Entrevista a Cristian LLanos, integrante e investigador del banco de datos del CINEP/PPP que participa en un reciente estudio de caso global realizado por el Grupo de Trabajo de Datos de la Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DD Coalition). La DD Coalition está en proceso de crear una base de datos sobre asesinatos y vulneraciones que afectan a las y los defensores, en donde se recogerá inicialmente información de 5 países piloto, incluyendo Colombia, en donde Cristian del CINEP/PPP lidera el proceso.
El reciente estudio de caso global realizado por la DD Coalition muestra preocupantes casos sobre amenazas y ataques contra los defensores/as de la tierra y el medioambiente desde mayo. Colombia es el país del que más casos se conocen, entre otros como Kenia, Filipinas, Nepal o Brasil.
Estudio de caso global sobre la situación de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el contexto del COVID-19.
Los casos, recopilados a través de LANDex e informes públicos, identificaron que las amenazas contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente no han disminuido durante la pandemia, muy por el contrario, estas están más expuestas a amenazas y ataques.
Foto. David Estrada/ CINEP
P. ¿Cuál es la población más afectada por la pandemia y la situación de confinamiento?
R. En Colombia, en las zonas rurales las poblaciones más perjudicadas son los campesinos, afrodescendientes e indígenas, puesto que no pueden realizar los intercambios económicos de sus productos y tampoco pueden salir a buscar trabajo en la ciudad.
A esto se suma el control por parte de los grupos armados en los territorios que son de gran valor geoestratégico por los recursos renovables y no renovables. Asimismo, la situación de confinamiento aunada al contexto del pos acuerdo de paz ha agravado la situación de las comunidades rurales debido a la oposición de los grupos armados y no armados a la sustitución de cultivos ilícitos o a la restitución de tierras.
P. ¿Cómo ha influenciado el contexto del confinamiento en la situación de los defensores/as?
R. La mayoría de personas defensoras agredidas viven en contextos rurales y apartados, esto hace que la información y las medidas de protección no lleguen o sean insuficientes. Las condiciones de confinamiento han facilitado que se les pueda ubicar, encontrar, atacar y exterminar con mayor facilidad en sus hogares o sitios de trabajo de defensa. Asimismo, su labor se ha visto perjudicada debido al control armado legal e ilegal que se apodera del territorio.
El departamento del Cauca, que tiene un fuerte liderazgo social y de defensa de derechos humanos y el territorio, es el que más agresiones contra líderes reporta, siendo las poblaciones indígenas y campesinas las más afectadas. La pandemia ha silenciado estos ataques.
En los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba también se han reportado agresiones. La región del nororiente, cerca a la frontera con Venezuela, es otro corredor de violencia contra las y los defensores y líderes sociales.
En general, en el país se han recrudecido los ataques contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Parece ser que los grupos armados han tenido más libertad para ejecutarlos, puesto que incluso llegaban hasta sus casas.
P. Desde que iniciaron las medidas de confinamiento impuestas por el Estado, ¿se conoce cuántas personas defensoras de la tierra han sido asesinadas en Colombia? ¿Existen datos sobre el número de los ataques cometidos contra los defensores/as?
R. De acuerdo a nuestro último informe publicado en la Revista Noche y Niebla N°. 61, de enero a junio de 2020, los líderes ejecutados ascendieron a 100, los amenazados fueron 81 y los que sufrieron algún tipo de agresión suman 11.
Dependiendo de la metodología que se use para documentar los casos, las cifras que manejan otras organizaciones pueden variar. Por ejemplo, Indepaz registró que solo entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2020 se han asesinado a 231 defensores de derechos humanos y 51 personas firmantes del Acuerdo de Paz.
En Colombia ha aumentado la violencia contra los defensores/as, alcanzando más de 90 homicidios al mes, es decir, casi tres asesinatos por día.
De enero a junio de 2020, los líderes ejecutados ascendieron a 100, los amenazados fueron 81 y los que sufrieron algún tipo de agresión suman 11.
Respecto a las amenazas, desde CINEP hemos podido documentar casos que nos llaman la atención por el aumento en el número de comunidades o grupos caracterizados por su liderazgo colectivo. En el primer semestre del año 2020, ascendieron a 47 amenazas colectivas. En total son 192 líderes sociales de base -en su mayoría líderes cívicos, comunales, guardias indígenas, campesinos, afrodescendientes, defensores de derechos humanos o ambientales- que trabajan por la implementación de los acuerdos de paz.
P. ¿A qué actores se les atribuyen los asesinatos y otros tipos de violencia contra los defensores y las comunidades?
R. Existen casos que se atribuyen a la guerrilla, los paramilitares o a las fuerzas militares o policiales. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es posible identificar a los actores, pues el modus operandi de estos es a manera de sicarios que huyen sin reivindicar públicamente su acción.
P. ¿Cuáles son las actividades (extractivas u otras) o sectores que se vinculan en mayor medida a la violencia que viven las personas defensoras de la tierra y las comunidades en el contexto de la pandemia?
R. Se vinculan actividades extractivas como la de madera, minerales, minería en páramos o petróleo. También otras actividades como la ganadería, los monocultivos de palma aceitera y los cultivos de uso ilícito.
P. Como parte del grupo de trabajo de datos de la DD Coalition, ¿por qué es importante recopilar este tipo de datos sobre la situación de los defensores/as y publicarlos?
R. Es importante para salvaguardar la memoria histórica de los acontecimientos que vulneran los derechos humanos, civiles y políticos de los defensores/as.
Asimismo, los datos visibilizan y llaman la atención sobre la problemática que está ocurriendo en las zonas ricas en recursos naturales y pueden ser útiles para denunciar la falta de protección a las personas defensoras de la tierra y el ambiente por parte de los gobiernos, que en vez de crear políticas para el cuidado del medioambiente, dan vía libre a las empresas para que extraigan y dañen los recursos.