Este especial forma parte de "Tierra conTEXTO", una serie en la que se reflexiona sobre la cuestión de la tierra y su gobernanza en distintos contextos sociales y políticos de países de América Latina y el Caribe.
La historia del Perú quedará marcada por las graves violaciones de derechos humanos ante las protestas y movilización de la población peruana, a partir del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y su inmediata vacancia en diciembre del 2022. La violencia desatada por parte del Estado es, sin dudas, la más virulenta desde que regresamos a la vida democrática hace 22 años.
El gobierno nacional, encabezado por Dina Boluarte luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, no solo ha tomado una postura desafiante al negar y tergiversar los hechos de violencia ocurridos durante las protestas sociales[1], sino que tampoco ha generado mínimas condiciones para establecer responsables ante las muertes y otras violaciones de derechos fundamentales.
Desde el 7 diciembre, se cuentan hasta el momento más de 70 víctimas mortales[2], de las cuales 49[3] presentan serios indicios de una actuación desproporcionada de las fuerzas policiales y militares, las que han sido documentadas y prueban la responsabilidad directa de las fuerzas del orden. Dichos casos no están siendo investigados debidamente por el Ministerio Público o adolecen de extremada lentitud[4]. A estas ellos se suman centenares de heridos[5], detenciones arbitrarias o ilegales,[6] y procesos judiciales abiertos sin pruebas a personas que participaron en las protestas.
Discursos de odio, racismo y una población indígena y campesina como principal víctima de la crisis
Parte de la crisis actual que hoy vive el Perú se explica por la elevada polarización política. A partir de los resultados de primera vuelta de las elecciones presidenciales que llevaron a Castillo al poder - y a Keiko Fujimori a la derrota- hubo una multiplicación de discursos de odio hacia la población rural por su origen que pueden entenderse como parte de un continuo de violencia y racismo que han dado lugar a hecho como las masacres en las ciudades andinas de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca[7].
La decisión del gobierno ha sido no reconocer las demandas de quienes protestan, cerrando así toda posibilidad de diálogo. La presidenta Dina Boluarte ha negado reiteradas veces atender demandas políticas, indicando que solo atenderá a las demandas sociales[8]. Esto constituye una violación de los derechos políticos y un acto discriminatorio contra las poblaciones andinas que protestan, las cuales han sido históricamente despreciadas por las élites dominantes y olvidadas por el aparato estatal. Es necesario mencionar que la población indígena y campesina es la que padece la mayor desigualdad a nivel político, social y económico. Prueba de ello es que la pobreza se concentra en la sierra rural –Puno, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho son algunas de las regiones más pobres– y en las comunidades nativas de la selva.
Quienes han perdido la vida por responsabilidad del Estado son, en su mayoría, miembros de poblaciones indígena[9].
Las violaciones de derechos humanos -existen indicios suficientes que podrían configurar delitos de lesa humanidad[10]- tienen un trasfondo de motivos políticos, y también raciales, étnicos y culturales. Como sucedió durante el periodo de violencia política del 1980- 2000, son las vidas de las poblaciones indígenas las que menos importan al aparato estatal. “Mientras que los departamentos con población mayoritariamente Indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis” detalla el informe de Amnistía Internacional[11]. Por ejemplo, en la región de Puno, las 22 personas presuntamente asesinadas por fuerzas del orden son identificadas como parte de un pueblo indígena quechua o aymara, y los diez peruanos que perdieron la vida en Ayacucho pertenecen al pueblo quechua. De la misma manera, las siete personas fallecidas en Andahuaylas o los dos comuneros indígenas que murieron en Cusco.
Sin embargo, el centralismo y el racismo impera en las elites nacionales, que se niegan a dialogar, a escuchar sus reclamos, y van en contra de sus derechos a la participación y representación política. ¿Qué democracia se puede construir y sostener en Perú si se los continúa marginando del debate y se los reprime cuando luchan por sus derechos? Aquel lema que reza “sin derechos no hay democracia” hoy en el Perú está más vigente que nunca.
[1] Recientemente la presidenta Dina Boluarte ha declarado: “luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo vimos la asonada golpista, con más de 60 fallecidos de nuestros compatriotas, con presupuesto desde el lado del narcotráfico” declaraciones en TV. Perú el 21 de marzo.
[2] Aún la cifra exacta es imprecisa, el informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos menciona más de 76 muertes, otras organizaciones de la sociedad civil mencionan de más víctimas mortales.
[3] La cifra 48 ejecuciones es una cifra oficial proporcionada por la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que se suma la reciente muerte de Rosalino Florez, tras una larga agonía, herido con 36 perdigones en protesta de Cusco el 11 de enero.
[4] Informe de CNDDHH señala irregularidades en las investigaciones ver informe. Amnistía Internacional, 17 de marzo: Continua la represión racista y lentitud en investigaciones: https://amnistia.org.pe/noticia/peru-cien-dias-represion/
[5] Las estimaciones más bajas mencionan de 960 heridos otras fuentes señalan más de 1200 heridos.
[6] Ver Informe 80 días de represión en el Perú de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, El caso del allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se detuvo a 193 personas durante 24 horas para después liberarlas sin cargo alguno. Ver https://derechoshumanos.pe/2023/03/80-dias-de-represion-en-el-peru/
[7] El periódico New York Times, acaba de emitir un informe periodístico donde analiza 8 casos de uso desproporcional de la fuerza, con el resultado de 8 presumibles: https://www.nytimes.com/es/2023/03/16/espanol/peru-policia-ejercito-protestas-armas.html
[8] Agencia Andina de Noticias: https://andina.pe/agencia/noticia-presidenta-boluarte-venimos-atendiendo-demandas-historicas-de-poblacion-924188.aspx
[9] Los tres departamentos con porcentaje más alto de población que se autoidentifica como parte de un pueblo indígena son Puno (90.8%) Apurímac (87%) y Ayacucho (81,5%) según los datos del Censo 2017 sobre autoidentificación étnica. Estos departamentos coinciden con las regiones que contabilizan mayor violencia policial y militar. Datos del censo aquí: https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/paginas_internas/items/Autoidentificaci%C3%B3n%20%C3%A9tnica%20censo%202017.pdf
[10] Perú suscribió en noviembre del 2001 el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma que su artículo 7 tipifica el delito de lesa humanidad.
[11] Reporte de Amnistía Internacional: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población indígena y campesina: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/?fbclid=IwAR2a_hmicEeykvK4xSYQBO0YK1XJctWacpxArl2KILRI_D92pX89iT_61ZE