Mujeres rurales en Colombia: La lucha por la tierra y la igualdad de género en los Montes de María

Aunque escasos por causa de los monocultivos, dos organizaciones de mujeres han accedido a predios en los que desarrollan proyectos agroecológicas sostenibles. Sin embargo, sus derechos están comprometidos: carecen de seguridad jurídica sobre la tierra, el machismo menosprecia su trabajo, y reciben ataques y amenazas. Pero las mujeres, juntas, siguen luchando.

“Ya por acá abajo no se consigue tierra. Por donde meten palma ya una no puede trabajar”, lamenta Victoria Silgado. Ese mismo relato se escucha una y otra vez en María La Baja, uno de los 15 municipios que integran la región de los Montes de María, en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre en el Caribe colombiano.

Quienes allí viven explican que los monocultivos de palma aceitera y piña se arraigaron en la región. Empresarios con capacidad económica han llegado a María La Baja a comprar o arrendar tierras para convertirlas en monocultivos, volviendo escasa o impagable la tierra para las comunidades campesinas que buscan desarrollar proyectos productivos propios.

Esto se suma a la historia de desplazamientos forzados producto del conflicto armado que ha marcado a toda la región de Montes de María. Entrado el nuevo siglo, los combates de grupos paramilitares con la guerrilla del ELN y los frentes 35 y 37 de las extintas FARC, escalaron en la región. Esa violencia llevó a miles de familias a buscar un nuevo pedazo de tierra en dónde vivir. Según recoge un informe de la Unidad de Restitución de Tierras, entre 1990 y 2008 habrían ocurrido 22.383 casos de desplazamiento forzado.

En ese difícil escenario, las mujeres se organizaron para hacer frente de manera colectiva a la escasez de tierra, creando proyectos agrícolas alternativos para asegurar la comida de sus familias y mejorar su calidad de vida.

Dos ejemplos son la Asociación de Mujeres Víctimas Afroagropecuarias Campesinas Productoras De Playón (Asomovicampo) en Palo Altico, zona rural del municipio de María La Baja, y la Asociación Femenina Agropecuaria de San Cayetano (AFASAN), que posee un predio en el municipio de San Juan Nepomuceno.

En 2006, muchas de las mujeres desplazadas de distintas comunidades de Montes de María, se organizaron y nació Asomovicampo. Hoy reúne a 18 campesinas víctimas del conflicto armado, todas trabajadoras y “echadas pa’ lante”, como ellas dicen. La organización trabaja por los derechos de las mujeres y exige una vida libre de violencias, levantando especialmente la lucha por el derecho a la tierra y el territorio.

Mientras que las mujeres de edad más avanzada que hacen parte de la asociación trabajan en un predio cercano al casco urbano, las demás lo hacen en un lote de 20 hectáreas que arriendan en los alrededores del embalse de San José de Playón. Allí siembran arroz, ñame, melón, maíz y decenas de productos más que, además de comercializar, utilizan para autoconsumo.

Bajo una mirada de producción comunitaria, en la que no aplican pesticidas ni agroquímicos, las mujeres de la asociación se empeñaron en no fijar límites físicos entre los lotes: en el predio no hay alambres de púas, ni cercas que dividan la tierra, cada una sabe en qué área está sembrando la otra. Su apuesta es cooperativa y trabajan juntas cada vez que pueden.

Como pequeñas productoras, su cosecha la venden a intermediarios de la región que reúnen la siembra de las familias campesinas y las sacan a los mercados centrales. La independencia y decisión sobre el destino del dinero es otro de los logros que han alcanzado en la organización.

Las mujeres de Montes de María cargan sobre su espalda con el ‘estigma’ de no saber trabajar el campo.

Pese a que las mujeres están al frente de los procesos colectivos de reclamación de baldíos, la propiedad de la tierra en la región ha estado en manos de los hombres. Así lo demuestran estudios del Departamento Administrativo de Estadística, que señalan que para 2019, apenas el 24,7% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) eran dirigidas exclusivamente por mujeres productoras, y entre ellas, el 60,1% de esas UPA tiene un tamaño menor a tres hectáreas. En muchos casos, la cantidad de tierra a la que acceden las mujeres es insuficiente por su tamaño para sostener a las familias.

No se trata solo de darles tierra, argumentan desde la asociación, sino de darles predios de calidad y en una extensión suficiente para obtener mayor productividad.

Las mujeres de Asomovicampo llevan ya 17 años trabajando el predio de la montaña, pero no les pertenece. “Me gustaría que el terreno fuera propio”, expresa otra de sus integrantes, Arelys Silgado. Todas coinciden en el deseo, pues temen que, al no ser propietarias de la tierra, el dueño pueda venderlo o arrendarlo a alguien más. También lamentan que, al no ser dueñas, están excluidas de proyectos agrarios impulsados desde el Estado y de créditos bancarios.

En el marco de las políticas agrarias que promueve el actual gobierno nacional, y con el apoyo del dueño de ese lote, han solicitado que la Agencia Nacional de Tierra lo adquiera, pero la entidad estatal aún no tiene priorizada la compra de predios rurales en la zona.

Aun en los casos en que las mujeres son dueñas de la tierra, también están bajo amenaza: terceros quieren pasar por encima de sus derechos para despojarlas de sus parcelas y entorpecer sus actividades agropecuarias.

A inicios de la década del 2000, mujeres de San Cayetano empezaron a trabajar en una cooperativa para exportar ñame. El proyecto no prosperó, pero ya estaban juntas y querían trabajar la tierra, entonces buscaron ayuda.

Gracias a la Corporación Desarrollo Solidario (CDS) se organizaron como asociación, y así 36 mujeres víctimas del conflicto armado conformaron AFASAN.

Tras una larga búsqueda, en 2006 arrendaron una finca, y dos años después, la CDS, con el apoyo de cooperación internacional, donó aquel predio de ocho hectáreas a las mujeres de AFASAN. Ese acuerdo quedó registrado en la escritura pública 1066 del 28 de mayo de 2009.

Con el compromiso institucional de mantener un modelo de “producción silvopastoril integrando principios agroecológicos y de conservación ambiental”, las mujeres mantuvieron un área de producción agrícola compuesto de plantas frutales, hortalizas y pancoger, y un área pecuaria de unas cinco hectáreas con jagüeyes y subdivisiones internas para el manejo de animales.

Pero en San Cayetano no cayó bien que estas mujeres fueran propietarias.

“Para mí la tierra y el territorio son como la cuna de la vida, donde tú naces, creces. Ahí están mis recuerdos, exactamente lo que soy”, explica a su turno Yeilis Escorcia, representante legal de la organización.

Desde hace años, ASAFAN viene sufriendo ataques por parte de personas que han violentado su propiedad, sus proyectos y su integridad personal. Durante el confinamiento que impuso la pandemia de COVID-19, decenas de personas invadieron el predio, dañando las cercas, los corrales para el ganado, la infraestructura de los proyectos agroecológicos, los cultivos de pancoger y el apiario, y contaminando el estanque.

“No encontrábamos apoyo de las autoridades, no nos escuchaban como debían”, asegura Yeilis. Hasta que Mayelis Chamorro Ruiz, Procuradora 3 Judicial Ambiental y Agraria de Cartagena, empezó a intervenir en el proceso, logrando involucrar a otras instituciones del Estado.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía realizó el desalojo final, y el Juzgado de San Juan Nepomuceno falló en contra de los invasores, que durante la pugna por el predio presentaron a nombre propio una acción de tutela y adujeron ser poseedores del predio por “mucho tiempo”.

Pero la tranquilidad no llegó. Las mujeres recibieron innumerables amenazas, y los daños a su tierra y a su integridad quedaron impunes.

Ni arrendando ni siendo propietarias, las mujeres en Montes de María pueden disfrutar de la tierra de manera plena ni con garantías jurídicas y de seguridad.

Pero las duras circunstancias llevaron a estas mujeres a comprender que juntas pueden lograr grandes transformaciones y llenar los vacíos del Estado a la hora de garantizar sus derechos a la tierra y el territorio. En el camino seguramente aparecerán nuevos obstáculos, pero su sueño de vivir dignamente en el campo, no las deja detenerse.

Esta nota es una versión abreviada del reportaje original producido por Verdad Abierta en el marco de la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio y de la campaña Stand For Her Land-Colombia que puede leerse completo aquí: https://mujeres-caribe-territorio.verdadabierta.com/ni-arrendando-ni-siendo-propietarias-mujeres-en-montes-de-maria-pueden-disfrutar-de-la-tierra/

Las fotografías son de la autoría de Carlos Mayorga Alejo