Hacia una agenda de justicia ambiental con perspectiva de género

A menudo, cuando se piensa en la protección de quienes defienden la tierra y el territorio en América Latina, la respuesta inmediata se enfoca en medidas de emergencia.

Sin embargo, la Plataforma Regional de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio ha demostrado que la verdadera protección también se construye desde la política, la articulación estratégica y la acción colectiva.

En los últimos años, esta Plataforma —impulsada por la International Land Coalition en América Latina— ha logrado posicionarse como un actor regional con capacidad real de incidencia. Su fortaleza radica en un aspecto cada vez más valorado en los espacios internacionales: su anclaje territorial. A través de una red de organizaciones territoriales que enfrentan directamente los impactos de los extractivismos en sus comunidades, la Plataforma ha sido capaz de recolectar información de primera mano, y escalarla estratégicamente a los espacios internacionales adecuados.

En los últimos años, esta Plataforma —impulsada por la International Land Coalition en América Latina— se ha posicionado como un actor regional con capacidad real de incidencia. Su fortaleza radica en un aspecto cada vez más valorado en los espacios internacionales: su anclaje territorial. A través de una red de organizaciones que enfrentan directamente los impactos del extractivismo en sus comunidades, la Plataforma ha logrado recolectar información de primera mano y escalarla estratégicamente a los espacios internacionales clave.

Esa articulación ha dado resultados concretos.

En 2024, la Plataforma jugó un papel decisivo en la aprobación del Plan de Acción del Acuerdo de Escazú, aportando desde su experiencia en defensa territorial y sumando al reconocimiento del rol de las defensoras. Este hito se construyó sobre una ruta de incidencia política diseñada y liderada por mujeres defensoras, quienes colocaron sus agendas en el centro de una discusión que históricamente las había dejado fuera.

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil, la Plataforma fue clave para la transversalización de la perspectiva de género en el Acuerdo de Escazú, asegurando que se reconozcan los riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras de la tierra en la agenda de discusión para la próxima Conferencia de Partes.

Esa capacidad de incidir no se limita al plano internacional. En espacios regionales y nacionales vinculados al Acuerdo de Escazú, como en Argentina, la Plataforma también ha sido clave para incluir el capítulo de defensores en la línea base del Estado nacional, en el marco del plan de implementación nacional. Además, su presencia en espacios como el Caucus de Mujeres de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), el grupo de apoyo a representantes del público de Escazú, y la preparación para la COP30 en Brasil, ha permitido amplificar las voces de defensoras en los debates globales sobre cambio climático y biodiversidad. Participar de estos espacios es también una estrategia de visibilidad y protección colectiva.

Más allá de la incidencia, la Plataforma fortalece su trabajo con espacios de aprendizaje y cohesión, donde se comparten estrategias de autodefensa y metodologías de recolección de datos, y donde las defensoras se acompañan, impulsan prácticas de autocuidado y construcción colectiva. Este año, iniciará un piloto de documentación de ataques letales y no letales en varios países, en alianza con ALLIED, y se actualizarán informes nacionales clave, para nutrir estrategias de protección territorial con evidencia y contexto.

La experiencia de esta iniciativa regional muestra que la incidencia efectiva no es solo cuestión de estar en los espacios correctos, sino de llegar con legitimidad, estrategia y una agenda colectiva.

Es una buena práctica que demuestra que, desde América Latina, también se puede marcar el paso de los acuerdos internacionales, y hacerlo con la fuerza organizada de las mujeres que cuidan y sostienen la vida.