El Segundo Foro Anual sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe concluyó con un llamado urgente en favor de la implementación un Plan de Acción Regional que aborde la seguridad, la perspectiva de género y la participación de las comunidades, mientras se enfrentan a desafíos en la lucha contra las industrias extractivas y la protección de la tierra y el territorio.
“¡Escazú ahora!”, con este llamado, cientos de defensoras y defensores de la tierra y el territorio culminaron su participación en el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, organizado por la Cepal.
Este foro es parte de los esfuerzos para la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el cual establece que los Estados-Parte se comprometen a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Constance Nalegach, ministra de Ambiente de Chile, país facilitador del Plan de Acción Regional, resaltó la importancia del artículo 9, ya que es el único artículo redactado absolutamente de puño y letra por personas, organizaciones y grupos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
“América Latina es la región más peligrosa para proteger el medio ambiente por lo cual reconocer y asegurar el ejercicio del rol de los defensores y defensoras ambientales no es sólo un mandato legal del Acuerdo sino por sobre todo un imperativo ético”, aseguró.
Con sede en la ciudad de Panamá, su segunda edición reunió a más de 300 personas de toda la región, y propuso tres jornadas de trabajo que tuvieron como eje central la discusión sobre el borrador del Plan de Acción Regional elaborado por Ecuador, Chile y San Cristóbal y Nieves.
La ILC LAC impulsó la participación de una nutrida delegación, conformada de 15 personas defensoras, integrantes de Coaliciones Nacionales por la Tierra y de la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio. El objetivo de ésta fue no solo garantizar una mayor apropiación del acuerdo de Escazú en los niveles territoriales y comunitarios, sino también proponer conversaciones alrededor de los enfoques de género, intergeneracionales e interseccionales del acuerdo, y potenciar articulaciones regionales para lograr la apropiación, firma e implementación del Acuerdo en los distintos países.
Asimismo, y como parte del programa oficial del Foro, se proyectó “La Ilusión de la Abundancia”, película apoyada por la ILC LAC y cuyas protagonistas y su directora también hicieron parte de la delegación.
La delegación reunió a defensoras, defensores, integrantes de Coaliciones Nacionales por la Tierra y de la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio
En acción por Escazú: hacia un plan regional
Durante todo el encuentro, las y los defensores pusieron de manifiesto la dramática situación que atraviesan, marcada por la creciente amenaza a sus vidas cuando deciden luchar ante el avance de las industrias extractivas y en defensa de sus comunidades y el medio ambiente.
"¿Cuáles son las estrategias que tenemos para lograr la implementación del Acuerdo si las recomendaciones llegan a nuestros países y se enfrentan a los intereses políticos y de los megaproyectos extractivos?", se preguntó Wuairanina, defensora de Colombia.
Ante la urgente necesidad de poner en marcha medidas efectivas y concretas para garantizar los derechos de las personas defensoras, contar con un Plan de Acción se vuelve primordial. En este sentido, Cesar Artiga, representante electo del público, consideró que “ante el cierre del espacio cívico, el incremento de mensajes de odio y criminalización”, se espera que el Plan de Acción Regional “sea una contribución significativa hacia soluciones para la situación de los defensores".
Integrantes de la delegación tomando la palabra en el Foro: Marcelo Sabuc Xalcut, del CCDA de Guatemala, Nancy Reina López, de la Asociación ARETEDE de Argentina, y Carolina de Moura, del Instituto Cordillhera de Brasil.
Una propuesta enriquecida de cara a la próxima COP
El trabajo realizado en cada jornada se organizó en torno a cuatro ejes: la generación de conocimiento, el reconocimiento, el fortalecimiento de capacidades, el apoyo a la implementación nacional y la cooperación, así como el seguimiento y revisión del plan.
Algunas de las propuestas que surgieron durante el Foro destacan la necesidad de que el Plan de Acción incorpore una perspectiva interseccional y de género: “queremos que dé cuenta de la diversidad entre las personas, y de los desequilibrios en las dinámicas de poder y las desigualdades históricas que sufren las mujeres” declaró Joara Marchezini, representante electa del público. También se mencionó que debe respetar los estándares y principios del Buen Vivir e incluir mecanismos especiales que garanticen la participación de pueblos indígenas y comunidades. Vinculado a esto, se requiere lograr una difusión efectiva que llegue a todas las comunidades, utilizando no solo los medios de comunicación adecuados a cada contexto, sino también adaptación de los materiales en los idiomas de las comunidades.
“Los procesos de consulta no pueden ser solo virtuales. Los Estados Parte deben incentivar procesos territoriales y nacionales de consulta" puntualizaron desde el grupo de representantes del público.
Además, se resaltó la importancia de que incluir la realización de diagnósticos con información sobre las situaciones locales, contando con datos desagregados y fuentes diversas, construir y fortalecer capacidades de las agencias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras. Por otra parte, el reconocimiento de los modelos y mecanismos de protección autogestionados que impulsan las comunidades deben ser tenidos en cuenta, ya que en ocasiones son los cuerpos de seguridad nacionales los que reprimen y violentan a defensores. Por último, se destacó la necesidad de identificar quienes son los responsables de la ejecución de dicho plan, para poder monitorear y solicitar que rindan cuentas.
Carole Denise Stephens, parte del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, expresó que "cuánta más gente conozca el Acuerdo de Escazú, se involucre, participe de los reportes, consulte sobre su implementación, más vida cobrará”.
“El Acuerdo de Escazú es una ayuda, pero hace falta mucho compromiso por parte de los Estados. Creemos que es un instrumento que puede ayudar a minimizar los ataques, o a hacer justicia para las personas defensoras de derechos humanos y bienes naturales, pero sabemos que esto no resuelve el problema, pues no logra frenar a las empresas” considera Marcelo Sabuc Xalcut, miembro del Comité Campesino del Altiplano de Guatemala y parte de la delegación.
Las conclusiones del foro y las mesas de trabajo se plasmarán en un informe final que servirá como insumo para la elaboración y revisión del plan de acción por parte del Grupo de Trabajo. Luego pasará a consulta pública y será presentado -con el objetivo de ser aprobado- en la próxima Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en 2024. En ese sentido, Cesar Artiga aseveró “no es ideal, es urgente y necesario que se apruebe un Plan de Acción en la próxima COP”. Es prioritario redoblar esfuerzos y compromisos si se busca transformar la realidad de las defensoras y defensores de la tierra y el territorio en nuestra región.