En Argentina la problemática del acceso a la tierra, los derechos de las comunidades y los desalojos violentos se profundizó. Esto se debe a la aprobación de un paquete legal presentado por el gobierno nacional -conocido como Ley Bases- que facilita el atropello del interés económico en los territorios.
En la comunidad de Los Juríes, al norte de Argentina, se dio el caso más palpable: heridos, persecución y balas de plomo.
En Argentina, el acceso a la tierra ha sido históricamente una lucha para las comunidades campesinas e indígenas. Hoy esa lucha se vuelve aún más difícil: la reciente Ley Bases, aprobada con el impulso del gobierno de Javier Milei, refleja un modelo de Estado y desarrollo que favorece a los sectores del poder económico, promueve la explotación de recursos naturales y beneficia a empresas extranjeras.
Este paquete normativo reduce exigencias, elimina regulaciones, achica las funciones del Estado y limita su capacidad de control, mientras promueve la actividad privada sin priorizar los intereses nacionales. Entre sus disposiciones se encuentra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece promociones impositivas y desregulación para proyectos —principalmente en los sectores energético, minero y agropecuario— que buscan quedarse con territorios que hoy poseen de forma legal las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas.
Así se pone en peligro el acceso a la tierra de las comunidades y se habilitan desalojos en nombre de un supuesto interés superior: el extractivismo disfrazado de desarrollo económico.
Por otro lado, la Ley Bases cambia el criterio en un aspecto clave, introduciendo el llamado “silencio positivo”: si la administración pública no se pronuncia en un plazo de 60 días sobre un trámite, este se considera aprobado. Así, las empresas pueden avanzar rápidamente sobre los recursos naturales ante la inacción estatal. Hasta ahora, ocurría lo contrario: la falta de respuesta se interpretaba como una negativa.
Además, se reduce drásticamente la posibilidad de que las comunidades expresen su opinión sobre estos proyectos. La ley desconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades, establecido en la Constitución Nacional y en acuerdos internacionales a los que Argentina se adhiere como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. Al mismo tiempo, la Ley Bases restringe el derecho ciudadano a la protesta, incorporando medidas como el protocolo antipiquetes.
Para Fabián Altamiranda, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en Los Juríes, este paquete legal “allana el camino para que terratenientes y empresas extranjeras arrasen el monte, exploten los recursos naturales, destruyan ecosistemas y expulsen a miles de familias campesinas e indígenas”.
El caso Los Juríes, un ejemplo del atropello
Eran poco más de las 8 de la mañana del miércoles 12 de marzo cuando más de 70 efectivos de infantería, guardia rural y policía irrumpieron en el lote 42 de Los Juríes para desalojar a los miembros de la comunidad. Utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma, destruyeron viviendas y detuvieron a dos personas.
La orden judicial y el despliegue de las fuerzas represivas fueron para cumplir con el deseo de Guillermo Mazzoni, empresario agropecuario que dice ser dueño de 160 mil hectáreas en la región de Los Juríes. Son territorios que las comunidades ocupan desde hace 200 años. En ese lugar nació el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), que fue un ejemplo de la lucha de las comunidades y que inspiró la creación de otras organizaciones similares, muchas de las cuales siguen activas hasta hoy.
En la tarde de aquel miércoles fatídico, cuando los relojes marcaban poco más de las 16.30, fuerzas de seguridad regresaron y reprimieron con bastones, gases y una lluvia de balas. Desde la comunidad denuncian que se utilizaron balas de plomo. Dos miembros de la comunidad resultaron gravemente heridos.
La persecución continuó hasta la medianoche y dejó como saldo 8 detenidos y 26 heridos en total. “Muchos de ellos no pudieron acudir a centros de salud porque la policía los esperaba para arrestarlos, por lo que se recurrió a curaciones caseras”, contó Altamiranda.
Pasaron más de diez días desde la primera irrupción policial y la persecución continúa. La justicia emitió órdenes de detención a mansalva contra personas de la comunidad y dirigentes del MOCASE. “Nunca antes se había visto tanta violencia. Nosotros solo queremos evitar que desalojen a las familias y que se repita la historia. Porque ya hemos vivido brutales atropellos y despojos, que nos van arrinconando y van reduciendo las tierras de las comunidades campesinas”, bramó Altamiranda.
Las familias de los prófugos sufren todo tipo de violencias por parte de la policía. Golpes, viviendas destrozadas y niños a los que les apuntan con armas. Mientras tanto, Mazzoni le sumó guardias privados que se acoplan al trabajo de la policía.
Altamiranda opinó: “Esto que estamos viviendo en Los Juríes forma parte de una política nacional que desmantela el Estado y va buscando desarticular el tejido social. A pesar de este retroceso histórico, seguimos en lucha para defender nuestros derechos y reconstruir lo que sea necesario”.