Una institución crucial en la lucha para proteger los derechos humanos y el estado de derecho está en grave peligro en Guatemala. Por orden del presidente Jimmy Morales, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no tendrá un nuevo mandato, 12 años después de que las Naciones Unidas la estableciera.
or Rony Morales y Michael Taylor
Rony Morales es un periodista comunitario de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en Guatemala, y Michael Taylor es director de la Secretaría de la International Land Coalitin, una alianza de 255 organizaciones de la sociedad civil y multilaterales en 77 países, con sede en Roma.
Ivan Velásquez, el jefe de la CICIG, soportó un intento del presidente de expulsarlo el año pasado. Pero el ciudadano colombiano ahora tiene prohibido ingresar a Guatemala. Se han presentado recursos legales ante el Tribunal Constitucional para anular la orden.
Velásquez se mantiene estoicamente comprometido con el trabajo de la comisión, manteniéndose a cargo desde el exterior. Lo conocimos hace unas semanas cuando recibió a nuestra delegación de alto nivel, organizada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en respuesta a un estallido de violencia contra los defensores de los derechos a la tierra en Guatemala.
En los últimos ocho meses se ha visto una ola de ataques, amenazas de muerte y asesinatos. Diecinueve activistas y periodistas han sido asesinados; muchos de ellos también fueron torturados. Dos eran periodistas comunitarios, tres eran organizadores sindicales y 14 eran líderes indígenas.
Nadie ha sido acusado hasta el momento, a pesar de que muchos de los asesinatos ocurrieron en lugares públicos.
En nuestra reunión, Velásquez expresó su profunda preocupación por la creciente influencia de las "estructuras criminales" en el Estado, la militarización de la policía y la legislación para restringir las libertades civiles. Explicó el aumento de los homicidios como un esfuerzo desesperado por contener los movimientos de base para la democracia y los derechos territoriales indígenas. Uno de esos movimientos es el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Públicamente fustigado por el presidente, CODECA ha visto a seis de sus líderes asesinados desde enero.
La mayoría de los activistas han sido asesinados mientras defendían los derechos a la tierra. Guatemala no es el único caso. Dos tercios de los 312 activistas asesinados en todo el mundo en 2017, según un informe de Front Line Defenders, defendían los derechos de las personas y las comunidades amenazadas por los megaproyectos, la minería y las grandes empresas.
Es horriblemente normal que los terratenientes ricos en Guatemala obliguen a comunidades enteras a abandonar la tierra en la que han vivido durante generaciones, a menudo con la ayuda de milicias privadas o del ejército. Los ríos de Guatemala han sido entregados al por mayor a inversionistas privados para la actividad hidroeléctrica y el riego de vastas plantaciones de caña de azúcar y palma de aceite.
Lo que presenciamos hoy se cimienta en una larga historia de despojo de la mayoría indígena. En 1950, el 72 por ciento de la tierra de Guatemala estaba concentrada en manos de solo el 2 por ciento de la población. Los esfuerzos de un gobierno democrático efímero para implementar la reforma agraria se vieron truncados por el golpe respaldado por Estados Unidos en 1954. La guerra civil de 36 años enfrentó a las comunidades indígenas y campesinas con el gobierno. Cuando finalmente se firmaron los acuerdos de paz en 1996, la reforma agraria fue un elemento central.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos han ignorado el problema desde entonces. En cambio, han construido un modelo de desarrollo tan excluyente que, si bien el producto interno bruto de Guatemala se ha duplicado en la última década, las tasas de pobreza en el mismo período han aumentado. La malnutrición infantil se encuentra entre las más altas del mundo, con un 46.5 por ciento, y más del 75 por ciento de la población indígena vive en la pobreza.
La élite parece dispuesta a continuar enriqueciéndose y bloqueando la reforma a cualquier precio. Ahora, parece, ese costo puede ser el riesgo de retroceder a los días oscuros de la guerra civil.
Una de las pocas instituciones capaces de desafiar el status quo era la CICIG. Velásquez no tuvo miedo de hacerlo: acusó al ex presidente y vicepresidente de cargos de corrupción. Ahora las comunidades que luchan por su tierra y el medio ambiente han perdido una de sus últimas esperanzas de protección.
La miseria implacable causada por la desposesión desestabiliza aún más las perspectivas de paz no solo en Guatemala, sino también en una región ya volátil. También impulsa a las familias con pocas opciones en el hogar a intentar el peligroso viaje a los Estados Unidos. Si solo por esta razón, Estados Unidos debería preocuparse por la reforma agraria en Guatemala.
Sin embargo, Estados Unidos hasta el momento no muestra signos de utilizar su importante influencia económica o política. Sigue siendo el socio comercial más importante de Guatemala, incluso en los sectores más ávidos por tierra como son la agricultura y la energía hidráulisa. Estados Unidos inexplicablemente se negó a respaldar la declaración conjunta emitida la semana pasada por el grupo de donantes G13 en apoyo a Velásquez y el trabajo vital de la CICIG.
Guatemala no puede seguir ignorando la corrupción y los derechos a la tierra de sus ciudadanos. La reforma agraria -o la redistribución de las tierras agrícolas- es un tema del siglo XXI que encabeza la agenda política no solo en Guatemala, sino en países como Sudáfrica, Colombia e Indonesia.
Es de interés de la comunidad internacional garantizar que la polarización en Guatemala no llegue a un punto de quiebre. Solo restaurando el mandato de instituciones independientes como la CICIG y empoderando y protegiendo a los activistas que piden una reforma agraria, todos en Guatemala tendrán una oportunidad más justa de construir una vida digna, y solo entonces florecerá la paz.
Nota traducida por la ILC. Nota original publicada en el Washingon Post