En Perú, los territorios de los pueblos indígenas, organizados en comunidades campesinas y nativas, atraviesan una situación de constante presión y amenaza por parte de diversas actividades extractivas, legales e ilegales, que incluso van generando violencia en sus territorios comunales. A esa situación hay que agregarle la actual crisis política que atraviesa el país, que impacta muy fuertemente a los pueblos indígenas del sur andino, lo que ha llevado a que actualmente uno de los temas de discusión sea la necesidad y urgencia de un nuevo pacto social.
En este escenario, la Coalición Nacional por la Tierra de Perú, denominada “Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra” se propuso promover espacios de diálogo regionales que generen propuestas sobre la situación de territorio y los pueblos indígenas, que sean de conocimiento de las autoridades regionales, que puedan ser trabajadas para alimentar una discusión nacional, como parte de un proceso, que configure un mejor relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas.
Así, tras la primera experiencia, que fue el Foro Regional de Cusco, se llevó a cabo el "Foro Regional de la Tierra de Puno: Demanda y propuestas desde las comunidades y pueblos originarios”, y contó con la participación de alrededor de 50 líderes y lideresas, entre autoridades comunales y pueblos indígenas.
Estos foros hicieron parte de las acciones nacionales desplegadas en países de la región en el marco de la campaña "Asegurar los Territorios Indígenas para Proteger la Vida", que impulsa el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en América Latina y el Caribe (ILC LAC).
Durante dos jornadas (25 y el 26 de octubre de 2023) se repasaron los conflictos que se observan en los territorios comunales vinculados a la crisis socioeconómica y política, los recursos hídricos, el papel de las mujeres indígenas, y se plantearon las principales demandas y propuestas para la defensa de su territorio. También se proyectó el documental “La ilusión de la abundancia”, protagonizado por tres defensoras de los derechos a la tierra y el medio ambiente, entre las cuales se encuentra la defensora peruana Máxima Acuña. La actividad tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Puno, e invitó a debatir sobre las actividades extractivas en la región.
“Este tipo de eventos nos ayuda bastante para abordar temas muy importantes que afectan a nuestra región de Puno con respecto nuestros recursos naturales, el déficit hídrico, los conflictos territoriales que hoy se ven en la selva puneña de Sandia, la minería ilegal, la coyuntura político social y otros problemas que tenemos como región y en las comunidades campesinas” expresó el Apu Mallku del Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno, Ruben Dario Apaza Añamuro.
GERENCIA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y CESE DE CONCESIONES
De este Foro resultó un pronunciamiento, elaborado de forma participativa por las organizaciones indígenas, que incluye propuestas consensuadas por las autoridades comunales que participaron. El documento presenta 11 demandas relacionadas a los derechos de tierra, territorio, gobernanza y participación, entre las que se encuentran el cese de concesiones mineras, de hidrocarburos e hídricas en tierras comunales e indígenas, la modificación de la ley de consulta previa, de acuerdo a los estándares internacionales, dándole valor vinculante a la decisión adoptada por los pueblos indígenas y la necesidad de priorizar la titulación colectiva de las comunidades y restablecimiento de los principios de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de las tierras comunales y de pueblos indígenas. También se demanda la creación de la gerencia de pueblos originarios en la estructura del Gobierno Regional de Puno, con enfoque intercultural y respeto a sus usos y costumbres, y requiere que se garantice la participación del 30% de mujeres en las juntas directivas comunales, así como la implementación de programas de fortalecimiento de capacidades de las mujeres en gestión comunal y campañas de actualización de estatutos comunales.
Este pronunciamiento fue presentado a la vicegobernadora regional de Puno, Eladia Margot De La Riva Valle, quien participó de la clausura del evento. La funcionaria se comprometió a hacerle llegar el documento al gobernador regional, Richard Hancco Soncco, y también a realizar el seguimiento de las propuestas en temas de gobernanza territorial, institucionalidad estatal indígena, agricultura de comunidades y participación de la mujer, entre otros.
Sumado a esto, se realizó una conferencia de prensa, con la participación de diferentes medios de comunicación regional, donde se realizó una lectura del pronunciamiento. Gracias al trabajo de comunicación y difusión, este pronunciamiento circuló en distintos medios de comunicación, amplificando las voces de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en torno a los derechos de la tierra y territorio.
Entre los logros de esta iniciativa, se puede mencionar el de haber convocado a las principales organizaciones de pueblos indígenas y autoridades comunitarias representantes de comunidades campesinas y pueblos originarios, incluso de zonas con las que la CNT Perú no había trabajado con anterioridad, logrando una articulación para discutir la situación actual de las tierras comunales y de otras formas de organizaciones en la región de Puno.
Haber impulsado el debate necesario sobre los problemas de la tierra y el territorio de manera consensuada con las autoridades comunales, y haber generado espacios de encuentro para que las organizaciones puedan plantear sus demandas y proponer acciones a las autoridades y a su vez éstas puedan rendir cuentas sobre el trabajo realizado constituyen también logros de este diálogo regional.
LEE EL PRONUNCIAMIENTO DEL FORO REGIONAL POR LA TIERRA DE PUNO, PERÚ
SOBRE LA CAMPAÑA
"Asegurar los Territorios Indígenas para Proteger la Vida" reúne cerca de 25 organizaciones indígenas y de la sociedad civil, incluidas 5 Coaliciones Nacionales por la Tierra de América Latina y el Caribe tras un objetivo común: exigir a los Estados que garanticen, protejan y promuevan los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.