El caso del proyecto minero El Escobal de la empresa Tahoe Resource Inc. en San Rafael Las Flores
Este es uno de los casos emblemáticos de criminalización de la protesta social y limitaciones a la libertad de asociación y protesta pacífica.
El proyecto minero se inició sin contar con la licencia social que debía ser dada por las comunidades afectadas. Frente a la vulneración de sus derechos a ser consultados y a decidir sobre su desarrollo social y económico, las comunidades se organizaron y con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron contra el proyecto minero a través de autoconsultas de buena fe. El Gobierno de Guatemala, claramente en apoyo a la empresa minera, no escuchó la demanda de la población y respondió enviando al ejército a la calle, declarando el estado de sitio en el municipio y llevando a cabo acciones de amedrentamiento y persecución contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.