El pasado 5 de abril se presentó ante la Secretaría del Senado de la República el proyecto de Reforma Constitucional al artículo 64, iniciativa con la que “se reconoce al Campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”. El proyecto se inscribe en las recientes movilizaciones agrarias en Colombia, y también en las propuestas internacionales de reconocimiento de los derechos de este importante sector de la sociedad como el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales que actualmente se discute en Naciones Unidas.
En medio de un mercado campesino, el senador Alberto Castilla, junto con la bancada de su partido Polo Democrático Alternativo, y congresistas del Partido Verde, Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS– y el Partido Liberal, presentaron la iniciativa legislativa que busca:
- Reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, al reemplazar el concepto de “trabajador agrario” por los conceptos de “campesino” y “campesina”.
- Pasar de reconocer el acceso a la tierra a reconocer el derecho a la tierra individual y colectiva.
- Reconocer la construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas.
- Reconocer el derecho a las semillas.
- Reconocer a las mujeres campesinas y garantizar la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo.
- Establecer la obligatoriedad del mecanismo de participación de consulta popular en caso de que haya afectación de tierras y territorios campesinos.
- Ordenar y adaptar los derechos sociales reconocidos universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo.
Además de contar con el apoyo de los partidos políticos, la iniciativa es respaldada por organizaciones populares del campo como el Coordinador Nacional Agrario –CNA– y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; e igualmente por la Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio (ENI Colombia) y otras organizaciones sociales y no gubernamentales.
Texto del Proyecto de Reforma Constitucional presentado:
El Congreso de Colombia
DECRETA
Artículo 1. El artículo 64 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 64: Los campesinos y campesinas son sujetos de especial protección. Las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales.
Se garantiza el derecho a la tierra. Es deber del Estado promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra en forma individual, asociativa o colectiva, así como a otros recursos productivos. En todos los casos la distribución de los recursos productivos garantizará la equidad de género.
El Estado reconoce y protege el derecho de las comunidades a mantener, controlar y desarrollar sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos y semillas conforme a su modo de vida. El Estado reconocerá diversas formas de territorialidad campesina en áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran o permitan el fortalecimiento de la economía propia y el desarrollo de planes de vida de comunidades campesinas.
Las comunidades campesinas tienen derecho a participar de manera activa en el ordenamiento del territorio y en los asuntos que les afecten. En los casos en los que se planee la realización de proyectos que impliquen la intervención o afectación de territorios campesinos, de tierras destinadas a la agricultura basada en la economía campesina o de recursos naturales existentes en estos territorios, el Presidente de la República, los gobernadores o alcaldes, según sea el caso, deberán realizar una consulta popular con los habitantes de las tierras o territorios afectados. En todos los casos la decisión tomada por el pueblo será obligatoria.
Los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la recreación y demás derechos tendientes a mejorar la calidad de vida del campesinado se adecuarán, en su formulación y aplicación, a las necesidades campesinas. El Estado garantizará el acceso a servicios de crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial en forma individual y colectiva a campesinos y campesinas, con el fin de mejorar su ingreso y de garantizar el pleno goce de sus derechos.
Parágrafo: Una ley reglamentará y desarrollará la forma como se garantizará la protección especial de los campesinos y campesinas. También reglamentará el reconocimiento de la territorialidad campesina, sus características y los procedimientos para su delimitación, así como el mecanismo de consulta del que trata este artículo.
Artículo 2. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.
Para consultar el texto completo con la exposición de motivos haga click aquí