Rony Morales es un periodista comunitario de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en Guatemala y Michael Taylor es Director de la Secretaría, basada en Roma, de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, alianza de 255 organizaciones multilaterales y de la sociedad civil pertenecientes a 77 países.
En Guatemala, una de las instituciones esenciales en la lucha por la protección de los derechos humanos y el estado de derecho está en serio riesgo. Por orden del Presidente Jimmy Morales, la agencia independiente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no contará con un nuevo periodo, 12 años después de haber sido establecida por las Naciones Unidas.
Iván Velásquez, Director de la CICIG, ya resistió el año pasado un intento por parte del Presidente de expulsarlo del país. Sin embargo, Velásquez, colombiano, tiene ahora prohibida la entrada en Guatemala. Se han presentado apelaciones legales al Tribunal Constitucional con la intención de anular la orden.
Velásquez se mantiene, estoicamente, comprometido con el trabajo de la Comisión, manteniéndose a cargo de ella desde el extranjero. Nos reunimos con él hace unas semanas cuando recibió a nuestra delegación de alto nivel, organizada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, en respuesta al estallido de violencia contra las personas defensoras de los derechos a la tierra en Guatemala.
Los últimos ocho meses han visto una ola de asaltos, amenazas de muerte y asesinatos. Diecinueve personas activistas y periodistas han sido asesinadas, siendo muchas de ellas también torturadas. Dos eran periodistas de comunidades, tres organizaban sindicatos y 14 eran líderes y lideresas indígenas.
Hasta el día de hoy no hay acusados, a pesar de que muchos de los asesinatos tuvieron lugar en lugares públicos.
En nuestra reunión, Velásquez expresó su gran preocupación sobre la creciente influencia de las “estructuras criminales” en el Estado, la militarización de la policía y la legislación restringiendo libertades civiles. Explicó el aumento de los asesinatos como un esfuerzo desesperado de contener los movimientos de base que defienden la democracia y los derechos territoriales indígenas. Uno de esos movimientos es el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). El Comité ha sido verbalmente atacado en público por el Presidente, con seis personas del liderazgo de CODECA asesinadas desde enero.
La mayoría de los/as activistas ha sido asesinada mientras defendía los derechos a la tierra. Guatemala no es única a este respecto. Dos tercios de las 312 personas activistas asesinadas en el mundo en 2017, según un informe de Front Line Defenders, estaban defendiendo los derechos de personas y comunidades amenazadas por mega proyectos, minería y grandes negocios.
Aunque terrible, es muy normal para las fortunas propietarias de grandes extensiones de tierras en Guatemala echar a comunidades enteras de zonas en las que éstas han vivido por generaciones, a menudo con la ayuda de milicias privadas o del ejército. Los ríos guatemaltecos han sido entregados a inversores privados para su venta al por mayor en la generación hidroeléctrica y la irrigación de extensas plantaciones de caña de azúcar y aceite de palma.
Lo que presenciamos en la actualidad es continuación de una larga historia de desposesión por parte de la mayoría indígena. En 1950, el 72% de las tierras guatemaltecas estaba en manos de tan sólo el 2% de la población. Esfuerzos de una corta administración democrática para implementar la reforma agraria fueron interrumpidos en 1954 por el golpe apoyado por los EE.UU. Los 36 años de guerra civil que vinieron a continuación enfrentaron a comunidades campesinas e indígenas con el gobierno. Cuando finalmente se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996, la reforma agraria fue un elemento central.
A pesar de ello, los gobiernos que siguieron han ignorado el asunto para seguir con un modelo de desarrollo exclusivista. En la última década, el Producto Interior Bruto de Guatemala se ha doblado a la vez que, durante el mismo periodo, las tasas de pobreza han aumentado. La malnutrición infantil es de las más altas del planeta (46.5%) y más del 75% de la población indígena vive en condiciones de pobreza.
La élite parece estar dispuesta a continuar enriqueciéndose a sí misma, bloqueando la reforma a cualquier precio. Actualmente, parece que ese precio podría ser el riesgo a retroceder a los oscuros días de la guerra civil.
Una de las pocas instituciones capaces de desafiar el status quo es la CICIG. Velásquez no se amedrantó en el pasado de hacerlo: imputó a los anteriores Presidente y Vicepresidente con cargos de corrupción. Sin la CICIG, las comunidades que luchan por la tierra y el medio ambiente pierden una de sus últimas esperanzas de protección.
La implacable miseria causada por la desposesión desestabiliza, todavía más, las posibilidades de paz no sólo de Guatemala, sino también de una región ya inestable de por sí. También instiga a familias con pocas opciones locales a intentar el peligroso viaje a Estados Unidos. Aunque sólo fuera por esta razón, EE.UU debería preocuparse del proceso de reforma agraria en Guatemala.
Sin embargo, hasta el momento Estados Unidos no ha mostrado signos de utilizar su importante ventaja económica y política. Sigue siendo el socio más importante de Guatemala en actividades comerciales, incluyendo en sectores con gran utilización de tierras como la energía hidráulica y la agricultura. Inexplicablemente, EE.UU rehusó respaldar la declaración conjunta emitida la semana pasada por el grupo de donantes G13 en apoyo de Velásquez, además del trabajo crucial de la CICIG.
Guatemala no puede seguir ignorando los derechos a la tierra de su ciudadanía y la corrupción. La reforma agraria (o la redistribución de la tierra agrícola) es un tema del siglo XXI, a la cabeza en la agenda política de no sólo Guatemala, sino también de países como Sudáfrica, Colombia e Indonesia.
En interés de la comunidad internacional, es importante asegurar que la polarización en Guatemala no alcance un punto álgido. Para que todas las personas guatemaltecas tengan oportunidades justas de ganarse la vida decentemente, hay que restaurar el mandato de instituciones independientes como la CICIG y empoderar y proteger a aquellos/as activistas que reclaman la reforma agraria. Sólo entonces, finalmente, podrá florecer la paz.