En enero, el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico Boliviano (BOCINAB), con apoyo de la Coalición Nacional por la Tierra de Bolivia y el Fondo Catalizador de la ILC, organizó el evento “Diálogo por la Amazonía: una alternativa para la vida”. El objetivo fue reactivar la propuesta de Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico, conocida como “Bruno Racua”, construida hace más de una década con amplia participación y posteriormente actualizada.
El encuentro, que reunió a más de 70 personas, contó con la participación activa de organizaciones campesinas e indígenas, autoridades académicas, representantes del Estado y distintos actores de la sociedad civil. El diálogo estuvo marcado por un análisis profundo de la situación de la región y también por tensiones con sectores que no convergen con la agenda campesina e indígena de la región.
Uno de los puntos destacados fue la presentación del marco legal de la propuesta de ley, subrayando su carácter integrador. Esteban Sanjinés, de la Fundación Tierra, quien realizó la presentación, destacó que la propuesta toma en cuenta la perspectiva de todos los actores y prioriza a los pueblos históricamente postergados frente al modelo extractivista que ha predominado en la región.
También se compartieron datos que evidencian las contradicciones del desarrollo en el norte amazónico. Oscar Bazoberry, coordinador general del IPDRS presentó una caracterización socioeconómica de la región, resaltando que la balanza de recursos está completamente desequilibrada. En cuanto a la producción agropecuaria y forestal enfatizó que “la superficie cultivada ha incrementado en siete veces. Sin embargo, ha disminuido la diversidad de cultivos y productos ofertados en el mercado”.
El debate se encendió cuando algunos sectores criticaron la supuesta falta de inclusión en el proceso, mientras que otras voces recordaron que la propuesta ha sido ampliamente socializada a lo largo de los años.
Se reafirmó que la verdadera exclusión la han vivido históricamente los pueblos indígenas y campesinos, quienes hoy exigen respeto y participación plena.
La Ley “Bruno Racua” representa una deuda pendiente desde la aprobación de la nueva Constitución. Surgió en un momento en que el saneamiento de tierras permitió al sector campesino indígena recuperar protagonismo, situación que restó poder y recursos a las élites económicas y políticas más tradicionales que hoy buscan retomar el control de los recursos de la región. Frente a esto, el llamado desde el BOCINAB fue claro: unidad, trabajo colectivo y fortalecimiento de las propuestas construidas desde el territorio.