"La UNDROP nos brinda garantías internacionales para ejercer nuestro derecho a la vida"

Apostando a generar espacios de encuentro y diálogo de las organizaciones y movimientos campesinos de América Latina y el Caribe para contribuir al seguimiento de la implementación de la UNDROP¹, la ILC LAC, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de Colombia, está llevando a cabo un ciclo regional de conversatorios sobre la agenda de derechos humanos del campesinado.

Este ciclo es parte de los compromisos de seguimiento del 1° Foro Regional de América Latina sobre "La Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales".

Romelio Gualán participó en ese 1.° Foro Regional, y este año también ha estado participando en el ciclo de conversatorios. Es ex presidente y actual coordinador nacional de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA) de Ecuador, una organización que agrupa a pequeños productores y busca fortalecer el tejido social campesino. Conversamos con Romelio para profundizar en la relevancia y la necesidad de trabajar en torno a la UNDROP en nuestra región.

¿Qué obstáculos enfrenta hoy el campesinado?

En Ecuador tenemos al menos tres obstáculos, que seguramente son compartidos con los demás países. Primero, la disponibilidad de tierra y su concentración. Aquí ya casi somos 22 millones de habitantes y hay poca tierra. Sólo algunos pocos “empresarios” siguen controlando las tierras más grandes y más fértiles para la producción. El resto apenas tenemos acceso a un cuarto o media hectárea para producir alimentos.

Otro problema es el costo de la tierra. Jamás han consultado a las poblaciones campesinas sobre cómo podemos nosotros tener un espacio de tierra para producir alimentos. La llegada de las transnacionales y sus acuerdos con los gobiernos han cuadriplicado el precio de la tierra. Para la población campesina es imposible en estas condiciones comprar la tierra. Lo mismo ocurre con el agua. Todo el agua se la lleva el agronegocio, y más recientemente, las industrias, la mega minería, y nosotros tenemos que luchar y salir a las calles para lograr un poquito de agua para producir nuestros alimentos. Si no hay lucha, no hay resultados para la sobrevivencia de las familias campesinas.

Y las semillas están en riesgo. Las empresas transnacionales como Monsanto son las dueñas ahora de nuestras semillas. Ojalá podamos llegar a la COP16 para poner un alto a este sistema que ha patentado las semillas, y que busca desaparecer a las poblaciones que producimos alimentos. Porque nosotros sabemos cultivar la tierra y respetamos la naturaleza, reconocemos sus derechos.

Ante este escenario, ¿cómo vienen trabajando desde la CNC-EA?

En este proceso de lucha y resistencia del movimiento campesino, venimos contribuyendo de distintas formas para que se garanticen nuestros derechos. En los últimos años, hemos propuesto una Ley de Tierras, acompañado el trabajo de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de la Vía Campesina, y aportado y participado en múltiples instancias para que las Naciones Unidas avancen en la declaración de la UNDROP.

En ese sentido, es importante destacar que en los últimos años ha habido tres hitos cruciales para el campesinado. Por un lado, en Ecuador, el reconocimiento de la soberanía alimentaria por mandato constitucional y la ratificación de los derechos campesinos en la Asamblea Nacional. Por otro lado, la modificación en 2023 de la Constitución Política en Colombia, que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección. Son pilares enormes y sólidos desde los cuales podemos seguir resistiendo. En ese contexto, la UNDROP es de suma importancia porque nos brinda garantías internacionales para ejercer nuestro derecho a la vida, a la soberanía alimentaria, al derecho a nuestras semillas, al agua, a la tierra, y al conocimiento ancestral, entre otros puntos.

¿Qué tipo de cambios a nivel país posibilita la UNDROP? ¿Podrías compartir un ejemplo de cómo puede impactar en la realidad de las y los campesinos?

A partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, logramos que en 2023 la Asamblea Nacional ratificara la importancia y transversalidad de la UNDROP y, entre otras resoluciones, inste a todas las instancias del Estado al cumplimiento de la declaración. Esto representa un avance concreto, pero debemos trabajar para que no quede en letra muerta.

Lo que ocurrió con el proyecto de acueducto La Esperanza, en la provincia de Manabí, es un ejemplo, pero hay cientos. Ese acueducto fue construido para dotar de agua a la Refinería del Pacífico, pero tuvieron inconvenientes y el proyecto fue abandonado con el sistema de conductos de aguas ya construido. Entonces la población campesina del sector empezó a utilizar el agua para producir alimentos.

Tanto el gobierno como la empresa intentaron demandar a los compañeros por el uso de esa agua, y luego también intentaron cortar su acceso. Pero al ratificarse los derechos campesinos, como Coordinadora Nacional Campesina y como Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí, pusimos un recurso de protección a un juez del Cantón Rocafuerte, exigiendo que dé garantías para los compañeros para producir alimentos. El juez dictó la sentencia a favor de miles de campesinos. Esa es una lucha ganada, y es el camino a seguir.

Están trabajando actualmente en la aplicabilidad de la ratificación de los derechos campesinos que lograron, ¿qué otros pasos son necesarios para seguir avanzando?

Estamos apostando a fortalecer y construir estrategias. Vamos a paso lento, por la situación de inseguridad que vivimos ahora en Ecuador, pero queremos dialogar y debatir con las universidades y con abogados, fiscales y jueces para profundizar sobre los litigios estratégicos. Al mismo tiempo, tenemos que continuar avanzando con la socialización de esta declaración en nuestros territorios, con nuestros compañeros y compañeras porque es un instrumento de lucha y de defensa de la tierra, del agua y de la soberanía alimentaria.

Yo celebro que las Naciones Unidas intenten dar monitoreo, y tal vez jueguen un papel protagónico desde un rol de veedor u observatorio, que permita que en los conflictos de cada país se reconozcan las violaciones de los derechos de las poblaciones campesinas. La UNDROP ahí juega un papel estratégico, sobre todo en los países que están hoy gobernados por la extrema derecha neoliberal.

¿Cómo crees que los espacios de diálogo y las alianzas con otras organizaciones contribuyen a estas luchas?

Nosotros queremos avanzar con el litigio estratégico, sistematizar las experiencias de los conflictos de la tierra y el territorio, y poner estos temas en la agenda política y técnica, en donde se generan las políticas públicas. Entonces las alianzas y el trabajo conjunto son fundamentales.

Por ejemplo, los valiosos aportes que recibimos desde la Coalición Nacional por la Tierra de Ecuador, a través de su apoyo con sustento y argumentaciones para impulsar la ratificación. Las contribuciones de una alianza regional como la ILC son muy positivas también. Y tenemos que tener presente que los gobiernos locales deben acoger esta declaración.

Son líneas de acción, de trabajo, que nos van a permitir avanzar en favor de los derechos campesinos, en la defensa de la producción de alimentos, de la tierra, de las semillas, y de los derechos de las mujeres. Por ahí, entendemos nosotros, es el camino a seguir.

[1] La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) de 2018, es el principal instrumento internacional que ha conducido al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos por parte de los Estados, en perspectiva de brindar mejores y mayores condiciones de acceso a los derechos humanos.

[2] Este foro fue organizado por la Oficina en alianza con ministerios del Interior, Agricultura, ICANH, la ILC LAC y otras organizaciones nacionales e internacionales, buscando ser un escenario de diálogo, encuentro, intercambio y reflexión sobre los avances y desafíos que enfrenta la implementación de la UNDROP en la región. Participaron organizaciones sociales y campesinas, así como instituciones defensoras de derechos humanos de varios países de la región, entre ellos Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Costa Rica, México, Venezuela, Cuba y Colombia.