La primera vuelta de las Elecciones Nacionales en Guatemala, realizadas el pasado 25 de junio, se dieron en medio de una ola de desalojos, afectando los territorios de comunidades indígenas y campesinas. Ante este escenario, la Coalición Nacional por la Tierra en Guatemala, con el apoyo de la campaña global Derechos a la Tierra Ya! y de la ILC LAC, lanzó una campaña para visibilizar sus demandas y amplificar su lucha por la defensa de la tierra y el territorio.
En las zonas rurales de Guatemala, muchas familias vienen siendo desalojadas por fuerza policial y militar de sus territorios. Detrás de estos desalojos están las empresas agrícolas e industrias extractivas que, avaladas por el Estado, han ejercido violencia contra las comunidades y arrasado sus tierras ancestrales. Tan solo en 2022 se reportaron más de 70 casos de desalojos a grupos de familias y comunidades campesinas e indígenas que luchan por la certeza jurídica de sus tierras, con mayor incidencia en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quiché, Petén, Escuintla y Santa Rosa.
Días atrás, más de 125 familias de la comunidad Kumatz (municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango) fueron desalojadas por más de mil agentes combinados de la Policía Nacional Civil y del Ejército, pese a que las familias contaban con escritura de sus tierras.
El estado de inseguridad sobre la tierra es permanente, y esto empeora la seguridad alimentaria, la pobreza y la represión en el país, profundamente marcado por el racismo y un sistema de explotación neocolonial.
Al mismo tiempo, las agresiones a las comunidades campesinas e indígenas que luchan por sus derechos no cesan. De acuerdo a la ONG Global Witness, Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Al menos ochenta personas fueron asesinadas entre 2012 y 2021, y cientos de activistas guatemaltecos/as se enfrentan cada año a ataques no letales.
Para garantizar sus derechos, detener los desalojos y promover la democracia en Guatemala, es crucial que se incluya el tema de los derechos territoriales en la agenda política y mediática. Silenciarlos o ignorarlos tiene un alto costo para las comunidades indígenas y campesinas de Guatemala.
Una voz común en defensa de los derechos a la tierra
En el marco de un momento clave como lo son las Elecciones Nacionales, la CNT Guatemala decidió desarrollar una campaña que visibilice la difícil situación que atraviesan las comunidades campesinas e indígenas. Además de la demanda central -alto inmediato a los desalojos- la campaña pone el foco en la necesidad de que la justicia proteja a las personas y comunidades criminalizadas por defender los derechos humanos; y exige un cese de las agresiones de los megaproyectos extractivos y grandes agronegocios a los territorios rurales e indígenas.
El 15 de junio se realizó el lanzamiento oficial de la campaña con una conferencia de prensa, en la cual referentes de las organizaciones que hacen parte de la CNT dieron lectura a un comunicado y respondieron preguntas a los medios de comunicación presentes.
“Nos preocupa que en este contexto electoral el tema campesino, agrario, rural, esté ausente del debate político” señaló en su intervención Leocadio Juracán, defensor de la tierra y activista político del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). “Es indignante el desprecio por la población campesina e indígena en nuestro país” agregó.
A su turno, Omar Jerónimo, de la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch'orti' Nuevo Día, explicó que por causa de los desalojos, menos alimentos llegan a los mercados, pues es el campesinado el que se encarga de alimentar a las ciudades. “¿Quién asegura los derechos fundamentales de las comunidades rurales?” llamó a reflexionar.
Lee el comunicado de la campaña
Con spots de radio en español, q'eqchi' y tz'utujil, apariciones en medios alternativos y diferentes piezas gráficas que se compartieron tanto en redes sociales como en encuentros con distintas comunidades, las organizaciones indígenas y campesinas buscan ayudar a la ciudadanía a comprender la relevancia de acompañar con votos a candidatos que buscan transformar los sistemas opresivos que alimentan una crisis de desalojos, violencia y pobreza en la Guatemala rural.
La campaña se desplegó a través de distintas actividades en las comunidades afectadas.
“Los desalojos se han convertido en noticias recurrentes en los últimos años, pero la información que se publica suele ser limitada y sin una contextualización adecuada, lo cual repercute en el discurso de criminalización y prejuicios hacia las familias de campesinos sin tierra” considera Fredy Pérez, facilitador de la CNT Guatemala. Para él, la campaña fue oportuna y necesaria pues justo a los días previos a celebrarse las elecciones, y mientras la atención del país se centraba en esa contienda, el Estado ejecutaba el desalojo de la comunidad Nueva Jerusalén en la Costa Sur, tal como había sucedido en las comunidades Dos Fuentes y Washington al Norte.
En estos desalojos “la carga de la judicialización del caso y el uso desmedido de la fuerza son preocupantes y han sido motivo de las denuncias hechos por las organizaciones campesinas e indígenas del país” y por eso una campaña como la de Alto a los desalojos era clave.
“La campaña ha ayudado a sensibilizar a la población, visibilizando a las familias y comunidades afectadas, promoviendo la defensa de sus derechos e informando sobre los derechos del acceso y tenencia segura de la tierra”.
La presentación de argumentos jurídicos a favor de las comunidades afectadas y las alianzas establecidas con otras organizaciones que trabajan en defensa de los derechos campesinos e indígenas son también logros que destaca Fredy de esta campaña que propuso soluciones pacíficas y multilaterales para hacer valer los derechos a la tierra.
De cara a la segunda vuelta, en la que se espera compitan los dos candidatos más votados en la primera vuelta -Sandra Torres y Bernardo Arévalo-, la campaña continúa trabajando para que sus demandas lleguen a más guatemaltecos/as.
La votación del 20 de agosto puede ser un punto de inflexión para el futuro de la democracia, de los pueblos indígenas y de la justicia medioambiental.
“El gobierno debe abordar con seriedad los problemas estructurales: el tema del desarrollo, la seguridad y soberanía alimentaria, la inversión en el campo. Las organizaciones campesinas tienen propuestas serias, propuestas que resolverían los problemas agrarios. Los desalojos sólo perjudican a las comunidades rurales y las empobrecen" concluye Leocadio y reitera:
"Necesitamos garantías para nuestros derechos humanos, ahora!”
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Lee la entrevista con Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Lee la entrevista con Carlos Morales de la Unión Verapacense de Comunidades Campesinas