Pandemia COVID-19 no da tregua a la violencia contra defensores de la tierra

Desde que en marzo se empezaron a implementar las medidas de cuarentena –entre otras– en numerosos países de América Latina para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, la lista de defensoras y defensores de la tierra que están siendo amenazados, agredidos o asesinados no para de crecer.

Las personas defensoras de la tierra integrantes de comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, además de defender los derechos de estos colectivos encargados de la pequeña agricultura –la cual produce el 80% de los alimentos que se consumen en el mundo–, lideran múltiples luchas por la preservación del planeta y los bienes comunes. Su labor a la hora de proteger la tierra y otros recursos naturales las convierte en blanco de constantes ataques que minan su rol y ponen en riesgo su vida.

El confinamiento supone para estos defensores una doble preocupación, ya que a los desafíos de atender la emergencia sanitaria, se suma que deben sobrevivir a la violencia.

Mientras que desplazarse puede ponerlos en riesgo de infección, permanecer en un mismo lugar les hace fácilmente identificables y vulnerables frente a posibles agresores.

Con la mirada de los gobiernos centrada en la pandemia, el peligro se incrementa en las zonas rurales, pues no se presta mayor atención a lo que pueda suceder en estos territorios. En varios países, la ya insuficiente protección estatal de los defensores y defensoras ha disminuido considerablemente, exponiéndose aún más su vida, a pesar de que las medidas contra la expansión de la COVID-19 no deben ser una carta blanca para desatender a estos actores.

Además, se debe considerar que la crisis sanitaria tiene efectos diferenciados para las poblaciones rurales que han sido históricamente excluidas, pues no pueden seguir las recomendaciones básicas para afrontar la pandemia al no contar con acceso a servicios básicos de agua y salud.

El rol de los defensores en el cuidado del planeta y en la lucha contra futuras pandemias

Distintos estudios afirman que las pandemias como la COVID-19 están relacionadas con la presión excesiva de la actividad humana sobre la naturaleza, ya que la expansión sin precedentes de las actividades extractivas –como la minería y la extracción de hidrocarburos–, la agricultura a gran escala y los monocultivos, así como la deforestación están provocando graves daños a los ecosistemas.

A pesar de la crisis sanitaria, los gobiernos de varios países de la región no han restringido las operaciones de las empresas extractivas y agroexportadoras, lo cual es preocupante hoy más que nunca que se necesitan mayores esfuerzos ante la crisis global ambiental.

En este escenario, el rol de las y los defensores de la tierra y otros recursos naturales se vuelve aún más importante y estratégico, dado que están en la primera línea en la defensa del medioambiente –a través de la movilización social, la incidencia política o el activismo– y son la voz de alarma ante proyectos que atentan contra el planeta.

Hoy más que nunca urge reconocer el papel de estos defensores y establecer marcos y medidas eficaces para su protección, como el Acuerdo de Escazú, cuya ratificación para su puesta en marcha se ha ralentizado en más de 10 países de la región por el contexto de la pandemia.

Perpetuando la violencia contra las personas defensoras en época de pandemia

COLOMBIA

Tras la firma de los acuerdos de paz, la violencia en las zonas rurales de Colombia sigue siendo pan de cada día, perpetuándose en el periodo de la pandemia. El estado de emergencia y las medidas adoptadas como la cuarentena están teniendo múltiples impactos sobre las y los defensores y en sus comunidades.

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Foto: El Tiempo

Teodomiro Sotelo Anacona, Mario Chilhueso, Omar y Ernesto Guasiruma, Carlota Salinas y Marco Rivadeneira son algunos de los defensores/as pertenecientes a diversas organizaciones asesinados en las últimas semanas. A estas muertes se suman las diversas amenazas contra defensores y defensoras de DD.HH. como las dirigidas a integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas y del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba, presuntamente por parte de un grupo paramilitar.

Estos casos muestran cómo el confinamiento está siendo aprovechado por actores armados para continuar sus estrategias de control territorial: por ejemplo, líderes sociales han llamando la atención sobre el resurgimiento de grupos ilegales armadoen regiones como Montes de María.

Organizaciones sociales y de derechos humanos están denunciando los crímenes y las vulneraciones de DD.HH. de estos defensores, destacando la necesidad de contar con una política de protección efectiva para estos particularmente en el contexto actual. El CINEP/PPP, miembro de la ILC, está realizando esfuerzos para monitorear la situación de las y los líderes durante este periodo de pandemia, ofreciendo apoyos puntuales.

Otra preocupación está en las medidas impulsadas por el gobierno nacional que pueden conducir, en el marco de procesos de reactivación económica, al crecimiento de las actividades extractivas que se desarrollan en los territorios de las comunidades con la consecuente vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades.

Un ejemplo es que se promovió la realización de consultas previas virtuales con grupos étnicos en medio de la pandemia sobre obras y proyectos, una medida que desconoce su realidad –escaso acceso a internet, etc. – y limita de forma evidente su participación en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos a la tierra y el territorio. Aunque fue derogado esto por presión de las organizaciones sociales, las preocupaciones subsisten en términos de que se prioricen actividades vulneratorias de derechos.

Guatemala

La situación de las y los defensores de la tierra en Guatemala ha empeorado dramáticamente en los últimos años –tan solo en 2018 se quintuplicaron los asesinatos– en un contexto marcado históricamente por la conflictividad agraria.

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A pesar de la situación, el Estado no ha impulsado ninguna iniciativa para la protección de las y los defensores durante la crisis desatada por el coronavirus y, mientras tanto, la criminalización y otros tipos de agresiones persisten. Además, todos los casos de defensores criminalizados o que están encarcelados se han quedado paralizados, sin tener la oportunidad de una audiencia o juicio inmediato para solventar su situación. Organizaciones impulsoras de la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio (ENI Guatemala) se encuentran elaborando un mapeo sobre el impacto del coronavirus en las comunidades rurales, a la vez que trabajan en la denuncia de los casos de vulneración de derechos de defensores.

El gobierno de Alejandro Giammattei ha seguido favoreciendo a las grandes empresas y las actividades extractivas continúan operando en las comunidades pese a la tensión que esto genera. La situación de confinamiento hace que los defensores y defensoras no cuenten con garantías de seguridad si denuncian las violaciones de derechos que sufren sus comunidades por los impactos de estos proyectos.

Asimismo, preocupa que en estas semanas se cerraron instituciones como la Secretaría de la Paz (Sepaz) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), organismo vinculado al monitoreo de los conflictos agrarios.

Perú

El país andino también presenta una serie de conflictos socioambientales en donde las comunidades campesinas e indígenas se ven enfrentadas a grandes poderes económicos que frecuentemente operan con el beneplácito de actores estatales. La creciente presión sobre los recursos naturales ha generado que las y los defensores corran un gran riesgo a manos de empresas y redes delictivas, lo que ha sido denunciado recientemente por el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la ONU, Michael Forst tras su visita al país en febrero.

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Foto: Polemos

La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra (ENI Perú) y otras organizaciones, a través de la CNDDHH, han llamado la atención sobre algunas medidas adoptadas por el gobierno en el marco del estado de emergencia que podrían poner en peligro a las personas defensoras, además de ignorar la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas.

Un ejemplo es la Ley de protección policial, la cual podría dar paso a un uso indiscriminado de la fuerza y el control social de las personas defensoras. También podría generar exención de responsabilidad penal para los efectivos, lo que abriría espacios para la impunidad, y preocupa que la normativa contraviene estándares internacionales de derechos humanos.

Otra ley que ha generado preocupación es la que da lugar a un programa que permitiría la geolocalización de las personas. Este hecho sienta un precedente negativo y supone un riesgo para las y los defensores que, a través de una declaratoria de estado de emergencia, podrían ser vigilados por medio de la geolocalización. Las organizaciones de la sociedad civil del país se encuentran monitoreando las normas que se están emitiendo y denunciando las irregularidades.

De otro lado, también preocupa que las actividades mineras y petroleras no se han paralizado, a pesar de que las organizaciones indígenas exigen acciones urgentes para evitar la propagación del virus a través del ingreso y salida de trabajadores de las empresas con operaciones sobre los territorios de las comunidades en donde se producen muchos de los conflictos.


Texto elaborado con aportes de:

Javier Medina ( (CINEP/PPP -– Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia)

Leiria Vay (CODECA - Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio – Guatemala)

Alejandro Aguirre (CONGCOOP - Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio – Guatemala)

Miluska Carhuavilca ((Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra – Perú)