Recientemente, el Estado chileno avanzó en la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas -a través de la Ley SBAP-, y de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Ambas iniciativas significan un avance en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas, pero su puesta en marcha también supone desafíos.
El Observatorio Ciudadano Chile y la Red TICCA, en sintonía con el trabajo que desde hace años vienen realizando, sumaron sus fuerzas para ampliar el alcance de la información sobre la ley, brindaron apoyo técnico a la comisión, y abonaron a procesos colectivos de pueblos indígenas y comunidades locales para fortalecer su capacidad de diálogo y acción. Estas acciones se enmarcan en la campaña regional "Asegurar los Territorios Indígenas para Proteger la Vida", que impulsa el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coalición para el Acceso a la Tierra en América Latina y el Caribe (ILC LAC).
El modelo clásico de conservación, basado en la creación por parte de los Estados de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), si bien es reconocido por sus contribuciones a la protección y conservación de la diversidad biológica, ha sido ampliamente cuestionado por las vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos los derechos territoriales, que han sufrido muchos pueblos y comunidades indígenas en todo el mundo.
SIGUIENDO ESTE MODELO DE CONSERVACIÓN, MILES DE PUEBLOS Y COMUNIDADES FUERON EXPULSADOS DE SUS TERRITORIOS O LES FUERON PROHIBIDOS SUS USOS CONSUETUDINARIOS PARA ASÍ CREAR “PARQUES SIN GENTE”, SOLO PARA VISITANTES.
Chile no ha sido la excepción. El fenómeno de sobreposición entre ASP y territorios indígenas se encuentra a lo largo de todo Chile, afectando a todos los pueblos indígenas y sus territorios tradicionales. Un estudio de 2018 indica que, sobre 101 unidades de áreas protegidas, 25 se sobreponen con comunidades indígenas y sus tierras tradicionales [1].
Las ASP, que fueron creadas sobre territorios indígenas tradicionales, sin su consentimiento, libre, previo e informado, han pasado y vienen pasando por diversos procesos de diálogo con las comunidades y/o pueblos afectados. En algunos casos, esto les ha permitido llegar a acuerdos[2] que garantizan sus derechos territoriales y usos consuetudinarios y ancestrales. Hasta ahora estos acuerdos han tomado como marco de referencia los derechos de los pueblos indígenas y estándares internacionales [3] pero son casos aislados y no constituyen una política sistemática para el país.
NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En septiembre de 2023 se publicó la Ley 21.600 que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (en adelante Ley SBAP) que, con sus deficiencias [3], es un avance significativo al garantizar la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza de las ASP. Además, esta nueva legislación crea las Áreas de Conservación Indígenas, espacios que serán administrados por comunidades y organizaciones indígenas y que serán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas reconocidas por el Estado de Chile. Esta ley contó con aportes, participación e incidencia de la Red TICCA en Chile y el Observatorio Ciudadano.
Dos meses antes, en junio de 2023, se creó la Comisión por la Paz y el Entendimiento (CPE) para abrir un diálogo social que permita determinar la demanda real de tierras y territorios ancestrales (creando un catastro) y proponer mecanismos para su restitución al pueblo mapuche [4]. Conformada por comisionados de distintos sectores sociales [5], la CPE generó gran expectativa porque abordaba de forma directa la principal demanda de los pueblos indígenas, pero su trabajo avanza muy lentamente y evidencia limitaciones. Al mismo tiempo, la legislación vinculada a tierras indígenas no ha se modificado para alinearse al Convenio 169 -ratificado por Chile en el 2008-, lo cual restringe el trabajo de la comisión respecto a los procedimientos que pueden proponer para la restitución de tierras y territorios.
De igual modo, la CPE representa la oportunidad de incidir, incluyendo las demandas de tierras y territorios del pueblo mapuche en áreas protegidas, y que a la vez se puedan proponer mecanismos de solución que permitan cumplir con la protección y conservación de la biodiversidad. Finalmente, contar con un catastro de la demanda territorial del pueblo mapuche, ya significa de por sí un avance, que permitirá luego avanzar en el reconocimiento.
BRINDAR INFORMACIÓN, GENERAR ARTICULACIONES Y APOYAR PROCESOS
En el marco de la campaña regional “Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida”, y como continuación de los numerosos esfuerzos que desde hace años viene realizando para el reconocimiento de los derechos territoriales y gobernanza de pueblos indígenas, la Red TICCA en Chile y el Observatorio Ciudadano, realizaron distintas acciones de incidencia.
Ante una gran campaña promovida por la industria salmonera que buscaba frenar la aprobación de la ley SBAP a través de noticias falsas, producir contenidos en base a información clara, bien sustentada y desde un enfoque de derechos sobre los procesos legislativos y políticos que se desarrollan en el país para contrarrestar la desinformación fue fundamental.
En articulación con diversas ONGs ambientalistas y de conservación, brindaron información a las comunidades indígenas, y a la sociedad civil en general, sobre los contenidos de la Ley SBAP, respecto al reconocimiento de los derechos territoriales y gobernanza de los pueblos indígenas. Tanto en el último tramo de tramitación, como luego de su aprobación y entrada en vigencia, se promovieron contenidos en redes sociales, y se logró presencia en medios digitales.
En relación con el trabajo de la CEP, el Observatorio Ciudadano fue convocado como institución experta para brindar aportes sobre el alcance de las competencias del trabajo de la comisión. Desde ese lugar, OC destacó la necesidad de asegurar los estándares de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, así como la jurisprudencia internacional en relación con tierras y territorios, y la necesidad de abordar las tierras y territorios ancestrales como una vía para resolver el conflicto histórico entre el Estado y los pueblos indígenas.
La reflexión sobre las formas de gobernanza que vienen ejerciendo los pueblos indígenas en sus territorios, muchos de ellos con superposición de áreas protegidas, impulsó la necesidad de trabajar de manera articulada y colectiva para presentar demandas y propuestas ante la CPE.
Ejemplo de esto fue el apoyo brindado al Consejo de Comunidades Mapuche de Puyehue para diagnosticar y documentar la demanda de reconocimiento y restitución de sus territorios ancestrales.
En la misma línea, se realizó el encuentro “Perspectivas y Acciones para la Conservación y Gobernanza de los Territorios de Vida en Chile” en la comunidad Ñielay Mapu, comuna de Puyehue. Este espacio estuvo orientado a compartir y analizar la situación actual del contexto chileno en cuanto a procesos de gobernanza en áreas protegidas reconocidas por el Estado, y así poder intercambiar saberes y experiencias en torno a este contexto y consolidar acciones comunes de incidencia en este tema. Como acuerdos del encuentro se establecieron acciones conjuntas de incidencia y participación, para aportar en la elaboración de los reglamentos que debe desarrollar la Ley SNAB para su implementación, posicionando la visión de conservación de los pueblos indígenas, sus derechos territoriales y gobernanza en las áreas protegidas que se superponen a sus territorios.
HACIA ADELANTE
Gracias al trabajo conjunto se conformó un grupo cohesionado y articulado, preparado para actuar cuando se inicien las audiencias públicas de la CEP, ante la cual harán llegar su propuesta para garantizar que -conforme a los derechos que los tratados, instrumentos internacionales y legislación nacional les reconoce- los pueblos indígenas cuyas tierras y territorios de uso y ocupación tradicional hayan sido declarados como ASP sin consulta ni consentimiento libre previo e informado, tengan el derecho a la restitución de sus territorios si así lo demandaran. Y para asegurar su derecho a participar de la administración de dichas ASP en forma conjunta con el Estado, y a ejercer la plena gobernanza sobre ellas.
Las acciones continúan. Entre los próximos pasos está el de incidir y aportar a los 22 reglamentos de la Ley SBAP que deben elaborarse en el plazo de 2 años. Si bien el proceso de reconocimiento de derechos es un proceso largo y complejo, desde Observatorio Ciudadano destacan la importancia de articularse y consensuar posturas comunes entre comunidades y territorios que enfrentan situaciones similares para articular acciones de incidencia y propuestas colectivas como el principal aprendizaje.
SOBRE LA CAMPAÑA
"Asegurar los Territorios Indígenas para Proteger la Vida" reúne cerca de 25 organizaciones indígenas y de la sociedad civil, incluidas 5 Coaliciones Nacionales por la Tierra de América Latina y el Caribe tras un objetivo común: exigir a los Estados que garanticen, protejan y promuevan los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.
REFERENCIAS
[1] Molina, Raúl. (2018). Control territorial indígena y gestión turística de áreas Silvestres Protegidas: experiencia atacameña y rapa nui, Chile. POLÍGONOS. Revista de Geografía.
[2] Recientemente, por ejemplo, se ha reconocido la gobernanza de comunidades mapuche sobre una parte del Parque Nacional Villarica.
[3] La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales –especialmente art. 5,6,7,13,14,15– y el Convenio de la Diversidad Biológica.
[4] La Ley SBAP, si bien no reconoce los “territorios indígenas”, sí reconoce el concepto de “tierras indígenas” cuando reconoce a las “Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas” (art.62), las que puede estar ubicadas tanto en “tierras indígenas” como en “espacios costeros marinos de pueblos originarios", con el objetivo de conservar hábitats, especies, servicios ecosistémicos y valores culturales, así como conocimientos locales y prácticas tradicionales, dónde podrán seguir desarrollándose actividades de uso ancestral y consuetudinario, así como actividades de uso sustentable.
[5] La creación de esta comisión responde a la agudización, en las últimas décadas, de los conflictos por la reivindicación de territorios ancestrales del pueblo mapuche. Las políticas impulsadas por el Estado han sido ineficaces para solucionar el problema de restitución de tierras y territorios indígenas, sumado a la militarización del territorio mapuche de forma permanente desde que asume el gobierno del presidente Boric.
[6] La elección de los comisionados fue muy cuestionada por la población, pues entre ellos se encontraban representantes de sectores empresariales y gremios que evidencian un desconocimiento de los estándares de derechos humanos que deben tomarse en consideración.