El pasado 5 de mayo, se presentó ante la Asamblea Nacional en Ecuador el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, producto del trabajo conjunto de pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones sociales.
En Ecuador hay alrededor de 200.000 familias que producen sin tener seguridad en la tenencia y el acceso a la tierra, la cual a su vez se ve amenazada por la expansión de industrias extractivas en las regiones de la Costa, Sierra y Amazonía; la extranjerización de la tierra, el crecimiento urbano y el desarrollo turístico.
El Estado ecuatoriano ha sostenido una estructura desigual en el control de la tierra y ha desconocido la problemática agraria. Las reformas agrarias impulsadas en el país en 1964, 1973, 1994 no han resuelto los problemas de la tierra en el Ecuador, y la actual Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRyTA), de 2016, es una ley que más bien garantiza el latifundio, la concentración de la tierra, y la expansión de la agro-producción para la exportación. La aplicación de políticas redistributivas y de acceso integral para las familias campesinas, se han visto envueltas por la lógica del mercado, la venta forzosa de la tierra y las migraciones para sobrevivir.
Para hacer frente a este escenario, pueblos indígenas, campesinos, montubios, afros y organizaciones sociales trabajaron juntos en una propuesta de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que recoge no solo demandas, sino también la lucha histórica de estos sectores por sus derechos.
Esta reforma a la LOTRyTA busca que se redistribuya la propiedad de las tierras de cultivo y se garantice a las comunidades nativas la titularidad plena de sus territorios ancestrales.
Una propuesta construida en los territorios
“El proyecto de reforma fue trabajado durante más o menos un año, junto con organizaciones del movimiento indígena ecuatoriano, sobre todo amazónicas, y también con organizaciones campesinas. Fue un proceso de construcción colectiva” explica Melissa Ramos [1], investigadora e integrante del equipo técnico que elaboró el proyecto de reforma, al cual describe como una propuesta de “reforma estructural”, en tanto son más de 50 los artículos que busca modificar.
El proceso de debate y construcción de la propuesta[2] se realizó a través de talleres en los territorios y, se conformó un equipo técnico que reunió a integrantes de distintas instituciones técnicas y organizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Este equipo técnico trabajó para generar una metodología que permitiera recoger los comentarios y estructurar la propuesta.
Posteriormente, se realizaron una serie de asambleas comunitarias (para socializar la propuesta desarrollada) con organizaciones de base de las tres regiones del país. Los encuentros para la puesta en común se llevaron a cabo en Amazonía (norte y centro), Cañar (Sierra Sur), Ibarra (Sierra Norte), Comuna Montañita (Costa centro) y Esmeraldas (Costa Norte), y contaron con la participación de la CONAIE, CONFENIAE, ECUARUNARI, CONAICE, CNC Eloy Alfaro, FENOCIN, y organizaciones del pueblo afro.
“La ley vigente es una ley más bien de carácter productivista y que deja por fuera las visiones campesinas e indígenas” observa Melissa, mientras que la propuesta de reforma elaborada “avanza en términos de la garantía de la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y la mejora en las condiciones de familias campesinas sin tierras (o con poca tierra, o con tierra de mala calidad). También incorpora con fuerza el tema de titulación con garantía jurídica para los territorios ancestrales, que son aquellos territorios de pueblos indígenas que deben ser cobijados por derechos colectivos, y la defensa de estos territorios de las actividades extractivas mediante la consulta previa, libre e informada”.
Propuesta de Reforma a la Ley de Tierras 2022
Desde las bases a la Asamblea Nacional
El pasado 5 de mayo, se llevó a cabo la entrega del texto de propuesta final para la reforma a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. El documento fue recibido por Peter Calo, Asambleísta e integrante del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, encargado de promover la reforma en el Parlamento.
La entrega del proyecto fue acompañada por una marcha pacífica que inició con una ceremonia ancestral en el parque El Arbolito, en Quito.
Ahora, la propuesta de reforma debe ser revisada en primera instancia por la Comisión de Análisis Legislativo (CAL), y luego ingresará a la Comisión de Soberanía Alimentaria, para su tratamiento interno. Si es aprobada por esta comisión, pasará a la Asamblea Nacional, que deberá reunirse en dos ocasiones en pleno para aprobar la reforma. Las organizaciones que impulsaron este proyecto continúan trabajando, llevando adelante un proceso de seguimiento y veeduría.
Tierra para cultivar y vivir. Territorio para cuidar y sentir.
La socialización de la propuesta de reforma y la entrega del documento final, fueron acompañadas por una amplia campaña de comunicación que se desplegó en redes sociales, bajo el nombre “Tierra urgente. Territorio Latente”. Con gráficas, videos, podcast, jingles de radio y cuñas publicitarias (producidas no solo en español, sino también en kichua andino, kichua amazónico, shuar y costa cultural), se buscó posicionar en las redes los mensajes clave de la propuesta de reforma de ley.
Visita el sitio web de la campaña
[1] Melissa Ramos es socióloga y ha integrado el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador (SIPAE), la Universidad Central del Ecuador (UCE). Actualmente trabaja en la asociación Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF).
[2] Ese proceso contó con el apoyo del proyecto Equiterra, implementado por AVSF, CESA, SIPAE y FEPP con el financiamiento de Unión Europea y la colaboración de la Plataforma CNT Ecuador.