La Red de Iniciativas de Monitoreo de la Gobernanza de la Tierra y los Recursos Naturales realizó cuatro informes sobre las fortalezas y debilidades de los marcos legales de los derechos de tenencia de la tierra y la agricultura familiar en Honduras, Colombia, Bolivia y Venezuela. Estos informes evidencian las características comunes respecto a la situación jurídica del tema tierra que se viven en distintos países y visibilizan los retos para alcanzar la plena garantía de derechos en las ruralidades latinoamericanas.
Honduras: concentración de tierras amenaza los derechos a la tierra de pobladores rurales
El informe realizado por el Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de la UNAH concluye que en Honduras no se cuenta con los marcos normativos suficientes para asegurar el acceso a la tierra para los pueblos indígenas, afrodescendientes o mujeres rurales. Se señala que la mayor amenaza para el ejercicio de los derechos de tenencia seguros es la concentración de tierras.
En 2018, el total de la tierra titulada representaba poco más del 30% del total nacional y no se prevé que la cifra aumente. Existen importantes retos y problemáticas asociadas a los monocultivos de la palma aceitera o el extractivismo, actividades que favorecen a los grandes inversores, en detrimento de una gobernanza de la tierra inclusiva y una adecuada distribución de la tierra.
De otro lado, si bien se han dado avances en lo que respecta a la tenencia de tierra para las mujeres rurales, estas constituyen el sector más excluido en la tenencia de la tierra, pues todavía los títulos de propiedad siguen siendo mayormente a nombre de los varones. En cuanto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, se destaca que entre 2010 y 2017 se realizaron escasas titulaciones, como el caso de los pueblos Pech y Tawahk, que no recibieron ningún título.
Comunidades invisibilizadas por el Estado en Colombia
A pesar de contar con un amplio marco normativo en temática de tierras, con especificidades para grupos étnicos, en Colombia persisten las limitaciones que perjudican el acceso a la tierra para las comunidades campesinas, según la investigación realizada por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la PUJ. Las comunidades afirman que sus derechos a la tierra aún no han sido reconocidos por el Estado.
Debido a la alta concentración de la tierra en Colombia[1], existe una deficiente disponibilidad de tierras para las comunidades campesinas y étnicas que dependen de la tierra como medio de subsistencia.
Otro hecho relevante es que solo se han restituido poco más de 300 mil hectáreas de las 8 millones que se despojaron a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes durante el conflicto armado interno[2]. De otro lado, aunque hay políticas públicas para la temática de sistemas productivos en pequeña escala, hay regiones, como la de Montes de María, donde la intervención del Estado en proyectos o programas de agricultura familiar es nula.
Bolivia avanza en el reconocimiento de territorios indígenas originarios campesinos
Al ser uno de los países sudamericanos donde históricamente ha existido mayor debate y avances respecto a la institucionalidad agraria, Bolivia ha desarrollado una normativa relevante para asegurar el derecho a la tierra de familias campesinas, comunidades y pueblos indígenas originarios campesinos. A pesar de ello, según el análisis elaborado por la Fundación Tierra, existen retos a futuro con implicaciones fundamentales a la hora de mantener un sistema seguro y equitativo de tenencia de tierras, como los problemas referidos a la herencia de la tierra.
Un aspecto destacado es que el país está por concluir un proceso de saneamiento de tierras iniciado hace más de dos décadas que tiene dos logros importantes. Por un lado, el reconocimiento y titulación de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos, como espacio de vida de pueblos indígenas originarios. Por otro, hay un avance en el respeto al derecho de las mujeres a la tierra, que fue priorizado en la política agraria desde 2009, aunque hace falta más acciones estatales para su cumplirlo con garantías.
No hay títulos de propiedad para los campesinos en Venezuela
La investigación realizada por Acción Campesina, señala que, a pesar de que se evidencia una intención por regular la tenencia de tierras en el país, la realidad es que los campesinos y demás productores agropecuarios no cuentan con la titularidad de la propiedad de la tierra. Existen obstáculos para la entrega de estos títulos por parte del Instituto Nacional de Tierras (la autoridad agraria del país), y esta solo otorga otros instrumentos que no están previstos en la ley y con los que se pretenden suplir la inseguridad de la tenencia.
Por otra parte, en el informe se señala que no existen políticas específicas para la agricultura familiar, pues esta todavía no constituye una categoría política clara para el Estado[3]. Sin embargo, aunque algunas ya no se llevan a cabo, sí se han promovido acciones dirigidas a la pequeña y mediana agricultura o el campesino y su familia, tales como el financiamiento agrícola, la asistencia técnica o el acceso a servicios básicos.
[1] Colombia es el país Latinoamericano que ocupa el primer lugar del ranking de la desigualdad en la tenencia de la tierra. Teniendo el 1% de las explotaciones de mayor tamaño, maneja más del 80% de la tierra, y el otro 99% tiene menos del 20% (OXFAM, 2017). REVISAR , tiene error
[2] En 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley para la Restitución de Tierras, clave para los procesos de tenencia de la tierra.
[3] En Venezuela, no se aprecian distinciones de relevancia en torno a la población rural o urbana, los lineamientos políticos se realizan en función de la situación de pobreza o de marginalidad.