La reglamentación de la Ley 27.118 abre puertas para la Agricultura Familiar en Argentina

Este especial forma parte de la serie “Cosechando logros” que recoge las historias de éxito vinculadas al trabajo que impulsa la ILC en América Latina y el Caribe: los cambios que se están generando a nivel de políticas y prácticas, así como los logros relacionados a los procesos que la red impulsa en pro de una gobernanza de la tierra centrada en las personas.

La reglamentación de 12 artículos de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y la asignación de presupuesto son un avance clave para el sector rural, campesino e indígena, cuyas demandas han sido históricamente desatendidas. 

Además, es una línea de base fundamental para exigir la aplicación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP).

En las últimas décadas, la agricultura a gran escala se ha expandido en Argentina, con el cultivo de soja como gran protagonista: ya para 2021 ocupaba el 47% de la superficie cultivada en el país. Las grandes empresas agropecuarias e inversionistas urbanos y extranjeros han acaparado las tierras, desplazando a comunidades campesinas e indígenas y consolidando una agricultura sin agricultores/as. 

Pero es la agricultura familiar la que produce más del 60 % de los alimentos que se consumen en Argentina, con apenas el 13 % de la tierra cultivable en sus manos.

Lo hace además, cuidando la salud de las personas y preservando los ecosistemas. La lucha de este sector, sostenida largamente, es por un acceso más equitativo a la tierra, y por el reconocimiento del papel fundamental que cumple para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural alternativo al modelo extractivo agroexportador.

Entre las diferentes acciones en las que el Estado se compromete a avanzar gracias a la reglamentación se destacan la implementación de mecanismos que promuevan la equidad de género, la asignación de inmuebles rurales al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, la convocatoria para una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural, la promoción de programas específicos de producción y comercialización, y la creación de líneas de financiamiento e inversión para la promoción de la producción proveniente de los destinatarios y las destinatarias de la Ley N° 27.118.

Todas, cuestiones clave para fortalecer el arraigo y la igualdad de oportunidades en el sector rural.

Las organizaciones que integran la CNT Argentina ya venían trabajando para lograr la sanción de la Ley y su reglamentación, pero la conformación de esta coalición en 2018 propició un espacio de diálogo y colaboración que llevó la acción conjunta a un nuevo nivel.

Fue un trabajo sistemático y colaborativo impulsado por la CNT durante 5 años, en los que pusieron en marcha diversas estrategias para incidir en la reglamentación.

Las organizaciones participaron en mesas de trabajo provinciales, y los aportes resultantes nutrieron el informe alternativo que presentó la CNT Argentina al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas en 2019. En 2020 incorporaron recomendaciones específicas sobre la reglamentación de la ley en el informe sobre el cumplimiento de Argentina sobre los ODS. Asimismo, lograron una participación sostenida en el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y concretaron reuniones con autoridades del Estado/ de alto nivel.

Uno de los resultados de este esfuerzo colectivo fue la elaboración de una propuesta de reglamentación de la Ley con foco en los derechos sobre la tierra y con perspectiva de género, herramienta clave utilizada para influir en las políticas y fortalecer la posición de las organizaciones de la CNT Argentina dentro del Consejo.

Los marcados virajes en las políticas para el sector rural, que acompañaron cada uno de los cambios de gobierno nacional, fueron un obstáculo para lograr la reglamentación. Cada administración supuso modificaciones en los objetivos, las instituciones y en los interlocutores a cargo de la ejecución. 

Ante este escenario, la CNT Argentina apostó a la constancia, el compromiso y la construcción colectiva para lograr la meta.

→  Buscó generar consensos al interior, para que cada miembro actúe con la confianza plena de que, cada una de las organizaciones partes está avanzando en la misma dirección. 

→  Se abocó a diseñar y ejecutar procesos de incidencia, que incluyen distintas actividades, proyectos y programas, con objetivos a mediano y largo plazo. Esto evitó las frustraciones ante acciones que parecen no tener resultados concretos, pero que van solidificando agendas públicas para el sector.

→  Produjo datos e impulsó una comunicación para la incidencia, elaborando documentos de posicionamiento, relevado informes y datos del territorio para visibilizar la necesidad de avanzar en esta agenda de reivindicación de la agricultura familiar, campesina e indígena.

Desafortunadamente, hoy los logros alcanzados no están garantizados. El incumplimiento de lo previsto en la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, así como el cierre, la desfinanciación y la des-jerarquización de los organismos gubernamentales a cargo del sector rural (como INAFCI, INTA, SENASA, PROHUERTA), profundizan el deterioro del sector y ponen en riesgo los avances conseguidos.

• El trabajo de articulación entre las organizaciones de base campesinas e indígenas es indispensable de cara al diálogo con el Estado y las instituciones intergubernamentales. La CNT trabajó estrechamente con las 40 organizaciones miembro de la plataforma en la identificación de sus problemáticas y en la formulación de propuestas para hacerles frente. 
• Lograr acuerdos supone un ejercicio de deliberación que fortalece la plataforma y cada una de sus acciones. La CNT reúne a una diversidad de actores (organizaciones de campesinas, productoras, comunidades indígenas, organizaciones técnicas y de segundo nivel, como también instituciones públicas), y muchas veces no es fácil coincidir y consensuar posturas, por lo cual implica un desafío constante de articulación.
• Diseñar y ejecutar estrategias de incidencia no solo en las instituciones del poder ejecutivo, sino también en las del poder legislativo, entendiendo que los cambios de los cuerpos normativos pueden producir transformaciones más profundas y perdurables.