Frente a siglos de exclusión, los/as pobladores/as indígenas y campesinos/as de Guatemala resisten y luchan por ser reconocidos como ciudadanos del Estado. En distintos momentos de la historia del país, esta ha sido la población más vulnerada. Primero por el impacto de la invasión española, que impuso un nuevo orden y significó la muerte de miles de indígenas. Después, durante la instauración de una república, que consolidó una estructura agraria injusta diseñada para despojarlos de sus tierras originarias y convertirlos en jornaleros dentro de las fincas de terratenientes. Y finalmente, por el estallido del conflicto armado interno que supuso el exterminio de cientos de miles de indígenas guatemaltecos y para otros tantos la expulsión definitiva de sus territorios.
Luego de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin al conflicto armado interno, se abre una nueva etapa para el país. En América Latina, la década del noventa se caracterizó por los ajustes estructurales impuestos por los organismos financieros internacionales y la puesta en marcha del modelo económico neoliberal. Ello implicó la implementación de políticas que buscaban la reducción del rol regulador y garante del Estado, dándole al mercado el poder de decidir sobre el rumbo de los países. Si bien los Acuerdos de Paz debían implicar una serie de medidas para hacer justicia con las poblaciones más afectadas, en la práctica su implementación chocaría con una legislación nacional hecha a la medida de la inversión privada y volvería a dejar de lado a la población indígena y campesina.
Experiencias comunitarias de defensa de la tierra y los territorios. Síntesis y balance de experiencias.
En ese contexto se inició un nuevo ciclo de conflictos. La demanda por minerales metálicos y agrocombustible significó una nueva presión sobre la tierra y la presencia de nuevos actores en el campo. A ello se sumó el incremento de los proyectos hidroeléctricos que ya habían empezado a ejecutarse durante el conflicto armado interno con nefastos resultados para las comunidades. Todo ello confluyó en un país cuyo Estado no había dado solución al problema de la tierra, y cuya presencia en las zonas rurales continuaba siendo precaria e ineficiente para garantizar los derechos humanos de indígenas y campesinos. En este marco, el Estado de Guatemala se convertiría en aliado del sector empresarial y buscaría, aún por encima de la vida de los campesinos e indígenas, garantizar la continuidad de los proyectos de inversión.
Esta cartilla muestra distintos casos de resistencias comunitarias en las que campesinos e indígenas se han enfrentado ya sea al Estado, a empresas o a otros actores privados para defender sus derechos, poniendo en riesgo incluso su propia vida. La agencia comunitaria que se evidencia en estos casos demuestra lo potente que sigue siendo la organización como estrategia para hacer frente a actores con mayor poder político y económico. Aun cuando las luchas emprendidas por las comunidades han tenido resultados distintos, con mayor o menor éxito en sus propósitos, en todos los casos la resistencia comunitaria ha logrado fortalecer en los indígenas y campesinos guatemaltecos su conciencia de ciudadanos sujetos de derechos.