En Colombia y Perú, muchos de los desafíos asociados a la gobernanza de la tierra se ven agravados por la falta de información clara, integrada y accesible.
Mapas incompletos, datos desactualizados y sistemas que no dialogan entre sí dificultan tanto la toma de decisiones públicas como la gestión de conflictos en los territorios.
Con el apoyo de la Fundación Ford, miembros de la ILC en América Latina impulsaron un proceso orientado a contribuir a la construcción de un ecosistema de datos en Colombia y Perú, que permita avanzar hacia una gobernanza de la tierra centrada en las personas. El foco estuvo puesto tanto en generar información relevante como en fortalecer su uso desde los territorios, conectando evidencia, actores locales y espacios de decisión.
Una forma de construir información sobre la tierra, desde y para los territorios
Uno de los aportes más interesantes del proceso fue la forma en que se recogió la información. La recolección fue novedosa en dos sentidos.
Por un lado, se utilizaron dos herramientas globales promovidas por la ILC —LANDex y LandMark— basadas en metodologías de carácter cualitativo, que permiten analizar no solo marcos normativos y datos oficiales, sino también percepciones, prácticas y experiencias en torno a la gobernanza de la tierra.
Por otro, la combinación de estas metodologías permitió trabajar a dos escalas: a nivel nacional, para identificar brechas, vacíos y patrones generales; y a nivel local, en territorios específicos de Colombia y Perú, afectados por fuertes presiones sobre la tierra vinculadas a la minería. En estos territorios, la información fue contrastada y enriquecida a partir del conocimiento y la experiencia de comunidades y actores territoriales.
Este enfoque permitió que los datos dejaran de ser abstractos y se convirtieran en insumos útiles para comprender lo que ocurre en los territorios y abrir nuevas conversaciones sobre su gestión.
Colombia: cuando los datos obligan a revisar prácticas
En Colombia, el proceso fue liderado por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Universidad Javeriana, con el respaldo de la CNT del país, y combinó análisis nacional con estudios de caso en territorios específicos.
A nivel nacional, la aplicación de LANDex dejó una constatación clara: la información oficial sobre la tierra se encuentra fragmentada, desactualizada y dispersa entre múltiples entidades, lo que dificulta tener una lectura integral del estado de la gobernanza de la tierra en el país. Este hallazgo dio lugar a la propuesta de una Mesa Técnica orientada a avanzar en la convergencia de datos entre instituciones, abriendo un espacio de coordinación que antes no existía.
En el plano territorial, los estudios de caso en el Caribe colombiano (Cesar–Guajira) y en el Chocó permitieron analizar cómo distintas formas de minería impactan la autonomía y la gobernanza de los consejos comunitarios afrodescendientes. En el Caribe, las conversaciones se centraron en los retos de la reconversión productiva y el rol de los consejos comunitarios en ese proceso. En el Chocó, se discutió la importancia de la minería artesanal y su lugar en la economía y la vida territorial.
A través de mapas, análisis y ejercicios participativos, las comunidades fortalecieron su capacidad de usar la información como herramienta para el diálogo, la visibilización de problemáticas territoriales y la defensa de sus derechos.
Informe Landex Colombia 2025. Resumen ejecutivo
Landmark. Mapeo de de derechos de tenencia de pueblos étnicos y comunidades locales. Landex en Colombia
Perú: evidencia territorial frente a la presión minera
En Perú, el trabajo se desarrolló en la provincia de Espinar, en la región Cusco, con la Federación Unificada de Comunidades de Espinar (FUCAE) y en las comunidades campesinas de Urinsaya y Huancané Bajo. Asimismo, se llevó a cabo en la cuenca del río Colorado, en la región de Madre de Dios, en las comunidades nativas de San José de Karene y Puerto Luz, con el acompañamiento del Instituto del Bien Común (IBC), el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra (CNT Perú).
El proceso permitió sistematizar y poner en diálogo información oficial y territorial sobre minería y tierras comunales, aportando evidencia clara sobre la superposición de derechos en zonas con alta conflictividad, como Espinar (Cusco). Esta información ayudó a visibilizar problemas persistentes de inseguridad jurídica y conflictos socioambientales que afectan a comunidades campesinas e indígenas desde hace años, y fue recogida y sintetizada en un policy brief que hoy sirve como referencia para el debate público.
El trabajo a escala territorial abrió además espacios de diálogo con autoridades locales y organizaciones representativas. En Cusco, el proceso puso en evidencia la ausencia de información catastral actualizada, lo que llevó a autoridades locales a reconocer la necesidad de construirla como base para la gestión de conflictos por la tierra. Más que un diagnóstico, esto representó un cambio en la forma de entender la gestión territorial: sin información clara, resulta difícil prevenir y manejar disputas.
En Madre de Dios, el análisis permitió documentar dos casos emblemáticos de minería ilegal, informal y artesanal en comunidades nativas, evidenciando impactos severos asociados a la deforestación y otras economías ilícitas. Estos hallazgos aportaron insumos concretos para el debate público sobre la protección territorial y ambiental en territorios indígenas de la Amazonía.
Policy Brief - Minería en territorios indígenas de Comunidades Campesinas
Lo que deja el proceso
Más allá de los productos generados, el proceso dejó cambios concretos en prácticas. Autoridades locales que reconocen la urgencia de contar con información catastral actualizada, instituciones que comienzan a coordinarse para integrar datos dispersos y comunidades que fortalecen su capacidad de interpretar y utilizar información sobre sus territorios.
Los aprendizajes en Colombia y Perú muestran que cuando los datos se construyen y se usan desde los territorios, pueden convertirse en una base sólida para avanzar hacia una gobernanza de la tierra más inclusiva y mejor informada.