La extranjerización de tierras es el proceso mediante el cual la tierra o su producción queda en dominio, dirigida o controlada, total o parcialmente, por capitales extranjeros, estatales o privados, en nombre propio o a través de terceros. Este fenómeno puede tener como finalidad la explotación económica de la tierra o de los bienes y servicios ecosistémicos asociados, o la especulación y captación de rentas. Según los datos disponibles, más de 19 países en el mundo han adoptado disposiciones para regular la extranjerización de la tierra.
En el caso de Colombia, la concentración de la propiedad de la tierra se está intensificando enormemente. De acuerdo a los reportes de Land Matrix LAC, ya en 2021 habían 1.047.155 hectáreas de tierras extranjerizadas en el país.
La ausencia en materia de tenencia y formalización de tierras, y en específico, la ausencia de información oficial con relación a la extranjerización de tierras en el país hace necesario avanzar en una legislación que regule la extranjerización de la tierra y la pérdida de la soberanía nacional y alimentaria, regulando la comercialización de tierras de la frontera agrícola respecto a personas naturales y jurídicas extranjeras, estableciendo límites a la titularidad, posesión y/o tenencia, y evitando el acaparamiento por parte de capitales extranjeros.
Para dar respuesta a esta situación, se presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 309/2023 para regular la propiedad, posesión y/o tenencia de tierras al interior de la frontera agrícola por parte extranjeros, firmado por congresistas de los partidos políticos Unión Patriótica, Comunes, Pacto Histórico y Alianza Verde, entre otros. Entre los puntos clave del articulado se encuentran:
- La adquisición de inmueble rural por persona natural extranjera no podrá exceder de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), en área continua o discontinua.
- Establece un máximo de 15% de las tierras dentro de la frontera agrícola de cada municipio que pueden estar controladas por extranjeros.
- Se establecerán límites a la propiedad, posesión y/o tenencia de tierras rurales, con el fin de evitar la concentración de predios rurales por parte de capitales extranjeros.
- Creará un Sistema de información de propietarios, poseedores y tenedores extranjeros en donde el Ministerio de Agricultura en un año luego de la promulgación de la Ley, registrará negocios jurídicos donde participen extranjeros.
- Prohíbe la colaboración o cooperación de personas naturales o jurídicas colombianas con personas naturales o jurídicas extranjeras para infringir o afectar los límites y restricciones establecidas en la presente Ley.
- La crisis climática vulnera cada vez más el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.
Tras su presentación, el proyecto ha recibido numerosas críticas, que indican que podría alejar las oportunidades de inversión extranjera en las áreas más necesitadas del país.
Ante esto, la Coalición Nacional por la Tierra de Colombia ha difundido una serie de mensajes en redes sociales para visibilizar la situación en el país y contribuir a una comunicación cierta y precisa sobre cómo la regularización de es un paso necesario para preservar la soberanía alimentaria y garantizar los derechos a la tierra.
Uno de los miedos que busca desterrar la CNT Colombia con esta acción es que, de aprobarse, la ley no afectará los derechos adquiridos conforme a la Ley por personas naturales o jurídicas extranjeras, como tampoco incluye disposiciones que permitan la expropiación de tierras.
La CNT Colombia también destaca que el proyecto presentado permite a las personas naturales y jurídicas extranjeras acceder a porciones de tierra dentro de la frontera agrícola equivalentes a una Unidad Agricola Familiar, y que busca proteger a la tierra en tanto recurso finito necesario para garantizar, entre otros derechos, la soberanía alimentaria.