La Estrategia para la Gobernanza Territorial Incluyente y Sostenible para la Seguridad Alimentaria (ENI Guatemala) junto con organizaciones del Frente Amplio han logrado importantes avances respecto a los 69 casos presentados al Ministerio Público -calificados de "conflictos agrarios"- tras las reuniones llevadas a cabo en junio con la Fiscal General para su esclarecimiento.
Antes de que acabe el presente año, la Fiscal General ha programado reuniones con diferentes fiscalías territoriales departamentales, organizaciones campesinas, representantes del Ministerio Público, abogados y partes querellantes en los casos de conflictividad agraria y criminalización, con el fin de aclarar la situación legal de tierras en disputa y los pormenores de los hechos de violencia de origen agrario registrados a nivel local.
De los 69, 21 corresponden específicamente a casos de criminalización y violencia contra dirigentes campesinos y sus familiares. Por ello, resulta esencial llevar a cabo acciones de incidencia para abordar la conflictividad agraria que impera en el país.
En junio, la Fiscalía inició un procedimiento de priorización de los casos presentados y nombró a miembros de la Secretearía Privada y de la Secretaria de Asuntos de los Pueblos Indígenas para darle seguimiento, invitando a los participantes a futuras mesas de diálogo.
En los próximos meses, la ENI también estará trabajando en la promoción del informe y las recomendaciones de la Misión Internacional llevada a cabo el pasado agosto en Guatemala por la ILC, Front Line Defenders y Civicus en atención a la grave situación de los defensores de la tierra y los territorios en dicho país