Entrevista a Marcelo Sabuc Xalcut
Defensor de la tierra y luchador contra el extractivismo, Marcelo Sabuc Xalcut participó de la 3° Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Conversamos con él sobre cuál es la situación de las personas defensoras en Guatemala, y cómo el recientemente aprobado Plan de Acción Regional puede contribuir a garantizar sus derechos.
Desde hace largo tiempo, la situación de las personas defensoras en Guatemala es alarmante. Solo entre 2012 y 2022 82 personas defensoras fueron asesinadas en el país (según el último informe de Global Witness de 2023). Al mismo tiempo, los registros de UDEFEGUA dan cuenta de un incremento sostenido en las agresiones: de 55 contabilizadas en el año 2000, las agresiones treparon a 1002 en 2021.
Ante este contexto, la ILC LAC liderará -en alianza con Trócaire- la implementación en el país de la iniciativa Unidos y Unidas por las Personas Defensoras del Medio Ambiente y del Territorio (Iniciativa STAND). Impulsada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Alianza de Defensores de la Tierra, Indígenas y del Medio Ambiente (ALLIED), la Iniciativa STAND se propone fortalecer las capacidades de las personas defensoras y sus organizaciones, apoyarlas en su incidencia a través de fondos semilla y potenciar sus alianzas colaborativas.
Conoce más de la Iniciativa STAND
Como parte de las primeras acciones de dicha iniciativa, Marcelo Sabuc Xalcut, defensor de la tierra e integrante del Comité Campesino del Altiplano (parte de la Coalición Nacional por la Tierra de Guatemala), viajó hacia Santiago de Chile para llevar la voz de quienes defienden la tierra a la 3° Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú.
Marcelo en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, donde se realizó la COP3 del Acuerdo de Escazú
Como defensor de los derechos a la tierra y el medio ambiente de Guatemala, ¿cuál era el mensaje clave a posicionar en esta COP3?
Si bien en 2018, el Estado de Guatemala suscribió el Acuerdo de Escazú, para que entre en vigencia hace falta que se realice el procedimiento de ratificación.
Eso es lo central que estamos exigiendo las organizaciones, que Guatemala ratifique el acuerdo.
Y también pedir que sean escuchadas las demandas de las comunidades y pueblos indígenas para que no se siga violentando sus derechos, para poner un freno a la represión y a la criminalización, y que tengan acceso a la justicia.
El gran hito de esta COP fue la aprobación del Plan de Acción Regional sobre defensoras/es de DDHH en asuntos ambientales. ¿Qué acciones de ese plan consideras urgentes?
Creemos que las acciones del plan más prioritarias deben ser aquellas que permitan el acceso a la justicia.
En Guatemala no hay justicia, más bien hay persecución en contra de jueces y fiscales probos. Si bien como CCDA hemos firmado un Acuerdo Agrario con el nuevo gobierno del Sr. presidente Arévalo, nos preocupa la actuación de la fiscalía del Ministerio Público, ya que sigue emitiendo órdenes de captura. Entendemos que es una estrategia de la fiscal general, quien está a favor de las empresas extractivas y de la asociación de finqueros, para generar fricciones entre las organizaciones y las nuevas autoridades, y debilitar el Acuerdo Agrario firmado el pasado mes de febrero.
También debe ser prioridad la asignación de financiamiento, para que efectivamente se pueda ejecutar este Plan de Acción. Otro punto que requiere acciones urgentes es la inclusión de los pueblos indígenas, para que tengan voz y voto en las tomas de decisiones y que tengan un real acceso a la información.
La situación de represión que venimos enfrentando es muy dura.
Solo en el CCDA, de 2014 hasta ahora contamos 16 compañeros asesinados, compañeros que quedaron inválidos al ser heridos por proyectiles de armas de fuego y 1050 hermanos y hermanas con órdenes de captura. Esperamos que el Acuerdo de Escazú y este Plan de Acción nos puedan ayudar. Sabemos perfectamente que no resuelve el problema. Pese a todo, nuestro sueño sigue siendo detener a las empresas mineras, a las hidroeléctricas, para que no se sigan cometiendo grandes violaciones de derechos humanos, ni contaminando los recursos, más en el contexto actual de profundización de la crisis climática.
¿Qué estrategias ponen en marcha desde el CCDA para enfrentar las violaciones de derechos de las y los defensores?
Desde el CCDA venimos llevando a cabo distintos procesos. Para enfrentar la persecución y criminalización hemos presentado demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, que han resultado en medidas cautelares, pero hasta ahora el Estado de Guatemala ha hecho caso omiso.
Por otro lado, fortalecer redes. Somos parte de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra, y venimos llevando adelante coordinaciones con organizaciones hermanas como CODECA y UVOC. Creemos que es fundamental sostener y fortalecer las redes, apostar a la coordinación y la incidencia estratégica para seguir impulsando las demandas. Cuando coincidimos en nuestra lucha, nos movilizamos conjuntamente.
¿Qué capacidades de las y los defensores de Guatemala crees que es necesario fortalecer?
En Guatemala las organizaciones de los territorios y de la sociedad civil tenemos una gran capacidad, principalmente para lograr articulaciones. Por ejemplo, respecto del Acuerdo de Escazú venimos compartiendo información y divulgando sobre este instrumento entre todas las organizaciones sociales, las juventudes, las mujeres, los pueblos indígenas y autoridades ancestrales. Pero sigue siendo necesario el fortalecimiento de las redes y el conocimiento de herramientas o instrumentos como Escazú. Somos conscientes de que el Acuerdo viene a beneficiar a los defensores y defensoras de derechos ambientales en nuestro país, por eso debemos seguir incidiendo y trabajando para que el Estado de Guatemala lo ratifique.