Las organizaciones miembro de la Estrategia para el Acceso Democrático a la Tierra a favor de Pobladores Rurales en situación de pobreza (ENI-Nicaragua) iniciaron un proceso interno de evaluación para redefinir el plan de trabajo del período 2019-2021, considerando la crisis socio política que se vive en el país desde abril del 2018 y el actual contexto de criminalización de la protesta y vulneración de los derechos humanos.
Tras un encuentro realizado en noviembre, los miembros que promueven la Estrategia Nacional en Nicaragua establecieron que esta debe ser “un espacio nacional, con resonancia a nivel territorial, que sea útil para conectar actores, movilizar conocimientos, capacidades y recursos con el fin de apuntar al cambio de ideas y prácticas que reproducen la inequidad y la injusticia en los derechos de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas a la tierra y el territorio”, explica Selmira Flores, coordinadora de dicha ENI.
A pesar de la grave crisis política, la ENI Nicaragua ha continuado fortaleciéndose como una plataforma de múltiples actores y contribuyendo al monitoreo de las transacciones y el acceso a la tierra en el país.
El monitoreo que realizó en medio del conflicto político ha permitido recoger más de 892 casos y evidenciar los problemas de tenencia, la inseguridad jurídica y el mercado ilegal de tierra que persisten en el país. Entre ellos, cabe mencionar la toma de tierras que son propiedad de los opositores al gobierno: alrededor de 5,700 manzanas han sido afectadas, agudizando con ello la problemática de la tierra.
La ENI Nicaragua ha tenido importantes logros en materia de acceso a tierra para hombres y mujeres en situación de pobreza. Gracias a su trabajo, más de 230 familias han adquirido 260 ha de tierras, de las cuales 196 fueron para mujeres. Ell monitoreo de transacciones de tierra que realiza en 5 territorios ha permitido recoger más de 700 casos.