Este especial forma parte de "Tierra conTEXTO", una serie en la que se reflexiona sobre la cuestión de la tierra y su gobernanza en distintos contextos sociales y políticos de países de América Latina y el Caribe desde la perspectiva de las Coaliciones Nacionales por la Tierra y las Plataformas Regionales que impulsa la ILC LAC.
Una Agenda de lucha frente a la crisis estructural
Diez puntos conformaron la Agenda de Lucha del movimiento indígena y popular durante los 18 días del reciente paro nacional en Ecuador¹, uno de los más largos en la historia de las movilizaciones sociales en el país.
Allí se recogen demandas inmediatas e históricas de las clases populares ante la crisis generada por los efectos de la pandemia −profundizada por el conflicto en Ucrania−, y las políticas neoliberales de reactivación productiva y reducción del tamaño del Estado de los últimos años.
Los índices de pobreza, marginación, desempleo, desnutrición y malnutrición, inseguridad alimentaria, entre otros, han venido deteriorándose desde el año 2014, sin embargo, con los dos últimos gobiernos se han llegado a cifras similares a la década de los 90, reflejando un acelerado retroceso en derechos elementales para las poblaciones más vulnerables.
La Agenda planteaba la reducción del precio de los combustibles, frenar la expansión minera y petrolera, control de precios de los alimentos, atención al sector indígena y campesino, a la educación y la salud, respeto a los 21 derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, moratoria de las deudas con la banca pública y privada, no privatizar activos del Estado, y seguridad frente a la ola de asaltos, asesinatos y feminicidios provenientes de la delincuencia común y organizada.
Movilizaciones sin precedentes y respuesta violenta del Estado
El paro nacional −iniciado el 13 de junio con bloqueos en vías y carreteras− fue apoyado por diversos sectores (estudiantes, mujeres, disidencias, entre otros) que se sumaron a las marchas para reivindicar las demandas de miles de indígenas y campesinos. Por su parte, el gobierno nacional intentaba desvirtuar las protestas desconociendo sus razones y señalándola como un acto de terrorismo y desestabilización democrática financiado por el narcotráfico.
Frente a la progresiva paralización de la capital (Quito) y el país entero por las protestas legítimas, el gobierno respondió de forma violenta: detuvo por cerca de 24 horas al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador −convocante del paro−, tomó la Casa de las Culturas haciendo uso de la fuerza pública, y decretó estados de excepción socavando derechos ciudadanos. A medida que se incrementaba el uso de la fuerza y la represión policial y militar contra las y los manifestantes, emergía un racismo institucionalizado animado por ciertos sectores de la sociedad.
Mientras que el gobierno ejercía el monopolio de la fuerza, respondía coyunturalmente a la agenda del paro: subsidio al precio de la urea, condonación de deudas hasta por 3 mil dólares, declaración de emergencia a la salud, aumento del presupuesto a la educación intercultural, reducción al precio de los combustibles, control de precios y derogación y reforma de decretos relacionados con política petrolera y minera. Estas medidas, sin embargo, no respondían a cabalidad a las demandas estructurales de la movilización nacional.
El conflicto no parecía detenerse mientras las cifras de fallecidos ascendían a seis –cinco manifestantes y un miembro del ejército nacional– y una mesa de diálogo fracasaba. El 30 de junio, con intermediación de la iglesia católica, el movimiento indígena y el gobierno nacional firmaron el acta de acuerdos para poner fin al paro nacional, y los representantes del Estado accedían a responder con mayor precisión los diez puntos de la Agenda de Lucha.
COMUNICADO ANTE LA ESCALADA DE VIOLENCIA Y REPRESIÓN EN ECUADOR DE LA ILC AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Contra los extractivismos y en defensa de los territorios
El movimiento indígena y popular defendió en todo momento la Agenda de diez puntos, y si bien lo conseguido es un avance importante, aún hay puntos clave por dialogar y resolver en las mesas de trabajo acordadas.
Uno de esos puntos es detener la ampliación de la frontera minera y petrolera en zonas de recarga hídrica y zonas de reserva ecológica. Además, que en los territorios de pueblos y nacionalidades se cumpla con el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre estos proyectos.
Otro de los puntos es el agropecuario y agroalimentario. El paro logró el subsidio del 50% al precio de la urea como medida emergente a favor de las y los campesinos, sin embargo, la Agenda de Lucha propone un debate profundo sobre la construcción de políticas públicas que transformen los sistemas alimentarios y fomente la soberanía alimentaria, reconociendo el rol de la agricultura campesina y las mujeres rurales en la producción de alimentos y el cuidado de los ecosistemas.
En estos dos puntos se lograron avances importantes que serán ampliados en las mesas técnicas que arrancan en julio de 2022.
Sin duda los logros alcanzados durante el paro y los que se alcancen en las mesas buscan el beneficio de las clases populares del campo y la ciudad, de mestizos, pueblos indígenas, negros y montubios.
Los retos: ¿qué sigue?
Para las plataformas que trabajan con pueblos indígenas y sectores de la agricultura campesina el paro nacional deja algunas enseñanzas y desafíos importantes para establecer un diálogo horizontal y con resultados, dado que las peores condiciones de precariedad, pobreza, desnutrición y malnutrición afectan de manera directa a estas poblaciones.
Para la Plataforma por la Tierra y Territorios Sostenibles (CNT Ecuador) es importante, por un lado, seguir con la actualización de diagnósticos sobre acceso a la tierra de mujeres y jóvenes; y, por otro lado, continuar el acompañamiento a los procesos de democracia deliberativa en torno a la construcción de planes de “desarrollo” que ponen en el centro la vida.
Pero, además, el paro coloca como reto ampliar las miradas sobre los problemas estructurales y la construcción de políticas públicas con enfoque de soberanía alimentaria y no extractivista. Se sabe que el índice de Gini de la tierra en el país es de 0,81, y que las familias campesinas han perdido su autonomía productiva y no controlan el uso del suelo, son altamente dependientes de insumos externos y su matriz energética es insostenible. Asimismo, se sabe que no acceden a precios justos por sus productos y que su nivel de endeudamiento sobrepasa la capacidad de pago, siendo también las más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Finalmente, el paro nos mostró la existencia de un racismo institucionalizado que justificó la represión y organizó la narrativa del miedo al otro, al diferente, al del páramo. Esto es otro reto que se presenta para las organizaciones y las plataformas que buscan una profundización democrática y la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural. Hay muchos aprendizajes y retos que nos muestran la continuidad de las luchas por sociedad justas.
El paro no para.
[1] Las movilizaciones iniciaron desde el 13 de junio 2022 y duraron hasta el 30 de junio 2022.
*Las fotografías que acompañan esta nota han sido tomadas por FEPP y UCCOPEM