Colombia es una país con marcadas desigualdades sociales y condiciones de vida digna paupérrimas para las gran mayoría de habitantes en el país. Esta situación se refleja en las alarmantes cifras respecto a la propiedad, acceso, tenencia y uso de la tierra como condición de vida fundamental para la población rural, el campesinado, los pueblos indígenas y la diáspora afrodescendiente.
Siga el Facebook de la ENI COLOMBIA
En nuestro país, el índice gini de distribución de la tierra es de 0,89, en donde 0 significa total igualdad y 100 plena desigualdad. Además, la informalidad en la titularidad o documentos que sustenten la tenencia asciende al 60% de la población rural y solo el 25% de las mujeres tiene la propiedad sobre los predios. Sumado a ello, el país se encuentra en una contradicción entre la implementación de un Acuerdo Final para la construcción de paz, la agudización de la violencia, la militarización de la vida y las condiciones a partir de la emergencia sanitaria por Covid-19. En este contexto, las organizaciones campesinas y étnicas insisten en la reivindicación del derecho a la tierra y el territorio, como base de la construcción de paz y la vida digna, a través de la movilización, el posicionamiento político y acciones colectivas autónomas.
En ese marco, se desenvuelve la Estrategia por la garantía del derecho a la tierra y al territorio –ENI/Colombia-, iniciativa impulsada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), que es una alianza global compuesta por más de doscientas cincuenta organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, establecida para promover el acceso seguro y equitativo a la tierra para personas que viven en situación de pobreza en zonas rurales.
La ENI/- Colombia está integrada por la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana –a través del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC)–; Corporación Desarrollo Solidario (CDS); Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar; Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María; la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF); y el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP).
Nuestra meta colectiva es que comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes ejerzan sus derechos a la tierra y al territorio y cuenten con garantías plenas para la participación efectiva en las políticas públicas de tierras, desarrollo rural, medio ambiente y en la implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz.
Para alcanzar esta meta, las acciones que promueve y acompaña la ENI están orientadas a la exigencia de derechos de tenencia seguros; el fortalecimiento de sistemas agrícolas en pequeña escala; la igualdad en los derechos a la tierra para las mujeres; la toma de decisiones inclusiva; y la protección de los defensores de los derechos a la tierra.
Para el año 2021 la Estrategia está adelantando, en alianza con la FAO, un proceso formativo sobre tenencia de la tierra en tres municipios del caribe. Se llevará a cabo un ciclo de intercambios de saberes y experiencias entre la Red de Mujeres del Norte de Bolívar, las OPDs de Montes de María y algunas comunidades pescadoras que hacen parte de la RENAF, con el fin de establecer articulaciones organizativas para la exigencia del derecho a la tierra y el territorio.
Finalmente, dado que interesa impulsar el Acuerdo de Paz, la ENI coordina la Mesa Nacional sobre Paz Territorial y seguimiento a los PDET en acciones orientadas a la visibilización de la situación en estas regiones y la formación de líderes y lideresas en aspectos técnicos para la veeduría; y junto a la Corporación Sisma Mujer y otras instituciones aliadas se desarrollará durante los meses de mayo a octubre un proceso de reflexión acción con organizaciones sociales de mujeres y feministas sobre los derechos de las mujeres rurales en el marco de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Aunque el 2021 es un año que representan grandes retos en relación con la garantía y exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, no solo por la contingencia de salud pública, sino por la agudización de la violencia y la vulnerabilidad de los derechos humanos; la suma de esfuerzos nos da ánimo para continuar la defensa por la vida y la construcción de paz territorial.