En 2020, Global Witness registró 227 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que convierte a 2020 en el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus tierras, sus medios de vida y los ecosistemas vitales. Según este informe, Guatemala ocupa nada menos que el 4° lugar entre los países con mayor número de asesinatos de defensores per cápita.
De cara al Foro Global de la Tierra, que tendrá lugar del 21 al 26 de mayo en Jordania, conversamos con Jacob Omar Jerónimo.
Omar es maya ch’orti’, co-fundador de la Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Nuevo Día; y participará del panel Última línea de defensa contra la crisis climática, (al cual puedes inscribirte aquí), aun espacio para profundizar en la realidad que enfrentan cotidianamente quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
¿Cuál es la situación hoy en día de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en la región -y en Guatemala específicamente? ¿Qué riesgos enfrentan?
Los mal nombrados “efectos adversos del desarrollo”, dentro de los cuales están los riesgos que corren quienes defienden los derechos humanos (especialmente mujeres y pueblos indígenas), están íntimamente ligados a la extracción y explotación de minerales, agua y bosque y a la plantación de monocultivos en tierras que en su mayoría son propiedad o están ocupadas por pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas han sido por cientos de años los principales conservadores de las riquezas naturales y el equilibrio ecológico. Sin embargo, a medida que avanza el sistema económico extractivista, se ha visto afectada la vida de los pueblos y comunidades indígenas y, por lo tanto, el desequilibrio ambiental y el cambio climático se han acelerado.
Esta situación ha llevado a que numerosos defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas visibilicen cada vez más la necesidad de proteger el medio ambiente y la vida de los pueblos indígenas, lo cual ha tenido como respuesta por parte de los Estados -es el caso de Guatemala- la agresión directa en contra de las y los defensores. Muchas veces también se observa la confabulación entre funcionarios estatales, empresas y posibles estructuras del crimen organizado, para agredir, encarcelar y/o quemar viviendas en aldeas completas, como parte de las estrategias de despojo y limitación a la acción. Nuestra organización en 4 años ha sufrido más de 300 incidentes y hemos tenido que enfrentar numerosos casos legales, con al menos 10 detenciones ilegales en el último año.
¿Qué estrategias han puesto en marcha las organizaciones sociales y/o de la sociedad civil para hacer frente a ese contexto?
La estrategia más importante desarrollada es construir redes amplias de solidaridad y denuncia. Debemos seguir creyendo en la funcionalidad del sistema de justicia, a pesar de que en en el caso de Guatemala las élites económicas interesadas en las riquezas naturales de los pueblos indígenas, han capturado y cooptado la institucionalidad del Estado, con posible participación de grupos del crimen organizado. De esta manera persiguen a jueces, abogados, operadores de justicia, autoridades indígenas y defensores que cuestionan y visibilizan la ilegalidad del despojo de los territorios, así como la mencionada cooptación del Estado.
¿Qué medidas deberían implementarse en Guatemala para proteger a quienes defienden la tierra y el medio ambiente?
Es sustancial que los mecanismos internacionales de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas funcionen, que las instancias internacionales comprometidas con el desarrollo del mundo y la protección del medio ambiente sean más activas y propositivas, de tal manera que los Estados se vean obligados a comprometerse a tener políticas de protección a defensores y el medio ambiente. No debe ocurrir lo qu epasa en Guatemala en donde el Estado, lejos de proteger a las y los defensores de derechos humanos, los atacan y encarcelan.
En este caso, estoy hablando de que instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros organismos de cooperación con Guatemala, exijan mecanismos de cumplimiento con los derechos humanos para poder otorgar financiamiento para infraestructura o del presupuesto nacional.
¿Cuál es el vínculo que se observa entre la crisis climática y la violencia contra las y los defensores?
A medida que se busca silenciar las voces de las y los defensores de derechos humanos, vemos cómo las industrias extractivistas extraen la riqueza natural sin asegurar el cuidado del clima y de los ecosistemas, entonces hay una relación íntima entre los derechos humanos y el medio ambiente. Desacelerar el cambio climático es asegurar los derechos humanos.
¿Cuál es la importancia de tratar este tema en un espacio como el Foro Global de la Tierra?
El foro global es una instancia donde nos encontramos actores y organismos diversos, preocupados y comprometidos con el acceso a la tierra, la gobernanza y el cambio climático, además instancias de cooperación -las cuales colaboran también con los Estados, por lo que se vuelve estratégico elevar una voz conjunta para garantizar los derechos humanos de todas las personas, y asegurar que podemos hacer algo juntos por mejorar las condiciones del clima y la vida de las poblaciones que más sufren el impacto del cambio climático.
Visite la web del Foro Global de la Tierra 2022
En el marco del trabajo a nivel regional que impulsa la ILC LAC en torno a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente: ¿Qué temas consideras que son prioritarios posicionar a nivel de América Latina y el Caribe?
Hay que seguir insistiendo para que los Estados desarrollen políticas públicas para la protección y promoción de los derechos humanos. En América Latina hoy por hoy urge seguir hablando del respeto de los derechos humanos por parte de los Estados, para que garanticen la integridad y la vida de las personas defensoras de derechos humanos. Se debe garantizar sobre todo la gobernanza de los territorios de los pueblos indígenas, que somos en última instancia quienes protegemos y defendemos los ecosistemas, los cuales se consideran sagrados y hacen parte de una unidad entre naturaleza y ser humano.
Jacob Omar Jerónimo ha trabajado y coordinado acciones en múltiples espacios para proponer e incidir en la creación y aplicación de políticas públicas enfocadas a asegurar derechos colectivos de pueblos indígenas, en tierra, territorios, y desarrollo Rural Integral. Formó parte de distintos espacios nacionales, de organizaciones campesinas y de Derechos Humanos, desde las cuales ha aportado a la creación de jurisprudencia en materia del Derecho a la Alimentación en las cortes Guatemaltecas.