En un contexto regional marcado por el avance del extractivismo, la violencia contra personas defensoras de la tierra y el territorio y la persistente desigualdad de género en el acceso a la tierra, distintas iniciativas impulsadas desde la International Land Coalition (ILC) en América Latina apuestan por la generación de datos como una herramienta clave para la defensa de derechos y la incidencia política.
Desde procesos de generación de información sobre la situación de las mujeres rurales hasta la Escuela de Datos para personas Defensoras, estas iniciativas fortalecen el uso estratégico de la evidencia para incidir en políticas públicas desde los territorios
Por qué los datos importan hoy
Los datos son un lenguaje cercano al poder. Las políticas públicas, las decisiones de manejo territorial y otras definiciones clave se apoyan en la información que se produce a partir de ellos. Contar con capacidades para generar, analizar y comunicar datos permite construir narrativas propias, disputar otras existentes e influir en las decisiones que se toman.
América Latina continúa siendo una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras de la tierra y el ambiente, mientras persisten profundas brechas de información sobre ataques, amenazas y otras formas de criminalización. En paralelo, los Estados enfrentan serias limitaciones para producir datos que reflejen la situación real de las mujeres en relación con el acceso, uso y control de la tierra, especialmente en contextos de territorios colectivos.
La falta de información desagregada, actualizada y pertinente dificulta la formulación de políticas públicas eficaces y reduce las posibilidades de incidencia de las propias comunidades. Frente a este escenario, las plataformas de la ILC en la región impulsan procesos orientados a fortalecer capacidades locales y nacionales para producir, analizar y usar datos como herramienta política.
Escuela de Datos para Personas Defensoras: fortalecer capacidades para la incidencia
En este marco se inscribe la Escuela de Datos para personas Defensoras de la Tierra y el Territorio, una iniciativa impulsada por la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio (PDTT), orientada a fortalecer el uso estratégico de los datos para la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales.
A través de la Escuela, las personas defensoras fortalecen sus capacidades para recopilar, analizar y comunicar información de manera sistemática, ampliando sus herramientas de protección, documentación y exigibilidad de derechos, y potenciando sus procesos de incidencia a nivel local, nacional y regional.
Los primeros pilotos se realizarán en Ecuador y Argentina durante el primer trimestre de 2026, en alianza con la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) de Ecuador, ALLIED y Oxfam. En los próximos meses, la iniciativa se ampliará también a Perú, Guatemala y Argentina, junto con las CNT de esos países, como parte de una estrategia regional de fortalecimiento de capacidades.
Este proceso se vincula directamente con el Acuerdo de Escazú, en tanto los datos generados desde la Escuela buscan alimentar debates, informes y acciones de incidencia relacionadas con su implementación, contribuyendo a visibilizar patrones de violencia contra personas defensoras y a exigir mayores garantías de protección por parte de los Estados.
Datos desde los territorios: una apuesta liderada por mujeres
En paralelo, la Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios impulsa un proceso de generación de datos liderado por las propias mujeres desde sus territorios colectivos, orientado a mejorar la disponibilidad y calidad de información sobre su situación en relación con la tenencia de la tierra.
La iniciativa surge tras constatar que los datos oficiales disponibles —incluidos aquellos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)— resultan insuficientes para capturar la realidad de las mujeres, ya sea por estar desactualizados, por no estar desagregados por género o por no incorporar contextos clave como los territorios colectivos.
Para responder a estos vacíos, se ha desarrollado una herramienta participativa de recolección de datos, mediante la cual las propias mujeres recogen, sistematizan y utilizan información alineada con los indicadores ODS 5.a.1, 5.a.2 y 1.4.2. Este trabajo se implementará durante el 2026 en Guatemala, Ecuador, Colombia y Perú, en alianza con las Coaliciones Nacionales por la Tierra de cada país, combinando capacitación, acompañamiento técnico y un enfoque que reconoce a las mujeres como actoras centrales en la producción de evidencia para la incidencia.
De los datos a la incidencia
Tanto la Escuela de Datos para personas Defensoras como el trabajo impulsado desde la Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios comparten una misma apuesta: que los datos no se queden en diagnósticos, sino que se conviertan en insumos estratégicos para la incidencia política.
Los procesos de generación y análisis de información alimentan diálogos con autoridades responsables de políticas públicas, contribuyen a informes alternativos ante mecanismos internacionales —como la CEDAW— y fortalecen acciones de incidencia en espacios nacionales y regionales, incluido el seguimiento a los compromisos del Acuerdo de Escazú. El año 2026, declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultora, representa además una oportunidad clave para amplificar estas evidencias en la agenda pública.
Mirar hacia adelante
En un escenario de múltiples crisis —ambientales, democráticas y de derechos—, estas iniciativas muestran que el fortalecimiento de capacidades en datos es una herramienta clave para la defensa del territorio, la protección de personas defensoras y el avance de los derechos de las mujeres en América Latina.