Acuerdo histórico entre el gobierno y organizaciones campesinas de Guatemala para abordar el acceso a la tierra y la conflictividad agraria

Tres organizaciones campesinas - miembros de la ILC LAC y parte de la CNT Guatemala- firmaron el Acuerdo Agrario con el Gobierno de Guatemala. Construido conjuntamente, plantea una serie de medidas a ejecutar en los primeros tres meses de gobierno para resolver pacíficamente la conflictividad agraria y promover el desarrollo de las comunidades.

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo firmó un acuerdo histórico con cuatro organizaciones campesinas: el Comité Campesino Del Altiplano (CCDA), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), la Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Nuevo Día, y el Comité de Unidad Campesina (CUC).

El Acuerdo Agrario busca promover el progreso y bienestar de las comunidades campesinas, a través de medidas que simplifiquen y promuevan el acceso a la tierra; y pretende ser un instrumento que anticipe y resuelva los conflictos agrarios del país.

Los compromisos son el resultado de un proceso de diálogo con representantes de estas organizaciones -CCDA, UVOC y Nuevo Día son miembros de la ILC LAC y hacen parte de la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) de Guatemala-, que tuvo lugar durante el período de transición de mando en los últimos meses de 2023.

Fredy Pérez, facilitador de la CNT Guatemala, explica que estos vínculos de trabajo germinaron cuando, durante el complejo período de elecciones, las organizaciones campesinas, el movimiento indígena y otras organizaciones de la sociedad civil, se movilizaron en defensa de la democracia.

Atención a la conflictividad y renovación de la institucionalidad agraria, acceso a la tierra para las y los campesinos, economía campesina, articulación territorial, y seguimiento del acuerdo son los ejes de acción centrales. ¿El plazo para implementarlo? Los primeros 100 días del mandato del presidente Arévalo.

• Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un mecanismo, a cargo de la Secretaría Privada de la Presidencia, para atender la conflictividad urgente y acumulada. Según los datos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, actualmente hay más de 1.500 casos de conflictos agrarios activos en el país, causados principalmente por la falta de certeza jurídica sobre la tierra y la ocupación ilegal de tierras. Las comunidades campesinas e indígenas vienen enfrentando - y denunciando- los violentos desalojos de sus territorios ancestrales en manos de las fuerzas policiales y militares, detrás de los cuales están empresas agrícolas e industrias extractivas avaladas por el Estado.
• En cuanto al acceso a la tierra, se impulsará el mismo a través de diferentes modalidades, y se reestructurará el Fondo de Tierras, recuperando el espíritu original planteado en los Acuerdos de Paz, e incorporando a su Consejo Directivo a representantes indígenas y campesinos.
• En el marco del acuerdo, la Secretaría Privada de la Presidencia deberá impulsar la construcción participativa de una institucionalidad robusta y legalmente sostenible, cuya competencia será la formulación e implementación de una política agraria.
• Para el seguimiento de la implementación de estas medidas, se creará un espacio político de comunicación permanente entre el Gobierno y el sector campesino, que estará representado por el Consejo Campesino, integrado inicialmente por dos representantes de cada una de las organizaciones firmantes, CCDA, UVOC, Nuevo Día y CUC.

Tras la presentación de los puntos centrales del acuerdo, tomaron la palabra referentes de las organizaciones campesinas e indígenas que participaron en la construcción del mismo. Ix Jab Rossi Morales, coordinadora de juventudes de UVOC, resaltó que siempre campesinos e indígenas han tenido la voluntad de resolver los conflictos desde el diálogo. La firma del acuerdo, sostuvo Rossi, es una muestra más del compromiso de aportar a un plan estratégico que facilite el acceso a la tierra, brinde seguridad jurídica y favorezca la resolución de conflictos.

A su turno, Omar Jerónimo, coordinador de Nuevo Día, planteó dos deudas -centrales e históricas- que tiene el Estado guatemalteco para con pueblos indígenas y comunidades campesinas, y que comparten al menos, una causa: la falta absoluta de reconocimiento de sus contribuciones al país. Por un lado, la problemática agraria. “El 45% de la población guatemalteca tiene menos de una hectárea de tierra, y más o menos el 47% tiene de 1 a 10 hectáreas. Esa es la población que le da de comer a este país” señaló Omar, solo visible para el Estado y la sociedad guatemalteca “cuando se quiere despojar de tierras a las comunidades”. Por otro lado, la democracia no ha atendido a las necesidades de los pueblos indígenas y campesinos, pese a ser quienes la han defendido en los momentos de mayor fragilidad. Esta defensa del sistema democrático se enlaza directamente con la lucha para construir un futuro diferente.

Luego de repasar la alarmante situación de criminalización de la cual son víctimas los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, Neydi Juracán, coordinadora general del CCDA, destacó que “este acuerdo debe garantizarnos a las comunidades indígenas y campesinas, mujeres y juventudes, una verdadera oportunidad para seguir arraigados al campo guatemalteco y seguir construyendo desarrollo rural con la visión del buen vivir”.

Desde hace ya 10 años, la ILC LAC viene apoyando el trabajo de la CNT Guatemala para lograr que se respeten los derechos del campesinado sobre la tierra.

En un contexto político adverso, las organizaciones campesinas que hacen parte de la CNT han sostenido la lucha para que las autoridades de turno implementen políticas que den solución a la conflictividad agraria y contribuyan al fortalecimiento de la economía campesinas.

Así, la CNT ha trabajado en el seguimiento a casos de conflicto agrario, la visibilización y denuncia de casos de desalojo, la generación de propuestas para reformar y fortalecer la institucionalidad agraria; el incremento de presupuesto para la agricultura familiar y su monitoreo y ha contribuido a impulsar la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (Ley DEM). En el nuevo contexto, la CNT continuará abordando de manera prioritaria estos temas.

Respecto del acuerdo firmado, explica que ya se lo ha incluido en el plan de trabajo de la CNT Guatemala. “El escenario que abre el acuerdo nos convoca no solo a continuar apoyando a nuestros miembros, sino también a trabajar para generar propuestas sobre cómo deben realizarse algunos cambios -por ejemplo, la transformación de la institucionalidad agraria-, y para ampliar las alianzas con las organizaciones campesinas que no están hoy involucradas en el acuerdo”. Con una perspectiva de implementación tan inmediata, la CNT Guatemala también apoyará con el monitoreo de los compromisos.