La X edición de Foro de la Tierra América Latina y el Caribe, realizada el 25 y 26 de septiembre en Lima, Perú, fue un espacio esencial para visibilizar las reivindicaciones de los pueblos indígenas, los desafíos de la agricultura familiar, la necesidad de incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisión relacionados a la tierra y llamar la atención sobre las urgentes medidas que se requieren para proteger a las y los defensores de la tierra. Pero sobre todo, el evento confirmó la necesidad de impulsar Reformas Agrarias renovadas en la región para mejorar la calidad de vida de las personas que viven de la tierra.
Hace aproximadamente 50 años, casi todos los países de América Latina aprobaron leyes de Reforma Agraria dirigidas a cambiar la estructura de tenencia de la tierra y, así, mejorar la calidad de vida del sector campesino. Sin embargo, a pesar de su importancia, no lograron cumplir con todas sus promesas. El Foro evidenció que la cuestión agraria y de la tierra se enfrenta a nuevos retos sin haber superado varios de los antiguos y que sigue siendo necesario impulsar procesos de reforma integrales que recuperen las reivindicaciones de las personas que trabajan y viven de la tierra, tomando en cuenta sus propuestas de desarrollo.
En este sentido, Fernando Eguren (CEPES, señaló que entre los actuales desafíos se encuentra la persistencia de la agroindustria, las nuevas tecnologías o el cambio climático. “El apoyo a los agronegocios de exportación resulta para muchos gobiernos la principal política de Estado en materia agraria”, afirmó.
Hoy sigue existiendo una gran desigualdad de la tierra a pesar de las Reformas Agrarias. A nivel mundial, Latinoamérica es la región con mayor desigualdad respecto al acceso a la tierra. “El 1% de fincas concentra más de la mitad de las tierras, y los más afectados por esa desigualdad son los pueblos indígenas y mujeres”, advirtió Stephanie Burgos, asesora política de OXFAM América.
Teniendo en cuenta que en diversos países se están dando medidas regresivas sobre los derechos de campesinos/as, pueblos indígenas y agricultores/as familiares, una nueva reforma agraria debería “incluir a los excluídos impulsando políticas con presupuestos para asegurar la participación efectiva de las organizaciones sociales y comunidades. El derecho de propiedad privada de la tierra debe estar condicionado a la función social, económica, ambiental y productiva”, sostuvo Rolf Hackbart, Oficial de Tenencia de Tierra y Recursos Naturales de la FAO.
Perú: avances para la titulación de comunidades nativas
Fabiola Muñoz, la entonces Ministra de Agricultura y Riego y hoy Ministra del Ambiente, resaltó la importancia de la organización de este tipo de eventos por dar la posibilidad de intercambiar experiencias y soluciones ejecutadas por diferentes países para afrontar el problema de la fragmentación de la tierra y cerrar las brechas sociales.
En su presentación reiteró el compromise del MINAGRI con la titulación de comunidades nativas. “Nos hemos propuesto como Gobierno cerrar la brecha de titulación de Comunidades Nativas al 2021”, señaló
Colombia: transformación del campo en el marco del Acuerdo de Paz
El caso de Colombia, país en donde se está implementando el Acuerdo de Paz tras décadas de conflictos asociados en gran medida a la cuestión de la tierra, fue ampliamente discutido en el foro. Antonio Lizarazo, Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, sostuvo que “la construcción de la Paz en el país pasa por la transformación estructural del campo. Se requieren medidas para el uso adecuado de la tierra y para asegurar el acceso a esta para aquellos que habitan en el campo, promoviendo la desconcentración de la tierra”.
En el actual contexto, la ocupación del territorio y su propiedad de la tierra es un reto para que tanto campesinos, indígenas y afrodescendientes transformen el campo y estimulen el progresivo derecho a la tierra.
Criminalización a defensores/as de la tierra
La criminalización de la protesta social es un fenómeno que recorre la región. En muchos de los países latinoamericanos el derecho penal es utilizado como un instrumento para perseguir y criminalizar a los defensores/as de la tierra en un clima de impunidad.
Leira Vay ( CODECA), alertó que en Guatemala “reprimen por defender el derecho a la tierra y el territorio. Los niveles de corrupción son altos y también los niveles de la represión a la defensa de los derechos humanos. En lugar de hacer justicia, criminalizan”.
Agricultura familiar
También se dialogó sobre la necesidad de que los estados diseñen políticas públicas y programas que contribuyan a al desarrollo digno de la agricultura familiar y no solo a políticas asistencialistas. Así, Juliana Millán, representante de RENAF Colombia y coordinadora de la Iniciativa regional de Agricultura Familiar de la ILC ALC, comentó que “se necesita articulación de todas las organizaciones sociales y también urbano-rural para la puesta en marcha de la política pública”.
En el evento participaron cerca de 200 personas, de 70 organizaciones provenientes de 16 países, entre ellos expertos en cuestiones rurales de diferentes sectores -autoridades políticas, instituciones internacionales, académicos, activistas, entre otros-.
Al finalizar el evento, las organizaciones miembro de la ILC ALC suscribieron la “Declaración de Lima”, en la cual renuevan su compromiso con los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes en su lucha constante por el ejercicio de sus derechos a la tierra.