STAND: un esfuerzo conjunto para responder al llamado de las personas defensoras del medio ambiente y del territorio en Guatemala

Los derechos sobre la tierra han sido centrales en la configuración de la sociedad guatemalteca. Desde la colonia hasta el establecimiento del Estado, han estado en disputa miradas opuestas sobre la relación de las personas con la tierra. El extractivismo de los recursos naturales que se instaló con la conquista colisionó con el modo de vida y la cosmovisión de los pueblos originarios, más orientado a una visión holística e integrada con la naturaleza. Luego de siglos en los que la economía se basó en la explotación de las materias primas sus impactos negativos en el país son evidentes. Frente a ello, los pueblos originarios han seguido reivindicando su visión y sus conocimientos ancestrales para cuidar a la madre naturaleza, y actualmente, desde algunos sectores nacionales e internacionales, existe un mayor reconocimiento de su rol para hacer frente a la crisis climática y como guardianes de la biodiversidad. Pese a todo ello, aún no se cuenta con consensos sobre las transformaciones económicas y políticas necesarias para enfrentar la crisis climática y para proteger a los pueblos originarios que defienden con su vida el medio ambiente y el territorio.

En Guatemala son las poblaciones indígenas y campesinas quienes han mantenido un modo de vida más armónico con la naturaleza, y son quienes hoy defienden y protegen el territorio de los proyectos que se ejecutan sin tener en cuenta su impacto en el medio ambiente y en la población que vive en las áreas de intervención. Son también quienes han alertado sobre los impactos de los monocultivos y la agroindustria en la tierra, sobre la contaminación minera y el despojo de tierras y ríos por parte de las empresas hidroeléctricas. Estas acciones de defensa las han colocado en el blanco de los ataques y agresiones de agentes económicos y políticos que ven afectados sus intereses.

Entre 2021-2022 se produjeron en Guatemala 82 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente de acuerdo con Global Witness y 1002 agresiones según datos de UDEFEGUA.

La criminalización es una de las agresiones más comunes que en muchos casos ha derivado en detenciones arbitrarias y procesos de órdenes de capturas que han llevado a las personas defensoras al aislamiento social y a un deterioro de su salud mental. A ello se suman los innumerables desalojos violentos de los que han sido víctimas las comunidades campesinas e indígenas, y la crisis humanitaria en la que han quedado muchas de ellas.

Los pueblos indígenas y campesinos continúan con su lucha por el acceso a la tierra y el reconocimiento de su territorio en el marco de un conflicto agrario que se extiende desde el siglo pasado hasta la actualidad. Saben que ello es el primer paso para una vida digna, y para preservar sus costumbres ancestrales que son centrales para proteger la naturaleza.

Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio se cuentan entre las mejores protectoras del planeta.

La defensa de la tierra implica un riesgo que puede costarles la vida. Y, pese a la impunidad, la falta de justicia y la inseguridad jurídica, se mantienen en la primera línea de defensa. En este contexto, las acciones de prevención, protección e incidencia para generar cambios políticos que garanticen sus derechos, son urgentes.

En 2024 la International Land Coalition LAC, en alianza con la Coalición Nacional por la Tierra de Guatemala y Trocaire Guatemala, inició la implementación de la iniciativa Unidos y Unidas por las Personas Defensoras del Medio Ambiente y del Territorio (STAND, por sus siglas en inglés) en el país centroamericano. Se trata de un esfuerzo conjunto promovido por el World Resources Institute (WRI) y la Alliance for Land, Indigenous, and Environmental Defenders (ALLIED) en Guatemala, Brasil, México, República Democrática del Congo, Kenia y Liberia.

La iniciativa busca fortalecer las estrategias de defensa, protección y prevención de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio a través de procesos de formación.

Asimismo, reforzará sus capacidades para exigir el cumplimiento de la legislación y las políticas medioambientales, así como las agrarias, y para proponer la generación de normas y políticas que garanticen sus derechos.

También contribuirá a ampliar los recursos financieros para hacer frente a los riesgos que enfrentan a través de un Fondo Semilla para personas defensoras del medio ambiente y el territorio que proporcionará subvenciones para la incidencia política, reforzando sus medidas de protección y garantizando la sostenibilidad a largo plazo. Dentro de las acciones de incidencia que se apoyan desde la iniciativa están aquellas dirigidas a impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú en Guatemala y a apoyar la participación de las y los defensores en espacios de incidencia regional como la COP de Escazú con el fin de amplificar sus demandas.

En la iniciativa participan personas defensoras de la tierra y el territorio de Guatemala de comunidades en situaciones de vulnerabilidad o que están en riesgo de estarlo, y que hacen parte de organizaciones miembros de la ILC y sus aliados, que cuentan con una vasta trayectoria en la defensa del territorio. En este primer año la iniciativa se enfoca en el programa de formación y en 2025 se implementará el Fondo Semilla que pondrá a disposición alrededor de 7 subvenciones que aportarán a los procesos de lucha y defensa del medio ambiente y el territorio que las organizaciones campesinas e indígenas vienen impulsando.

El actual gobierno de Guatemala representa una oportunidad de cambio con relación a los anteriores. Después de mucho tiempo, los espacios de diálogo se han abierto entre las organizaciones campesinas e indígenas y el Estado. Muestra de ello es el Acuerdo Agrario firmado entre el gobierno y cuatro organizaciones campesinas: el CCDA, Nuevo Día, UVOC y el CUC, dentro del cual una de las prioridades es atender la conflictividad agraria. En este contexto, la iniciativa STAND contribuirá, a través de sus distintas estrategias, a los procesos de incidencia que abonen a acabar con los ataques letales y no letales contra las personas defensoras del medio ambiente y el territorio, así como a la garantía de sus derechos sobre la tierra y sobre los demás bienes comunes que se encuentran dentro de sus territorios.