En América Latina, defender los territorios sigue siendo un riesgo constante. La criminalización, la estigmatización, la violencia directa y la fragmentación organizativa forman parte de un patrón que se repite en distintos países de la región. En este contexto, las mujeres indígenas defensoras enfrentan ataques diferenciados y violencias específicas que profundizan su exposición al riesgo, en escenarios donde la defensa territorial continúa siendo tratada como una amenaza y no como un derecho.
Frente a esta realidad, organizaciones indígenas de la región vienen fortaleciendo una agenda común que articula protección integral, producción de información desde los territorios e incidencia política regional, como respuesta colectiva a un contexto marcado por el avance del extractivismo y el debilitamiento de las garantías para quienes defienden la tierra y el territorio.
Este proceso fue impulsado por plataformas promovidas desde la ILC LAC, entre ellas la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y del Territorio, la Plataforma de Pueblos Indígenas y la Coalición Nacional por la Tierra en Bolivia (CNT Bolivia), con el acompañamiento de organizaciones aliadas. A lo largo de 2025, este espacio de articulación permitió el intercambio de experiencias, alertas y propuestas construidas desde los propios territorios.
Cuando la titulación no es suficiente
Una constatación de este proceso es que, incluso en territorios colectivos titulados, las amenazas persisten. La expansión de la minería —legal e ilegal—, los proyectos de infraestructura y otras actividades extractivas avanzan muchas veces con el respaldo explícito o implícito de los Estados, debilitando el control territorial y erosionando los tejidos comunitarios.
A ello se suman procesos sostenidos de criminalización y judicialización contra autoridades indígenas y liderazgos comunitarios, acompañados de narrativas instaladas desde hace décadas que siguen presentando a quienes defienden los territorios como “opositores al desarrollo”. Estas dinámicas afectan de manera particular a las mujeres indígenas, que enfrentan violencias múltiples por su rol político, territorial y comunitario.
Protegerse para seguir defendiendo
Desde este proceso regional se ha ido consolidando una idea compartida: la protección de personas defensoras no puede limitarse a respuestas reactivas frente a situaciones de emergencia. Pensar la protección integral implica anticiparse a los riesgos, comprender los contextos políticos y territoriales, y construir estrategias propias que aborden dimensiones individuales, organizativas y colectivas de la defensa.
En esa línea, se ha puesto énfasis en diferenciar seguridad y protección, reconocer amenazas y vulnerabilidades específicas, y fortalecer redes de confianza y articulación entre territorios. El objetivo no es únicamente reducir riesgos, sino sostener la capacidad de defensa territorial en el tiempo, evitando que el miedo, el aislamiento o la fragmentación impongan el silencio.
Datos desde los territorios: disputar quién produce la información
Otro eje central de este proceso es la disputa sobre quién produce y controla la información sobre los territorios. Frente a datos oficiales o generados por actores externos a las comunidades —que muchas veces invisibilizan conflictos, simplifican realidades o refuerzan estigmas—, las organizaciones indígenas vienen reafirmando la legitimidad de documentar desde las propias comunidades las agresiones, los impactos y las transformaciones que enfrentan.
Este énfasis no responde a una lógica técnica aislada, sino a una apuesta política: contar con información construida desde los territorios fortalece la defensa jurídica, la denuncia pública y la incidencia en espacios nacionales, regionales e internacionales.
En ese marco, el intercambio realizado en Bolivia se concibió como una antesala a las Escuelas de Datos que impulsa la ILC LAC en distintos países de la región, abriendo una reflexión compartida sobre el uso estratégico de la información para la incidencia y sobre el análisis de contexto como base para la construcción de planes colectivos de protección y seguridad.
De este modo, el trabajo iniciado en Bolivia se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento de la producción de información y de construcción de una narrativa propia desde los territorios y desde quienes los defienden.
Un encuentro en Bolivia como anclaje de una agenda regional
Uno de los momentos de articulación presencial de este proceso fue el Encuentro Regional de Defensoras y Defensores Indígenas de la Tierra y el Territorio, realizado en octubre de 2025 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El encuentro reunió a organizaciones indígenas de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, y permitió profundizar análisis compartidos y acordar mensajes políticos comunes.
Encuentro regional de personas defensoras de la tierra y el territorio en Bolivia
Memoria Encuentro Regional Defensoras/es Indígenas de la Tierra y el Territorio
Entre los resultados del encuentro se encuentra la elaboración de una Carta Abierta regional, dirigida a Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil, en la que las organizaciones denunciaron el avance del extractivismo, exigieron garantías efectivas para la protección de personas defensoras y reivindicaron la justicia indígena, los derechos colectivos y el liderazgo de las mujeres indígenas.
De las reflexiones a la incidencia: una ruta política hacia 2026
Uno de los principales resultados de este proceso es la construcción de una ruta de incidencia regional que conecta la defensa territorial con agendas internacionales estratégicas, como el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú y su Plan de Acción sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, así como la preparación de posicionamientos de cara a la COP4 del Acuerdo de Escazú prevista para 2026.
De cara a este escenario, el desafío para la ILC LAC y sus plataformas es sostener la articulación regional, fortalecer los espacios de protección y formación, y acompañar a las organizaciones indígenas en la traducción de sus demandas territoriales en propuestas políticas concretas, reafirmando que la defensa de los territorios no es una amenaza al desarrollo, sino una condición para la vida, la justicia y la democracia.
En ese mismo marco, organizaciones miembros de la ILC LAC articuladas en la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio impulsarán en abril de 2026 el Monitor de Personas Defensoras Ambientales, como una herramienta regional para fortalecer la rendición de cuentas bajo el Acuerdo de Escazú y aportar a la mejora de las políticas nacionales de protección.