Desde el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, hasta el 22 del mismo mes, Día Internacional del Agua, se llevará a cabo la campaña Mujeres por el Derecho Humano al Agua. El objetivo de la misma, se centra en visibilizar el rol protagónico de las mujeres, campesinas e indígenas en relación al derecho humano al agua en Argentina, compartiendo algunos de los datos más importantes del informe presentado al Relator de Derechos Humanos y Ambiente a fines del 2020, y que ha sido insumo para la presentación oficial que está realizando el Relator ante la Asamblea General de Naciones Unidas durante marzo del 2021.
El Relator David R. Boyd, basó su informe “Los derechos humanos y la crisis mundial del agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua” en una serie de consultas a Estados, organizaciones sociales y universidades que quisieron acercar datos para graficar la situación actual del tema.
Desde Argentina, cinco plataformas multiactores se unieron para presentar contribuciones que ponen en evidencia la crítica realidad de las mujeres rurales y el acceso al agua en Argentina. ENI Argentina, coordinó este proceso con el Programa SEDCERO, la Plataforma Semiáridos, el Programa Defensoras Ambientales y la Unión de Trabajadores por la Tierra.
Como generalmente sucede con las injusticias socio-ambientales, los impactos de sequías, contaminación e inundaciones afectan a las mujeres campesinas, indígenas y de sectores urbanos marginalizados en mayor medida.
Esto sucede debido a su rol central en la obtención, manejo y distribución del agua segura. Dentro de las comunidades rurales y urbanas, son las mujeres las encargadas de las tareas de cuidado y trabajo doméstico, incrementados en 2020 a causa del COVID-19. Entre las tareas de cuidado , las mujeres se encargan de una de las más importantes en las zonas rurales, la “administración y acarreo del agua”, en la mayoría de los casos no apta para consumo.
Problemática
Actualmente existen 750 millones de personas en el mundo sin acceso adecuado a agua potable. De ellos, el 90 por ciento vive en zonas rurales. En Argentina, 5.3 millones de personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de 1 millón no lo tiene en el perímetro de su terreno (Censo Nacional 2010). Si se toma el total de la población, más del 13% de los y las argentinas no goza de acceso permanente a este recurso, especialmente en las provincias que integran la región del Gran Chaco (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, entre otras), donde las cifras alcanzan a un 41% de hogares sin agua.
En las comunidades rurales aisladas, este problema implica grandes riesgos a la seguridad alimentaria de las familias debido a que las poblaciones dependen en su mayor medida de la producción familiar, cultivos, cría de animales, y el agua no es accesible para consumo humano ni para la producción.
Esta situación, repercute directamente en el acceso a una vida digna, e influye en la decisión de permanencia o no de las familias en sus territorios. Para acceder al agua, las y los pobladores pagan hasta ocho veces más que en las zonas urbanas y, cuando no disponen de los recursos económicos, las familias deben caminar hasta 6 horas diarias para conseguir el agua para consumo de fuentes no seguras. Cabe destacar que la tarea de acarreo de agua recae generalmente sobre las mujeres y niños.
Poblaciones particularmente vulnerables a la contaminación del agua, la escasez de agua y las inundaciones.
El informe presentado al Relator Especial de ONU, reconoce tres puntos centrales en relación a las poblaciones más vulnerables:
- Es necesario generar espacios de participación entre comunidades, organizaciones campesinas, indígenas y sociedad civil en general, con decisores políticos, para elaborar estrategias que contemplen las necesidades y soluciones concretas que tienen los territorios en relación a la gestión del agua.
- Los mecanismos de consulta previa, libre e informada no se cumplen. Esto es una prioridad para las comunidades indígenas a lo largo del país, que se ven despojados de sus territorios y bienes naturales ante el avance de industrias extractivas.
- El Estado Argentino debe avanzar en agendas públicas que aborden y den solución a las principales brechas y barreras de género y avanzar hacia mayores niveles de justicia socioambiental.