. “Es necesario que el Estado asuma la deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas e instrumente una ley de titulación de la propiedad comunitaria indígenas como parte de la reparación histórica”.