La lucha por los derechos a la tierra y el territorio en nuestra región es un camino largo y muy difícil. Máxima Acuña lo sabe, pero está decidida a no bajar los brazos.
Entre los cientos de personas que participaron del 2° Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, la presencia de Máxima Acuña no pasó desapercibida. Protagonista del documental “La Ilusión de la Abundancia”, que se proyectó en la apertura de este evento, Máxima recibió numerosas muestras de apoyo y cariño durante las jornadas de trabajo, y fue destacada en los paneles del encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“La película retrata lo que ha pasado, pero no es todo, es solo una parte” dice Máxima, sentada al borde del escenario del salón principal, donde segundos atrás un aplauso sostenido daba cuenta del enorme impacto que produce ver el documental La Ilusión de la Abundancia, más si es en compañía de sus protagonistas. Para contar todo lo que ha vivido “necesitaría días, incluso semanas” agrega, y resalta, con la voz a punto de quebrarse, “una cosa es contar los conflictos una vez que pasaron, pero una muy distinta es vivirlos".
“Me han golpeado, me han maltratado, nos han agredido hasta con piedras, cobardemente. En ocasiones eran 200, 300 personas entre policías y gente de la empresa. ¿Qué puedo hacer yo contra ellos?” se pregunta en voz alta frente al auditorio.
Muchos de los rostros de quienes la escuchan se cubren de lágrimas, pero no dejan de prestarle ni un segundo de atención. Su historia de valentía y compromiso conmueve e inspira.
Hacer frente a un gigante minero
Máxima y su esposo Jaime Chaupe compraron en 1994 un terreno de casi 25 hectáreas frente a la Laguna Azul, en las colinas de Sorochuco, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí construyeron su casa de adobe y viven desde entonces con sus hijos, trabajando la tierra para subsistir.
Esa tierra no solo es su hogar, es además su medio de vida.
En 2011, la empresa minera Yanacocha (actualmente propiedad de la empresa norteamericana Newmont), intentó desalojar a Máxima de su hogar en Cajamarca, al norte del país. Newmont argumentaba que compró la propiedad de Acuña y las tierras circundantes a la comunidad local en 1997. La Laguna Azul, junto con otras tres que se ubican en la zona, bridan agua a más de 40.000 personas. La minera Yanacocha, a través de su Proyecto Conga, tenía planeado secar las lagunas para explotar los yacimientos de oro y cobre que se encuentran debajo.
Máxima resistió de manera pacífica las intimidaciones y golpes que acompañaron los intentos de desalojo. “La empresa entró a mis tierras, quemó mis chozas, mis pertenencias, mi comida. Yo me arrodillaba y lloraba, pero no tuvieron compasión. Se llevaron todo lo que tenía” explica.
Tras varios intentos de desalojo, la empresa demandó a la familia Chaupe- Acuña por usurpación agravada. La corte provincial de Celendín los sentenció a casi tres años de prisión, a pagar casi USD 2000 en concepto de reparación a la minera y a abandonar sus tierras. Pero en diciembre de 2014 la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca ordenó la absolución de la familia.
Su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia frente a los intereses de las grandes empresas mineras y la violación de los derechos humanos en Perú y el mundo.
En 2016 [1] ganó el Premio Goldman, un reconocimiento de gran prestigio en el ámbito de la defensa del medio ambiente, lo cual impulsó aún más su figura y los artículos sobre su caso se multiplicaron en los portales de noticias.
Un reclamo de Justicia aún vigente
7 años después, Máxima no hace parte de los titulares, pero continúa enfrentando amenazas y hostigamientos.
“Si crío un conejo, una gallina, entran, los sacan y los desaparecen. Me han robado mis ovejas, han matado a mis perros guardianes, que me cuidaban porque ladraban cuando la policía y la empresa entraban” lamenta Máxima, y agrega “es muy duro, muy doloroso para mi ser una mujer humilde y campesina y no tener a dónde ir, a quién acudir, y que no haya justicia en mi país”.
Porque Máxima no solo ha enfrentado violencia, sino también interminables obstáculos legales y la falta de reconocimiento de sus derechos por parte del Estado peruano. Máxima ha demostrado la legitimidad de su posesión de la tierra, pero los procesos legales son largos y costosos.
“El juicio ya tiene 13 años. He sido sentenciada como si yo fuera una persona delincuente, pero yo solo defiendo mis derechos y defiendo la vida. No tengo paz ni tranquilidad. ¿Y por qué? Porque ellos solo quieren expandir su proyecto”.
A pesar de que la Constitución y las leyes nacionales e internacionales amparan su derecho a la propiedad de la tierra, la falta de acción por parte del Estado ha permitido que la empresa minera continúe con sus intentos de desalojo y violación de los derechos de Máxima y su familia. Ella ha buscado justicia y reparación, pero se ha encontrado con un sistema judicial imparcial y deficiente.
Hoy, su lucha continúa. “Para entrar a nuestro hogar tenemos que identificarnos en las guardias de la empresa. No podemos entrar libremente como hacíamos antes de que llegara la empresa y empezara a poner sus tranqueras. Vivimos amenazados. Siento como si estuviera en una cárcel de cuatro paredes, es difícil para mí, como mujer humilde y campesina”.
Ha presentado recursos legales y ha llevado su caso ante instancias nacionales e internacionales. El proyecto minero viola sus derechos humanos y afecta gravemente el ecosistema local.
“Esta empresa, muy grande y poderosa, está destruyendo las tierras y las lagunas hermosas que había. Me pregunto cómo quedará la tierra tras su explotación. Sabemos que va a arrasar con todo, dejando contaminación y una tierra que no servirá para cultivar nada. ¿De qué vamos a vivir?”
Los dos casos judiciales que aún permanecen abiertos esperan hace años que el Juzgado de Primera Instancia de Celendín emita las sentencias. “Todas las etapas ya se llevaron a cabo, en los plazos correspondientes y con todos los medios probatorios requeridos. Es un atropello por parte de la Justicia” explica a su turno Ysidora, la hija mayor de Máxima. Piden apoyo de la comunidad internacional para que inste a la Justicia a responder, y reclaman el cese de las amenazas y hostigamientos por parte de la empresa minera.
La historia de Máxima no es un caso aislado. En América Latina, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente enfrentan amenazas, intimidación y violencia por proteger sus territorios y recursos naturales de proyectos extractivos.
Es por esta situación urgente que espacios como el 2° Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales son tan importantes. Es crucial que se avance en medidas concretas para reconocer y proteger a las y los defensores. Mientras los cambios que necesitamos no ocurran, Máxima continuará resistiendo y luchando, inspirando a su paso a muchas otras personas a defender sus territorios y el medio ambiente.
[1] En 2016, Máxima Acuña recibió el Premio Goldman, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la defensa del medio ambiente. Este premio ayudó a visibilizar su caso a nivel internacional y a fortalecer su lucha por la justicia y la protección de la tierra.