Asamblea Regional de Miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra -América Latina y el Caribe. Foro de la Tierra ALC “La gobernanza incluyente de la tierra y los territorios ante el cambio climático: el rol central de la sociedad civil organizada”.
25 – 28 de septiembre de 2017
Las 38 organizaciones miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land Coalition – ILC), de 15 países de América Latina y el Caribe, con la fraterna acogida de Espacio Feminista, nos hemos reunido en Recife, Brasil para nuestra XI Asamblea Regional, y en Caruaru , para el Foro de la Tierra de América Latina y el Caribe 2017 con el lema: "La gobernanza incluyente de la tierra y los territorios ante el cambio climático: el rol central de la sociedad civil organizada”. Luego de intercambiar experiencias, debatir y reflexionar sobre nuestro trabajo y lo que acontece respecto a los derechos a la tierra y el territorio en nuestros países, presentamos la siguiente Declaración:
En los últimos años se han incrementado los conflictos por el acceso, el control y el uso de la tierra y los territorios en toda la región debido a la expansión del agronegocio, de la industria del turismo y de grandes inversiones en megaproyectos mineros, hidroeléctricos, hidrocarburíferos y forestales en los territorios rurales.
Los gobiernos han ignorado las demandas campesinas e indígenas en torno a esta problemática, respondiendo de manera parcial e insuficiente, liberalizando el mercado de tierras y aumentando seriamente el riesgo de un agravamiento de los procesos de concentración de tierras en la región. Ante esta situación, exigimos que se implementen políticas dirigidas a alcanzar una gobernanza de la tierra centrada en las personas y la gestión sostenible de los recursos naturales y bienes comunes para enfrentar la concentración de tierra en pocas manos, la marginalidad y la pobreza, y lograr las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La región de América Latina y el Caribe está sufriendo severamente el impacto del cambio climático, expresado en un aumento de la temperatura, derretimiento de glaciares, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad, lo que se manifiesta en mayores inundaciones y sequías más frecuentes y prolongadas, con consecuencias muy negativas sobre los sistemas de producción familiares y comunales y, en particular, en la vida de las mujeres rurales. Por ello, exhortamos a los Estados a tomar medidas para prevenir y mitigar el impacto del cambio climático, proteger y conservar los ecosistemas de agua dulce, reducir la contaminación por la minería y las industrias, controlar la deforestación de bosques, la construcción de represas y la urbanización desordenada. Llamamos a la implementación del Acuerdo de París y a la profundización de propuestas dirigidas hacia la transformación de nuevos modelos de desarrollo, incorporando las visiones y conocimientos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y jóvenes de la región y garantizando su real participación en todos los espacios y procesos de toma de decisión.
América Latina y el Caribe sigue siendo la región con mayor desigualdad del planeta; una situación que afecta principalmente a las mujeres y jóvenes rurales en su diversidad social, étnica y cultural. La desigualdad social y económica en la región surge de un sistema económico que privilegia el capital sobre los derechos humanos y sobre la vida de los ecosistemas y es reforzada por la violencia de género producto de un patriarcado hegemónico que limita a mujeres y jóvenes el goce de sus derechos a la tierra y al territorio. Demandamos a los Estados el diseño e implementación de políticas y programas relativos a la gobernanza de la tierra y el territorio con la participación activa de mujeres y jóvenes, de modo que se tomen en cuenta sus formas de vida y sus propias concepciones de desarrollo.
En nuestros países persiste una violación constante de estándares y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Brasil, Colombia y Honduras son los países en los cuales se concentra la mayoría de asesinatos de líderes y lideresas. Este incremento de violencia expresa una relación de poder desigual y un sistema institucional que protege a sectores de mayor poder económico y de influencia política y judicial. Por ello, exigimos que se garantice la seguridad de líderes y lideresas que protegen y defienden la tierra, que cese la criminalización que sufren, que se investigue a quiénes son los responsables de estos crímenes para que no queden en la impunidad y que se respete el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado garantizado por el Convenio 169 de la OIT.
Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes están viviendo presiones de mineros, productores de cultivos ilícitos y madereros ilegales, que las fuerza a desplazarse, dejando sus territorios y sus recursos en manos de estos grupos. Preocupan de manera particular aquellos casos que se dan en territorios de pueblos indígenas en aislamiento, como el que se ha dado en el territorio indígena Vale do Javari en Brasil, donde fueron recientemente asesinados diez indígenas conocidos como “flecheiros”. Asimismo, es preocupante la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentra la comunidad Laguna Larga en el municipio de San Andrés Petén, departamento de Petén en Guatemala, que fue obligada a salir de su comunidad por un inminente desalojo. Ambos casos son ejemplos críticos de decenas de situaciones que están ocurriendo en toda la región. Por ello demandamos a los Estados cumplir con su obligación de garantizar la vida, la seguridad y la permanencia de los pueblos indígenas y campesinos en sus territorios. Instamos a los Estados al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos en la región.
En algunos países de la región encontramos una evidente crisis de gobernabilidad en donde la corrupción, al autoritarismo, la violencia y el narcotráfico están debilitando las bases del sistema democrático y del Estado de Derecho, e impactando principalmente en aquellas personas que están en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, demandamos que en toda la región, la clase política, las instituciones, las organizaciones y la ciudadanía asuman un compromiso indeclinable con la democracia, la verdad y la justicia, respetando los canales institucionales establecidos y la voluntad popular.
La Asamblea Regional de Miembros de ILC ALC realizada en Recife y el Foro de la Tierra ALC en Caruaru nos han permitido conocer más sobre la problemática del campo, de los sectores rurales y de las organizaciones sociales en Brasil. En ese sentido, apoyamos la lucha y la resistencia de las organizaciones y movimientos sociales en toda su diversidad frente al severo retroceso político con pérdida de derechos que se vive en la actualidad.
La Plataforma de la ILC ALC reafirma su compromiso de seguir trabajando por una gobernanza de la tierra centrada en las personas y de apoyar los procesos de defensa de los derechos a la tierra y los territorios desde una mayor integración y articulación regional.
Finalmente expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de México y el Caribe en estos momentos sumamente dolorosos por las pérdidas humanas y materiales provocadas por los desastres naturales más recientes y llamamos a los Estados a acelerar la atención y reconstrucción de las zonas devastadas.
Caruaru, 28 de septiembre de 2017