El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la esperada y postergada reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014. Contará con un presupuesto inicial de 100 millones de dólares para su implementación.
Luego de transcurridos más de ocho años desde su sanción, el gobierno argentino hizo oficial la reglamentación de la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. La presentación fue realizada por el propio presidente, durante la segunda reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal.
Este anuncio fue largamente esperado por las y los campesinos, comunidades indígenas, agricultores/as familiares y organizaciones del sector junto con quienes desde hace años la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina viene reclamando la reglamentación.
“Una ley sin reglamentar es la nada misma, como tener un auto sin nafta. Es necesario que se reglamente para que lo que dice la ley se cumpla”, admitió el presidente, que estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Miguel Ángel Gómez; el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico; y la referente del Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Vía Campesina, Mercedes Taboada.
Fernández también anunció que se destinarán a la implementación de esta ley 100 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial.
“Como la agricultura familiar está en manos de sectores débiles de la sociedad argentina, lo que tenemos que hacer es empoderarlos, ayudarlos a estar en condiciones de poder crecer”, lanzó el primer mandatario.
Durante la presentación, se destacó la necesidad de fortalecer al sector de la pequeña agricultura familiar, con especial énfasis en la agroecología, el arraigo territorial, la justicia de género y la importancia de apoyar aquellos que producen el alimento de todos los días.
Esta ley dispone la creación de un Banco de Tierras para el desarrollo de emprendimientos productos de la agricultura familiar, campesina e indígena (en adelante AFCI). Son tierras que estarán a disposición a partir de un relevamiento de tierras fiscales nacionales (también provinciales y municipales que se transfieran a la Nación para este fin) y surgidas de donaciones o tierras legadas por el Estado nacional.
“Con el banco de tierras vamos a trabajar para que quienes quieran producir alimentos tengan su tierra”, confió Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar.
Durante la presentación también se habló del Consejo de Políticas Públicas coordinado por Jefatura de Gabinete, donde se va a convocar a todos los ministerios que tienen alguna vinculación con el sector de la AFCI para trabajar en conjunto.
La ‘confesión’ del ministro de Agricultura
Julián Domínguez sostuvo que cuando se sancionó la ley el plazo para reglamentarla era de tres años y expresó que “pasó mucho tiempo”. El funcionario, que tiene mucha sintonía con los sectores concentrados del agro, dijo que “esta ley viene a completar la visión del campo argentino” y sorprendió al considerar que “el otro campo se llevó todo puesto”.
“En estos 20 años, el campo argentino se llevó puestos los árboles, los colegios agropecuarios, los colegios rurales, se llevó puesto todo. Hay que reconocerlo, yo defiendo la producción argentina, lo que significa el campo para la argentina, pero a esto le falta la pata del modelo social”, sorprendió el ministro. Su discurso contradice algunas medidas que tomó el gobierno nacional en el último tiempo.
Pese a lo importante del anuncio, no podemos dejar de mencionar que se da a solo un mes de la liberación comercial en Argentina del primer trigo transgénico del mundo, el HB4 de Bioceres (proceso que demoró menos de dos años, entre la aprobación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en octubre 2020 y la posibilidad de comercializarlo en mayo de 2022). Un ‘avance tecnológico’ -como quieren presentarlo algunos- producto de una fuerte articulación entre el sector científico del país (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y el sector privado (empresa Bioceres) que aumenta exponencialmente los riesgos y daños al ambiente al mismo tiempo que concentra la riqueza mediante un nuevo impulso al modelo agroexportador.
Este nuevo trigo, resistente tanto a las sequías como al glufosinato de amonio, viene a poner en jaque los pocos ecosistemas secos tropicales y subtropicales para extender el monocultivo, pero también a las comunidades campesinas e indígenas que viven en estos territorios.
En este contexto ambivalente y naturalizado en la política argentina, los interrogantes que surgen son muchos y es necesario expresarlos para que el análisis de la realidad y el contexto de la AFCI no quede incompleto.
Es por esto que nos preguntamos si la reglamentación de la Ley 27.118 es capaz de garantizar y reparar derechos a las personas que viven de la tierra ante el innegable paso que se ha dado en reforzar el modelo extractivo agroexportador con el HB4 o es solo una política reactiva para frenar la conflictividad social.
Como plataforma que aboga por la gobernanza de la tierra centrada en las personas, esperamos que la reglamentación sea parte de un camino que realmente legitime y fortalezca a la pequeña agricultura familiar.
* Esta nota es una versión editada de la nota publicada originalmente por Nicolás Avellaneda, Facilitador de la Coalición Nacional por la Tierra Argentina, disponible aquí