En los últimos días hemos sido testigos de cómo la ciudadanía se ha levantado, inicialmente en Santiago, y luego a lo largo del país, para expresar su cansancio y malestar frente múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación por parte del Estado y de las élites políticas y económicas del país que lo controlan.
A la protesta inicial de los y las estudiantes de Santiago por el incremento de las tarifas del Metro, se fueron sumando amplios y diversos sectores de la población, incluyendo trabajadores, pobladores y en general los sectores más marginados, para expresar su malestar largamente contenido frente a los abusos de los que han sido objeto por tanto tiempo.
No se trata de un malestar nuevo, sino de uno que se venía manifestando de muchas formas incluyendo: la protesta social, las encuestas que van dando cuenta de una masiva desconfianza en las instituciones del Estado, de los partidos políticos y del empresariado, así como de la abstención electoral más elevada de América Latina, entre otras. Todas estas manifestaciones no han sido escuchadas ni abordadas por los partidos políticos y mucho menos por los sectores que concentran el poder económico en el país.
Como sabemos, dicho malestar está relacionado con la persistencia de una institucionalidad construida durante la dictadura cívico militar, cuya mayor expresión es la Constitución Política de 1980, la que ha sido defendida férreamente por quienes la impusieron y a la que se han acomodado los sectores que inicialmente se opusieron a ella. Dicha Constitución ha permitido la acumulación de la propiedad de los bienes comunes –como la tierra, el agua y los recursos del subsuelo–, la apropiación de los ahorros previsionales, la privatización de la educación y la salud, el lucro con la vivienda, la generación de una enorme brecha salarial y de ingresos en perjuicio de los y las trabajadores, y ha negado la existencia y derechos de los pueblos indígenas y de las personas en movilidad humana en el país. De esta manera, dicha institucionalidad se encuentra en la base de la inequidad y la fractura actual del país.
No obstante el reclamo ciudadano, por décadas dichas elites, en particular las que representan los intereses de los empresarios, se han escudado de manera inmoral en las reglas impuestas en dicha Constitución para mantener sus privilegios, muchos de ellos –como el agua– obtenidos gratuitamente, así como para impedir cualquier transformación social y política basada en derechos humanos.
El cansancio frente a este estado de cosas y la ausencia de posibilidades de cambio del status quo por la vía política, generó la explosión social que estamos viviendo, la que se ha manifestado de muchas maneras, incluyendo multitudinarias manifestaciones pacíficas y también hechos de fuerza que han resultado en la destrucción de bienes públicos, como el Metro de Santiago, y la destrucción y saqueo de bienes privados, como los supermercados y farmacias. Como organismo de derechos humanos no podemos sino rechazar y condenar estas últimas vías de acción. Sin embargo, si bien no las justificamos, las entendemos como expresiones de un descontento y rabia largamente contenidos en cuya gestación cabe la responsabilidad principal a la elite política y económica del país.
Frente a esta explosión social el gobierno ha recurrido a las herramientas que la institucionalidad de la dictadura le otorga, declarando el estado de emergencia, el toque de queda, sacando a las fuerzas armadas a la calle, fuerzas cuyo actuar abusivo e impune, ha resultado ya en la muerte de varios ciudadanos, chilenos y extranjeros, como en los tiempos más oscuros de nuestra historia.
Junto con condenar la violencia impuesta por la estrategia de guerra declarada e impulsada por el Presidente Piñera y sus ministros, nos parece que ellas son demostrativas de una incapacidad total para entender el trasfondo del conflicto social y político que estamos viviendo y, por lo mismo, resulta absolutamente inoficiosa para abordar y superar la fractura de Chile, sino por el contrario, la ahonda.
Al igual que sectores mayoritarios de la sociedad que hemos participado de esta protesta social, consideramos que la única posibilidad de superar esta fractura es a través de la generación –con la participación activa de los sectores hasta ahora excluidos por la institucionalidad vigente– de un nuevo acuerdo social y político, inclusivo e intercultural, cimentado en los derechos humanos que nos asisten como personas y como pueblos.
Demandamos al gobierno poner término al estado de emergencia y a la estrategia de guerra que ha impuesto.
Emplazamos a los actores políticos y a los distintos poderes del Estado a que, teniendo presente la gravedad y urgencia de los hechos que estamos viviendo, así como el derecho a la libre determinación que asiste a todos los pueblos, convoquen a un diálogo amplio que permite identificar los cauces a través de los cuales se pueda impulsar la construcción de este nuevo acuerdo social y político inclusivo, considerando la Asamblea Constituyente demandada por la ciudadanía como la alternativa más democrática para alcanzarlo.
Llamamos por último a los movimientos sociales que en estos días han impulsado la protesta social a generar procesos de definición y articulación de sus estrategias, proceso que resulta indispensable para el logro de las transformaciones sociales, políticas e institucionales que se han exigido en estos días a lo largo del país.
Observatorio Ciudadano Chile, 21 de octubre de 2019