La International Land Coalition – América Latina y el Caribe (ILC LAC) expresa su profunda preocupación por la crisis política y social que atraviesa Ecuador, marcada por el abuso del poder, la militarización de la vida pública y la criminalización de la protesta social.
Actualización: al 28 de octubre se ha documentado la muerte de tres personas como consecuencia de la violencia desplegada por las fuerzas del orden en el marco del paro: Efraín Fuerez, comunero kichwa; José Guamán y Rosa Paqui. Estos hechos se encuentran bajo investigación por presunta extralimitación en la ejecución de actos de servicio.
El paro nacional convocado por la CONAIE y diversos movimientos sociales en rechazo al Decreto Ejecutivo 126 que retira el subsidio al diésel, es una expresión legítima del descontento de la ciudadanía ante políticas regresivas que se han puesto en marcha en los últimos meses. El Decreto Ejecutivo 60, que fusiona los Ministerios de Ambiente y Energía, debilitando la institucionalidad ambiental y la protección de los derechos colectivos; la reciente aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas que impacta directamente en los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y de la naturaleza; así como el impulso de una consulta popular convocada sin el debido proceso, evidencian un patrón preocupante de concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho.
Pese a ejercer el legítimo derecho a la protesta, las comunidades movilizadas están siendo víctimas de criminalización y violencia.
Organizaciones de derechos humanos han documentado a la fecha más de 90 detenciones, decenas de personas heridas y la muerte de Efraín Fuerez, comunero kichwa; además de acusaciones de “terrorismo” contra líderes sociales y el cierre de medios comunitarios como TV MICC.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU expresó su profunda preocupación por la represión y criminalización de la protesta indígena en Ecuador, subrayando la necesidad de garantizar los derechos a la libre expresión, la reunión pacífica y la participación política de los pueblos indígenas.
La acción represiva del Estado es parte de una estrategia de seguridad militarizada implementada bajo el denominado Plan Fénix. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado casos de desapariciones forzadas y abusos graves como consecuencia de dicha estrategia. Asimismo, el uso de las fuerzas armadas se disfraza de “asistencia humanitaria” o de operaciones de orden interno, cuando en realidad constituye una intervención militar para controlar territorios indígenas y campesinos, especialmente en el cantón de Otavalo de la provincia de Imbabura, zonas de mayor concentración de recursos naturales.
Resulta alarmante que sean precisamente los Pueblos Indígenas, campesinos y afrodescendientes —que garantizan la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, cuidan el agua y defienden los territorios— quienes hoy enfrentan una violencia desproporcionada del Estado, en contradicción con los principios progresistas que la propia Constitución del Ecuador reconoce.
La ILC LAC se compromete a seguir de cerca la situación, y se solidariza con los pueblos y comunidades que, con dignidad y resistencia, defienden la vida, la democracia y la justicia social frente al avance de políticas que amenazan su existencia y sus territorios.
International Land Coalition – América Latina y el Caribe (ILC LAC)