Este especial forma parte de "Tierra conTEXTO", una serie en la que se reflexiona sobre la cuestión de la tierra y su gobernanza en distintos contextos sociales y políticos de países de América Latina y el Caribe desde la perspectiva de las Coaliciones Nacionales por la Tierra y las Plataformas Regionales que impulsa la ILC LAC.
El próximo siete de agosto Gustavo Petro y Francia Márquez, del Pacto Histórico, asumirán la presidencia y la vicepresidencia del Colombia. Un triunfo histórico para muchos, pues se trató de candidaturas de origen popular que fueron apoyadas decididamente por movimientos agrarios –campesinos, indígenas y afrodescendientes–, tradicionalmente excluidos de las decisiones de política de tierras y desarrollo rural.
Esta elección estuvo precedida de una inmensa protesta, en 2021, que inició por un anuncio de reforma tributaria, pero que rápidamente se transformó en una impugnación del modelo de desarrollo vigente. Dicha protesta a su vez fue parte de un ciclo de movilizaciones realizadas en los últimos años por parte de sectores urbanos y rurales, en las que la respuesta estatal ha sido altamente represiva.
El programa de gobierno presentado por el Pacto Histórico, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, recoge buena parte de las demandas de los movimientos populares del mundo rural: reforma agraria, sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito, soberanía alimentaria, ordenamiento ambiental y territorial propio, entre otros.
Todo esto enmarcado en grandes apuestas: economía productiva sostenible, protección de la biodiversidad y el “vivir sabroso”: esta última impulsada por Francia, mujer negra, feminista y ambientalista, reconocida internacionalmente por su oposición al extractivismo, que afirmó en campaña, con toda la profundidad de su significado, que se trata de “vivir sin miedo, vivir con derechos”.
Las primeras declaraciones de intenciones sobre una reforma agraria que aumente la producción de alimentos, como prioridad en la agenda del nuevo gobierno, han avivado el debate público sobre la tierra, su concentración (la concentración en Colombia está entre las más altas del mundo) y sus usos. Junto con otras, como que no se hará fracking y no se usará glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito, son un indicador del viraje que se pretende en las políticas agrarias y ambientales.
En el informe “Cambios y persistencias en la gobernanza de la tierra. Una mirada post Reformas Agrarias en América Latina y el Caribe” señalábamos tres elementos, no los únicos, que limitaron la posibilidad de hacer una reforma agraria en Colombia: la reducción de la institucionalidad agropecuaria en el marco de ajustes fiscales; la sobrerrepresentación de gremios económicos en la política de tierras y agraria que impuso la idea de que no era el campesinado el motor del desarrollo rural; y la adjudicación de baldíos por encima de otros mecanismos de redistribución.
PUBLICACIÓN: CAMBIOS Y PERSISTENCIAS EN LA GOBERNANZA DE LA TIERRA
En este contexto, uno de los retos entonces es reconstruir y fortalecer una institucionalidad que permita cumplir con los objetivos propuestos por el programa de gobierno, que involucre de manera más efectiva a los entes territoriales y a las instancias locales de participación y, también, el aumento de los presupuestos del sector que son bajos y que en los últimos años se han visto reducidos.
En segundo lugar, es claro que existe una expectativa de mayor participación en la toma de decisiones de las organizaciones agrarias populares. En las últimas semanas, éstas han venido promoviendo discusiones con el nuevo gobierno frente a los aspectos que deben hacer parte de las reformas: una agenda maximalista que deberá encontrar, en el diálogo y la negociación política, rutas de implementación a corto, mediano y largo plazo, pero que debe materializarse también en aumentar la representación política de dichas organizaciones.
Por último, ya la ministra designada anunció que la distribución no se hará sobre baldíos, sino sobre el latifundio improductivo, que constituye otro escenario de negociación con sectores poderosos ligados a la tierra. Todas, tareas nada fáciles.
Una apuesta amplia, pero posible
En el 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, se habían establecido instrumentos dirigidos a democratizar la tierra, resolver conflictos socioambientales, apoyar la economía familiar campesina y fomentar la participación de las comunidades rurales como parte de una Reforma Rural Integral, objetivos en los que no avanzó decididamente el gobierno ahora saliente.
Un buen punto de partida para las reformas que se busca emprender es materializar el Acuerdo de Paz en materia agraria: avanzar en el catastro multipropósito que permita contar con mejor información sobre la tierra y mejorar el recaudo del impuesto predial; crear la jurisdicción agraria que contribuya a la resolución de conflictos; cumplir y ampliar las metas de acceso y formalización de tierras (3 y 7 millones de hectáreas, respectivamente); recuperar el espíritu participativo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y poner en marcha las medidas de los Planes Nacionales articulados a la Resolución 464 de 2017 que dicta los lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Esto junto con el fortalecimiento de los procesos de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito.
Otros elementos, anunciados en el Programa de Gobierno, son centrales también en este camino: el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la promoción de la participación de mujeres y jóvenes rurales, la prioridad en la titulación de tierras para las mujeres, la protección de líderes sociales y el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos étnicos. Una apuesta amplia, pero posible.